El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Chávez

ENVIADO ESPECIALDesanimados, conscientes de su aislamiento tras el triunfo del presidente Hugo Chávez en las elecciones del domingo, y temiendo una disolución sin contemplaciones, los diputados venezolanos han arrojado la toalla. Los partidos de oposición, arrinconados en el Congreso, cedieron ante las presiones de los nuevos dueños políticos del país y ayer anunciaron que suspenden toda actividad legislativa y se marchan a sus casas, una "forma disimulada de cierre", según convienen los diputados consultados.

El desmantelamiento de las instituciones avanza a ojos vista y Chávez declaró que "las hordas adversarias andan casi desaparecidas". El presidente tiene prisa y cuatro fieles a Chávez, electos a la Asamblea Constituyente el pasado domingo, día de sepelio para los partidos tradicionales, se presentaron en el Congreso sin más legitimidad que la que les confiere su condición de caudillos políticos, pues todavía no habían recibido sus actas de proclamación, y exigieron de los diputados un receso legislativo.Fueron recibidos por los presidentes del Congreso y de la Cámara de Diputados y por los jefes de los grupos parlamentarios, de quienes lograron el acuerdo de la vergüenza, según los legisladores más insurrectos. "No se preocupen, van a seguir cobrando", les tranquilizó Luis Alfonso Dávila, presidente del Congreso y quintacolumnista de Chávez en el Legislativo, según una fuente presente en la reunión.

El diputado Agustín Berríos, del democristiano Copei, se muestra sublevado por la indignidad de los jefes parlamentarios, acobardados cuando antes fueron bravucones, y considera que el acuerdo para que los legisladores abdiquen de sus funciones hasta octubre, por lo menos, es un "acto de desvergüenza y de humillación". Esto sí, difícil de evitar después de que Chávez y los suyos lograsen el domingo pasado 120 de los 131 escaños de la nueva Asamblea Constituyente con una campaña en la que pidieron pasar a cuchillo a la clase política tradicional de Venezuela, empezando por el partido del diputado Berríos.

La Comisión Delegada del Congreso, formada por miembros de todos los partidos con representación parlamentaria, se encargará hasta octubre de mantener "una ficción de Parlamento", según la diputada socialdemócrata Paulina Gamos, pues entre sus funciones no se cuenta la de legislar y "nadie va a tener ahí el ánimo de fiscalizar al Gobierno". Indignada también por la decisión de sus jefes paralamentarios, Gamos reconoce a la fuerza que "la realidad es que Chávez tiene todo el poder en sus manos".

El primer objetivo

El presidente y los suyos consiguen así el primero de sus objetivos confesos, dejar fuera de juego al Congreso sin arriesgarse al descrédito internacional si las televisiones hubiesen mostrado a los diputados díscolos arrastrados de sus escaños. Mantener la Comisión Delegada en lugar de disolver el Congreso tiene la ventaja para el Gobierno de que puede emitir bonos y contratar préstamos, para lo que se necesita de la aprobación parlamentaria, puesto que la banca y varios organismos financieros internacionales ya habían advertido al Ministerio de Hacienda de que no estaban dispuestos a hacerlo si no se cubrían todos los requisitos legales.Muchos diputados temen que el Congreso ya no se vuelva a reunir en octubre y que la Constituyente tome la conducción política del país, a las órdenes de Chávez. Un jefe de fracción parlamentaria, de los que negociaron la retirada, defiende sin embargo que en octubre se volverá a reunir el Congreso y que para impedirlo, esta vez no bastará con las presiones. "Tendrán que recurrir a la fuerza", dice. El siguiente objetivo de la revolución de Chávez, el Tribunal Supremo, tendrá que esperar hasta la instalación de la Asamblea Constituyente, prevista para el próximo martes, puesto que los magistrados, por formación, se muestran menos dispuestos a negociar una salida política al estilo de los diputados, y la presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, volvió a advertir ayer de que no está dispuesta a "poner su cargo a la orden", esto es, dimitir.

Los constituyentes electos, no obstante, planean decretar una "emergencia judicial", y fundar un "comité judicial" que se encargaría de administrar la justicia tras asumir las funciones del Tribunal Supremo.