Los inspectores de Núñez y Navarro "tuvieron una relación comercial" con la empresa constructora

El informe de la auditoría interna de la Agencia Tributaria ha detectado varias presuntas irregularidades en las inspecciones a las empresas del grupo constructor Núñez y Navarro, propiedad del presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez. Los inspectores encargados fueron Roger Bergua y Manuel Abella. Ambos compraron sus respectivos domicilios a sociedades de Núñez y Navarro. Abella lo hizo en octubre de 1994, dos pisos en la calle Balmes de Barcelona, por un precio total de 81,4 millones de pesetas, tasados a efectos del crédito hipotecario en 150 millones. Mientras se producía la compra, empresas del grupo constructor estaban siendo inspeccionadas por Abella. En el caso de Bergua, la compra del piso en la calle del Doctor Roux de Barcelona se produjo en enero de 1993 por 29 millones de pesetas. Bergua pagó 14 millones en efectivo, y los 15 restantes se abonaron a razón de cinco millones anuales en 1994, 1995 y 1996. Esto lleva a la conclusión de que "tanto Abella como Bergua tuvieron una relación comercial con empresas del Grupo Núñez y Navarro por la adquisición de inmuebles". Por este motivo, el informe considera que "estas circunstancias podrían haber determinado la abstención de los citados inpector e inspector adjunto en la realización de comprobaciones y en el visado de las actas". El informe menciona, como "elementos de riesgo" de estas inspecciones, el "reducido tiempo de tramitación", la "escasa documentación existente en los expedientes que sirva de base para calificar el carácter y la profundidad de las comprobaciones realizadas", y que "los resultados globales de las comprobaciones realizadas son reducidos". Según el documento, de las 50 actas realizadas por Roger Bergua, antes de ser adjunto a Huguet, Hacienda no recaudó ni una sola peseta, pues todas fueron de "comprobado y conforme". En el caso de Abella, de las 215 actas, el resultado fue de 7,77 millones de pesetas. Entre Abella y Bergua, concentran 265 actas de las 274 realizadas a empresas de ese grupo constructor durante los casi ocho años sometidos a investigación. "Sólo dos actas han sido incoadas por otros tantos actuarios de la Inspección Regional de Cataluña", concluye el informe.