La Generalitat señala que ayuda a la inmigración sin estar obligada por ley

VIENE DE LA PÁGINA 1 La presidenta de la FCIC (Federación de Colectivos de Inmigrantes de Cataluña), Irene Yamba, dice no entender bien el informe del Departamento de Bienestar Social: "Ponen las cifras sin explicar gran cosa sobre ellas. Yo dudo de la veracidad de toda esta información porque aquí hay mucho dinero mezclado". A Yamba le preocupa sobre todo que el Gobierno de la Generalitat transmita a la sociedad catalana una imagen equivocada de lo que se destina a integrar a los colectivos de inmigrantes. "Se crea la sensación de que recibimos muchas ayudas, y esto nos puede crear conflictos con ciertas personas", señala. Escuelas Marisa Fernández, de UGT, todo y que estima necesario el plan, entiende que hay cuestiones que no deberían contabilizarse, como por ejemplo el dinero gastado en la escolarización de alumnos extranjeros en el sector público -es la partida más importante del plan, con 17.489 millones- o lo que se destina a atención sanitaria. Según Fernández, "los inmigrantes son mayoritariamente personas con la residencia regularizada que paga sus cuotas de la Seguridad Social y sus impuestos, por lo que tienen derechos como cualquier otro ciudadano". Miguel Pajares, de CITE-CC OO, añade que "los datos realmente válidos demuestran que la Generalitat no ha hecho una apuesta seria por la integración social de los inmigrantes". Uno de los ejemplos que apuntan en esta dirección es, según las entidades, el escaso apoyo en vivienda. De los 42.335 millones del plan de la Generalitat, sólo hay 58 millones, en seis años, destinados a ayudas sociales para el alquiler de una vivienda. Albert Boada, presidente delegado de la Comisión Interdepartamental de Inmigración y jefe del Gabinete de Bienestar Social, no entiende las críticas de las entidades: "Forman parte del Consejo Asesor de la Inmigración y nunca se habían quejado", manifestó. Boada asegura que el informe se viene haciendo cada año y que las cifras que se contabilizan, lo único que demuestran es "la igualdad en el acceso a los servicios y ayudas públicas". Sobre las acusaciones de inflar el informe económico sobre la inmigración en Cataluña, Albert Boada es tajante: "Si no existieran inmigrantes podríamos destinar este dinero a otras personas de aquí". El presidente delegado de la Comisión de Inmigración de la Generalitat señala que la ley sólo cubre los derechos a los ciudadanos españoles y que la contribución económica del Gobierno de la Generalitat, sin ser obligada, va destinada a que los inmigrantes "no se queden en el furgón de cola". Las organizaciones sociales sí defienden algunas actuaciones de los departamentos de Trabajo y Bienestar Social: los 600 millones destinados a cursos de formación ocupacional y la política abierta en la concesión del PIRMI, las ayudas sociales directas para rentas mínimas de inserción, gasto que ha ascendido a 1.113 millones, de los cuales cerca del 50% se destinó en 1998 a 761 familias inmigrantes. Nuevo reproche Otro reproche que hacen las entidades es la escasa operatividad del Consejo Asesor de la Inmigración. La Federación de Colectivos de Inmigrantes de Cataluña reclama más presencia de inmigrantes en el consejo, mientras que CITE-CC OO cree que este foro social no debería estar dirigido por Bienestar Social, sino por alguna persona de prestigio y políticamente independiente. El consejero Antoni Comas sólo ha asistido a dos reuniones de este consejo.