Aznar encarga a Justicia la reforma del Código Penal para adaptarlo al fallo del Constitucional

José María Aznar encargó ayer a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, el estudio de la reforma del Código Penal para ajustar el delito de colaboración terrorista a la sentencia del Tribunal Constitucional que, el martes pasado, anuló la condena del Supremo a la Mesa Nacional de HB por estimar que el artículo aplicado vulnera la Carta Magna. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, ensalzó ayer la decisión del Constitucional y ocultó el malestar del Ejecutivo por la excarcelación de la antigua cúpula de HB. "Ha sido una magnífica expresión de la tremenda superioridad del Estado de derecho", dijo Piqué.

El Consejo de Ministros dedicó una parte importante de su sesión de ayer a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la condena impuesta a la Mesa Nacional de Herri Batasuna por el Tribunal Supremo en diciembre de 1997. El portavoz del Gobierno confirmó, al final de la sesión, que Aznar había encargado a Mariscal el estudio para reformar el artículo del Código Penal, declarado inconstitucional por el fallo del alto tribunal.Piqué precisó que la reforma se limitará a distinguir los casos de colaboración con banda armada "de mayor a menor intensidad". Esto es, se sancionará de modo diferente y más suave un caso de propaganda electoral, como fue la difusión del vídeo de ETA por la Mesa Nacional de HB, de otras formas más directas de colaboración con banda armada.

Todo apunta a que la reforma mantendrá la pena prevista en el Código Penal -de cinco a diez años de prisión y multa de 18 a 24 meses- para las conductas más graves de colaboración con banda armada y establecerá, "en su caso", modificaciones a la baja para las conductas de intensidad menor.

Pese a la anulación de la condena a la anterior Mesa Nacional de la coalición independentista por el Tribunal Constitucional, si los dirigentes de la coalición reclaman una indemnización, el Gobierno la rechazará, aclaró ayer Piqué. "No nos parece que tengan derecho" porque "el Tribunal Constitucional, aunque ha admitido que la pena que el Tribunal Supremo les impuso era desproporcionada, también ha admitido que la dirección de HB incurrió en un delito grave".

El portavoz del Gobierno salió ayer con el encargo de respaldar la sentencia del Tribunal Constitucional y eludir públicamente el malestar real existente en el Gobierno por sus consecuencias políticas. Empezó por negar que la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, mucho más benévola que la del Tribunal Supremo, responda al diferente clima político. Cuando el Supremo condenó a la Mesa Nacional de HB a siete años, en diciembre de 1997, ETA estaba en plena campaña de asesinatos de concejales del PP, con la benevolencia de la dirección de la coalición.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional se produce cuando ETA lleva 13 meses sin matar y diez meses después de su declaración de tregua indefinida. "La sentencia no corresponde al nuevo escenario político en el País Vasco sino a la distinción de casos de banda armada, de mayor a menor intensidad, que la legislación no tenía en cuenta", dijo ayer el portavoz.

Piqué eludió una respuesta afirmativa cuando se le preguntó si había malestar en el Gobierno porque la justicia, uno de los instrumentos que ha contribuido al aislamiento de ETA y HB y, por ende, a la tregua indefinida de la banda, haya cuestionado la estrategia antiterrorista del Ejecutivo de mantener la presión sobre ETA y HB hasta lograr el cese definitivo de las armas.

El portavoz no entró en el pronunciamiento político de fondo y resaltó los aspectos de la sentencia que beneficiaban a la estrategia del Gobierno. Insistió en que la decisión del Constitucional deja claro que la conducta de la dirección de la coalición independentista era delictiva, "de plena colaboración con el terrorismo y con banda armada".

También resaltó que el fallo refleja que la actuación de la antigua cúpula de HB, al intentar emitir el vídeo propagandìstico de la organización terrorista, no estaba amparada en la libertad de expresión, como alegaban los abogados de la coalición, ya que "se trató de mensajes de ETA, intimidatorios y coactivos" y, en cuanto al vídeo "supuso amenazas tan creíbles como graves". También destacó que la sentencia niega "cualquier vulneración de derechos de naturaleza procesal de los ex dirigentes de Herri Barasuna".

Elecciones, en el 2000

El portavoz negó con firmeza que Aznar tenga intención de convocar anticipadamente las elecciones legislativas tras las vacaciones veraniegas. Respondía a informaciones, procedentes de medios gubernamentales que afirmaban que Aznar, ante la expectativa de unos buenos resultados del PSOE y flojos para el PP en las elecciones catalanas y andaluzas, que se celebrarán este otoño y que pueden repercutir en las elecciones legislativas, dudaba de anticipar estas últimas. Piqué lo negó y recordó que "el único elemento que podría anticipar las elecciones sería la pérdida de apoyo de los socios de CiU". Para zanjar dudas, señaló que "la negociación presupuestaria con CiU va bien". Fuentes de este último partido manifestaron ayer que no van a dar ninguna excusa para que Aznar adelante los comicios. "La próxima semana votaremos con el Gobierno la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Somos los primeros interesados en que Aznar mantenga su compromiso y no solape las elecciones generales con las catalanas, que se convocarán al regreso del verano", señalaron dichas fuentes.