La operación más oscura de la OTAN

El 27 de junio de 1980, un DC-9 de la compañía Itavía que cubría la línea Bolonia-Palermo se precipitó al mar en las proximidades de la isla de Ustica con 81 personas a bordo. No hubo supervivientes. Diecinueve años después, el juez romano Rosario Priore, que ha dirigido la investigación desde 1990, viene a demostrar en un largo y documentado informe que los 81 ocupantes del DC-9 italiano fueron las víctimas propiciatorias de una "acción de guerra" no declarada. Pese a todas las negativas oficiales, tanto de las autoridades militares italianas como de los países aliados (Estados Unidos, Francia y el Reino Unido tenían, al parecer, aviones en la zona), pese a todas las pruebas extraviadas, los falsos testimonios, los intentos de confundir a la justicia de los que Priore acusa a los Servicios Secretos del Aire italianos, la verdad sobre Ustica se abre camino. Los hechos siguen sin ser totalmente claros, pero se perfilan con suficiente nitidez. Aquella noche serena y estrellada del 27 de junio de hace 19 años, cuando el avión de la compañía Itavia volaba sobre Ustica, al filo de las nueve, se vio envuelto en una verdadera batalla aérea en la que estuvieron implicados no menos de tres aviones de la OTAN y, presumiblemente, un Mig-23 libio. Examinados los testimonios, leídas las tabulaciones de los radares -gracias a la inestimable ayuda de la OTAN, que ha facilitado los códigos secretos-, y sopesadas las declaraciones de nuevos testigos -el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mario Arpino, entre otros-, se puede establecer que junto al DC-9 que cubría el trayecto Bolonia-Palermo volaban al menos dos F-111 y hasta un Awacs (el avión radar norteamericano capaz de guiar a los otros aviones militares), además del caza libio. Uno de los aparatos iba pegado al DC-9, intentando escapar a los radares, y la presencia de los otros aviones militares le obligó a aproximarse todavía más. De ahí que la caída del avión civil "pudo producirse más que por el impacto de un misil, por la colisión con uno de los aviones militares cuya identidad no sabremos jamás", escribe Priore en su larga exposición de los hechos. Lo cierto, sin embargo, es que los restos de un avión libio fueron localizados en las montañas de Calabria, no muy lejos de Ustica, ese mismo 27 de junio, y no el 18 de julio como se empeñaron en declarar los mandos militares en su día. Mario Arpino, que en 1980 estaba al frente del Estado Mayor del Aire, admitió el año pasado ante la Comisión Antiterrorista del Parlamento que los mandos militares mintieron sobre la fecha en la que fue localizado el Mig-23.

Una hipótesis que se insinúa en el documento judicial es la de que el caza libio fuera escoltando a otro avión en el que viajaba rumbo a Malta el líder libio Muammar el Gaddafi. Sea como fuere, las víctimas seguras de la acción militar fueron los 81 ocupantes italianos del DC-9. Pese a ello, un muro de omertà (el silencio mafioso) se levantó de inmediato en torno a lo ocurrido. Las razones de esta reserva las ofreció en cierto modo Arpino en su declaración. El presidente de la Comisión Antiterrorista, Giovanni Pellegrino, ha contado en síntesis cómo Arpino justificó el silencio y las omisiones de los militares en 1980 en base a una posición atlantista. "Para ellos, un tercio del Parlamento italiano (entre miembros del PCI y de la izquierda en general) era representante de un área enemiga, y actuaban en consecuencia".

El primer resultado de la investigación judicial es que cuatro generales italianos (Lamberto Bartolucci, Zano Tascio, Corrado Melillo y Franco Ferri), que ocupaban la cúpula del Ejército del Aire en aquellas fechas, tendrán que responder ante los tribunales de la acusación de atentado contra los órganos constitucionales con el agravante de alta traición, y otros cinco militares de los diferentes servicios secretos, de la de falso testimonio. De momento, Priore no ha tirado del hilo político que liga este oscuro episodio al ministro de la Defensa de entonces, Lelio Lagorio y, sobre todo, al jefe del Gobierno democristiano, nada menos que Francesco Cossiga, que sería elegido años después presidente de la República. En cuanto a los culpables, el juez manifiesta sus dudas de que puedan ser descubiertos algún día.

Durante 19 años, el accidente de Ustica ha planeado sobre Italia como un fantasma de los años oscuros. Uno de esos terribles episodios repleto de misterios como el secuestro y asesinato del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro, ocurrido apenas dos años antes. También el caso Ustica ha tenido un tormentoso recorrido penal, con dos investigaciones diferentes, hipótesis de bombas terroristas, misiles y atentados. Durante todo ese tiempo, Italia ha sido un hervidero de rumores sobre las verdaderas causas del siniestro, una tragedia presentada por los expertos oficiales como un anodino caso de accidente debido a fallos estructurales del aparato.

Para Aldo Davanzali, presidente de Itavia, la primera compañía en desafiar el monopolio de Alitalia, las cosas estuvieron claras desde el principio. En diciembre de 1980, Davanzali avanzó la hipótesis de que el avión podía haber sido abatido por un misil. Una afirmación inconveniente que le echó encima la justicia. La compañía fue obligada a cerrar acusada de ineficiencia y fallos en el mantenimiento de las aeronaves, con las consiguientes consecuencias de despidos y quiebra. Davanzali, hoy un anciano de 76 años, como los familiares de las 81 víctimas, no se ha cansado de clamar en el desierto sin culpables de las tragedias italianas. Pero lo que hasta ahora eran sólo hipótesis calenturientas, en el informe del juez Priore se convierten en tesis avaladas por nuevos datos y testimonios.