La fiscalía culpa a Pinochet de los "delitos más graves que jamás conoció un tribunal inglés"

El abogado Alun Jones, que representa a la Fiscalía de la Corona y al juez Baltasar Garzón, instó ayer a Ronald Bartle, magistrado a cargo del juicio de extradición del ex general Augusto Pinochet, a dar curso a la extradición del ex dictador a España por los actos de tortura -36, a partir del 8 de diciembre de 1988-, "porque estos actos realizados por un funcionario público en cualquier lugar del mundo constituyen un delito para la ley de Reino Unido". Jones dijo que los casos presentados representan "las acusaciones más graves que jamás ha llegado a conocer un tribunal inglés".

Pinochet, que permaneció en su casa de Virginia Water (Surrey), pues cuenta desde junio con un permiso judicial para no asistir a las deliberaciones, estuvo representado por su abogado, Clive Nicholls. Éste, nada más comenzar la sesión en el tribunal penal de Bow Street, a las 10.30 (11.30 hora peninsular española), planteó en el turno de palabra de la acusación (la Fiscalía de la Corona) dos cuestiones que, a su entender, debían ser resueltas con carácter previo.La primera se refería a la lista de casos presentados por el juez Garzón (36 casos de tortura). Sostiene Nicholls que, según los jueces lores, solo existía un caso de tortura y un cargo de conspiración. Por ello, el tribunal debía limitarse a ellos. En la segunda, Nicholls aseguró que había una doble cuestión que resolver: la inmunidad y la jurisdicción. Según su criterio, España carece de jurisdicción sobre el delito de tortura. Nicholls anticipó que presentará, en la sesión de hoy, a Pinochet como un perseguido político.

Alun Jones, uno de los principales especialistas de extradición en el Reino Unido y autor de la biblia sobre la materia, contratacó asegurando que Nicholls deslizaba "subrepticiamente" las cuestiones del procedimiento y que tocaba a la Fiscalía de la Corona dar sus argumentos.

Resolución del magistrado

Mientras escuchaba la disputa con atención, el magistrado Ronald Bartle, un hombre de modos amables, escribía en un folio de papel. Cuando Jones terminó, Bartle se dirigió a la sala. Era su resolución sobre los asuntos planteados: "Resolveré estos puntos que plantea el señor Nicholls en mi sentencia". Y a continuación dio la palabra a Jones para que comenzara su presentación.

Jones -enfundado en un más que clásico traje inglés: azul de rayas tiza blancas-, apoyó su mano derecha sobre el estrado, se caló las gafas de lectura y comenzó su exposición, acompándola, en cada énfasis, con gestos de su mano derecha. Según Jones, los jueces lores ya han resuelto los asuntos relacionados con la inmunidad y la jurisdicción en su fallo del 24 de marzo pasado.

"Este ha sido un caso tan especial que no se trata ahora de volver a discutir todo otra vez. Su función" -dijo, mirándo fijamente al magistrado, que le observaba- "se limita a discernir si los delitos que presentamos [conspiración para tortura y tortura] son delitos de extradición, esto es, si son castigados con un mínimo de un año de cárcel en el Reino Unido y en España", explicó.

El letrado narró suscintamente la mecánica del procedimiento de extradición en el Reino Unido y explicó que el juicio que se celebra en Bow Street no busca determinar si Pinochet es culpable o no de los delitos por los que se le acusa. "Lo único que tenemos que hacer es asegurar aquí que es acusado de estos delitos de tortura y conspiración para tortura en España", añadió. El letrado solicitó que se leyera una parte del auto de procesamiento de Pinochet, dictado por el juez Garzón el 10 de diciembre de 1998, y partes de otros autos, presentados como una unidad, en los que se describen 36 casos de tortura a partir de 8 de diciembre de 1988, fecha en la que Pinochet perdió, según los lores, su inmunidad soberana. Jones, adelantó antes de la lectura, las técnicas utilizadas por la polícia secreta de Pinochet, la Dirección Inteligencia Nacional (Dina): aplicación de corriente eléctrica en las váginas de las mujeres o introducción de tubos de acero en el ano de los varones.

Una de las secretarias adjuntas de juzgado, Liz Franey, procedió a la lectura, durante 12 minutos exactos. Con un esfuerzo más que evidente para controlar la inflexión de su voz, Franey leyó el nombre de las víctimas y los detalles de la tortura y la suerte de cada uno de los 36 casos. Los choques eléctricos, el método de colgar a las víctimas por sus brazos durante días, el interrogatorio de los detenidos haciéndolos desnudar previamente. La voz de la oficial se convirtió, de hecho, en una narración de los horrores y atrocidades cometidos durante la dictadura militar chilena, simbolizada en 36 casos con nombres y apellidos.

Detalles de los daños

Cuando Franey terminó su lectura, el ambiente de la sala lucía tenso. En cierto modo, los detalles de los daños infingidos fue un contrapunto de las noticias sobre los problemas de salud de Pinochet.

Jones concluyó con la lectura de algunas cartas dirigidas en mayo por familiares de detenidos-desaparecidos - estos son considerados también por el abogado como casos de tortura y de conspiración al no haber aparecido nunca los cuerpos de los secuestrados- al ministro del Interior, Jack Straw.

El abogado Nicholls, por Pinochet, presentará hoy dos declaraciones juradas de expertos independientes -dos catedráticos españoles de Derecho Penal- sobre la jurisdicción de España. Ese el momento en el que la defensa del ex dictador presentará el caso como objeto de una persecución política. Los dos catedráticos han decidido a última hora no acudir al juicio, como es preceptivo, para ratificar sus informes, realizando una comparencia notarial en Madrid. La vista para la extradición de Pinochet podría concluir mañana y el jueves, uno o dos días antes de lo previsto. El magistrado podría anunciar su sentencia dos semanas después.

Las noticias publicadas sobre las relaciones entre el magistrado Bartle, a cargo del juicio, con un club patriótico conservador del que es vicepresidenta la baronesa Margaret Thatcher, ardiente defensora de Pinochet, no llevaron a ningún planteamiento por parte de la fiscalía. Fuentes consultadas están tan seguras de que la decisión final será favorable a la extradición que descartaron utilizar el argumento de la incompatibilidad, al menos en esta fase.