El Gobierno reformará el Código Penal para aclarar la colaboración con banda armada

La decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena del Supremo a la antigua cúpula de HB ha desvelado una falta de precisión en el Código Penal que el Gobierno subsanará con una reforma que tipifique con claridad el delito de colaboración con banda armada, según anunciaron ayer fuentes gubernamentales. También el PSOE presentará una proposición de ley para "completar la laguna jurídica" destapada por el alto tribunal, según anunció Teresa Fernández de la Vega. El Consejo General del Poder Judicial defiende, a su vez, la reforma del nuevo código por razones distintas.

El ministro portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, confirmó a media tarde de ayer la más que probable modificación del articulado del Código Penal, en vigor desde 1995, al señalar que "parece razonable" proponer una "reforma que se adapte a lo que se deriva de la propia sentencia", del Tribunal Constitucional. El Gobierno debatirá en la sesión del Consejo de Ministros de hoy, viernes, distintos criterios sobre dicha reforma, que se tramitará a través de una ley orgánica. El Ejecutivo concluye que, de la sentencia del alto tribunal, emitida el pasado martes, se deduce una "inconstitucionalidad" del artículo 174 bis a) del anterior Código Penal -aplicado por el Tribunal Supremo en la sentencia contra la anterior Mesa Nacional de Herri Batasuna por estar vigente cuando se produjeron los hechos delictivos- cuya redacción no difiere sustancialmente del artículo 576 del Código hoy vigente, de 1995, referentes ambos a la tipificación del delito de colaboración con banda armada por el que fueron condenados a siete años de prisión los 23 dirigentes de la anterior cúpula de la coalición independentista abertzale. Distinta gradación Según las mismas fuentes gubernamentales, la sentencia dictada el martes por el máximo intérprete de la Carta Magna "deja en el aire la tipificación del delito de colaboraciòn con banda armada" y, por tanto, el Ejecutivo cree "necesario definirlo de manera más clara". El Tribunal Constitucional estima en su sentencia que no puede castigarse de igual modo la emisión de un vídeo de la organización ETA en los espacios de propaganda electoral concedidos a HB que otras formas más directas de colaboración para la comisión de actos terroristas. Ni el anterior Código Penal ni el Código vigente subrayan esta distinción. En todos los casos, la pena estipulada es la misma: de cinco a diez años de prisión y multa de 18 a 24 meses. El Gobierno tratará, con su reforma, de tipificar con claridad los distintas figuras delictivas y sus penas correspondientes, según manifestaron ayer las fuentes gubernamentales consultadas. También el PSOE va a adoptar iniciativas a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y ex secretaria de Estado de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que su grupo presentará una próxima proposición de ley para "completar la laguna jurídica del Código Penal" que la sentencia del alto tribunal ha puesto al descubierto. Fernández de la Vega se resiste a hablar de "modificación" del Código Penal y prefiere utilizar el término "completar". A su juicio, basta con añadir un nuevo párrafo al citado artículo 576 en el que se fijen "penas menores" para delitos "menos relevantes de colaboración con banda armada", como sería precisamente el cometido por la dirección de HB al intentar emitir en sus espacios electorales el vídeo, en el que la organización terrorista explicaba la llamada "alternativa KAS". El artículo 576 del Código Penal señala: "Son actos de colaboración (con banda armada) la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas". Propuesta del CGPJ Esta modificación del Código Penal anunciada por el Gobierno coincide en el tiempo con la propuesta del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que decidió por unanimidad, la pasada semana, proponer al Congreso de los Diputados la reforma de dicho cuerpo legal. Según explicó el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, el máximo órgano de gobierno de los jueces advierte en su informe acerca de la excesiva tendencia a la "criminalización" en el Código Penal vigente. Varela precisó que existen demasiados artículos que tipifican como delitos conductas que, a su entender, no son sino meras infracciones administrativas. El informe del Consejo hacía una llamada a la estabilidad del Código Penal ya que, a su juicio, este tipo de normas deberían permanecer en el tiempo y no estar reformándose continuamente, como ha venido ocurriendo en el pasado reciente.