El PP saca adelante la Ley de Aguas sin concesiones a la oposición

Con apenas unas leves concesiones limitadas a referencias territoriales propuestas por los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y el PNV, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Aguas que se tramita por el procedimiento de urgencia. El proyecto autoriza la compraventa, prevé la creación de bancos de agua y obliga a instalar contadores en los regadíos.

Los retoques que ayer fueron aprobados por la mayoría parlamentaria del PP y los nacionalistas recogen precisiones sobre las competencias autonómicas en la gestión del agua y pequeñas enmiendas, una de las cuales se discutirá en el pleno del Congreso de la semana próxima por iniciativa de CiU. Ninguna enmienda sustancial del PSOE, IU y el resto de los grupos recibió el apoyo de la comisión.La enmienda aceptada de CiU modifica el artículo 105 de la Ley de Aguas promovida por el PSOE (1985), y permitirá que los residentes en aquellas comunidades (caso de la catalana) donde ya pagan un impuesto local para el tratamiento de los vertidos a los ríos puedan beneficiarse de reducciones en función del valor de ese impuesto y el del canon de vertidos que aplica la Administración central.

"La acción de los dos tributos, una vez practicada la reducción, no podrá superar el importe del canon autonómico de importe superior", dice la enmienda de CiU que saldrá aprobada en el pleno del Congreso. "Lo hacemos para evitar una doble imposición en las cuencas intercomunitarias", decía el diputado de Tarragona, Salvador Sedó, como justificación.

Otra de las enmiendas aprobadas por iniciativa de CiU viene a legalizar una práctica extendida en el Delta del Ebro, que es el reconocimiento de la facultad de la Generalitat de Cataluña para hacer obras que permitan mejorar el aprovechamiento del agua en un área donde es competente la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estas obras consisten en el tendido de conducciones para llevar el agua que les sobra a los regantes del Delta para su uso en abastecimientos urbanos donde es escasa.

El cuerpo del proyecto de ley se mantiene prácticamente tal como lo aprobó el Gobierno. Se autoriza la compraventa de agua, aunque eufemísticamente no se reconozca como tal. "Los concesionarios de derechos de agua podrán ceder con carácter temporal (no dice por cuánto tiempo) a otro concesionario de igual o mayor rango, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de agua que le correspondan". "La cesión podrá llevar una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre los contratantes", dice literalmente el artículo 56 bis aprobado por la Comisión de Medio Ambiente.

El nuevo marco jurídico del agua permitirá la posibilidad de constituir bancos para el intercambio de este recurso, tal como se crearon en California en épocas de sequía (los agricultores se lo vendían a las ciudades a un precio establecido por la administración del agua) y otorga al Ministerio de Medio Ambiente la facultad de modificar con carácter excepcional el orden establecido sobre preferencia de usos (abastecimientos en primer lugar, seguidos de los regadíos y la industria). La reforma incluye la regulación de actividades novedosas en el sector del agua, como la desalación y la reutilización de agua usada, la obligación de instalar contadores para medir el consumo de agua en regadíos y la posibilidad de que las obras hidráulicas puedan ser acometidas por la iniciativa privada, como en las carreteras y los ferrocarriles.