El Ayuntamiento quiere levantar el tercer campamento rumano en San Roque

El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto a la Comunidad y a la delegación del Gobierno levantar un tercer campamento rumano en el mismo camino de San Roque (Fuencarral) donde permanecen 200 inmigrantes, en lugar de utilizar el asentamiento ya construido en el camino del Espinillo (Vicálvaro), que ha generado el rechazo vecinal. Así lo manifestó ayer el concejal de Servicios Sociales en funciones, Simón Viñals, del PP. "San Roque queda cerca de la parada de un autobús que enlaza con la plaza de Castilla; sin embargo, el Espinillo está más aislado", explicó el edil.

La asociación de vecinos de Vicálvaro considera que en este distrito ya existen "demasiados problemas de marginación" como para asumir uno de los campamentos rumanos. "Es verdad que en el Espinillo están ya instalados los prefabricados con duchas, letrinas y cocinas, pero montarlos en San Roque será cosa de días", añadió Viñals.El inconveniente del solar de San Roque es que está cruzado por torretas de alta tensión. Pero, según el edil, este problema puede subsanarse cubriendo la base de las torres para impedir que algún rumano pueda subirse a ellas y sufrir un percance. En este tercer campamento previsto se alojaría sólo a una parte de los 200 inmigrantes que quedan en San Roque: aquellos que, estando incluidos en el censo de familias a realojar, han regresado a Madrid tras pasar una semana en la costa vendiendo la revista para indigentes La farola (su principal sustento). Quedan, por tanto, fuera de los planes oficiales los rumanos recién llegados a Madrid atraídos por el programa social en campamentos.

El Ayuntamiento consideró el miércoles que un centenar de los inmigrantes de San Roque estaban censados, y el resto, no. Pero son Cruz Roja y la Comisión Católica de Migración, que conocen a las familias, quienes deben determinar si es así.

Las dos ONG prefieren que los nuevos realojamientos se realicen en un tercer campamento, para no incrementar el número de familias que ahora viven en los dos que ya existen: 15 en el de la Cañada de los Canteros (Vallecas Villa) y 11 en el de la Ciudad Escolar (Fuencarral). Consideran que para su labor de apoyo social es mejor trabajar con pequeños grupos.

Hace un mes, las instituciones proyectaron levantar cuatro campamentos de tiendas de campaña para realojar a 355 gitanos rumanos que expulsaron el 8 de julio del poblado de Malmea (Fuencarral). El Consistorio aportaba los solares, y la Comunidad se encargaba de la construcción, que costaba 12 millones de pesetas por núcleo.

Pero a comienzos de agosto, con la marcha de 270 inmigrantes a la costa, las instituciones decidieron mantener sólo dos de los campamentos previstos para realojar a los únicos 85 rumanos que quedaban, el de Vallecas y el de la Ciudad Escolar. Se paralizaron las obras del asentamiento de Vicálvaro, casi acabado, y se optó por no empezar las de San Roque.

La decisión institucional fue tajante: no se realojaría a las familias que se habían marchado a la costa aunque volviesen. Cruz Roja argumentaba que los desaparecidos sabían que no podían ausentarse más de tres días si querían entrar al programa de atención social.

La situación cambió de nuevo el pasado fin de semana, al retornar parte de las familias que emigraron a la costa. Con ellas llegaron otras que nunca habían vivido en Madrid. Viñals, a título personal, considera que con estas últimas sólo cabe "la aplicación de la ley de extranjería, como con cualquier inmigrante irregular".

La portavoz del PSOE-Progresistas, Cristina Narbona, indicó ayer que su grupo es partidario de que se pongan en marcha los cuatro campamentos previstos, y no sólo tres, para atender también a las familias que no están incluidas en el censo, según Europa Press. Los inmigrantes realojados en campamentos de tiendas de campaña con cocinas, baños y guardería comunes vivirán en ellos durante tres meses. En ese tiempo recibirán apoyo social de Cruz Roja y de la Comisión Católica, que les impartirán clases de castellano y de formación laboral con fondos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Pasado ese plazo, las instituciones evaluarán las posibilidades de integración de cada familia para decidir si se quedan en España "por razones humanitarias" (ahora carecen de permiso de residencia) o si son repatriados. Para vivir en los campamentos, los inmigrantes deben comprometerse a participar en los programas de apoyo social, a cuidar las instalaciones, a no ausentarse de ellas más de tres días y a escolarizar a sus hijos y dejar de mendigar con ellos.