La nueva ley de datos crea un censo para quienes deseen recibir publicidad

La Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobada ayer por el pleno del Congreso con los votos favorables de PP, CiU e IU, crea un Censo Promocional, integrado por los ciudadanos que desean recibir publicidad. La nueva ley, que deroga a la vigente, de 1992, recurrida ante el Tribunal Constitucional, suscitó las críticas del PSOE y Nueva Izquierda (NI), que acusaron al PP de querer burlar la futura sentencia.

La futura ley encomienda al Instituto Nacional de Estadística la elaboración de dicho censo, a partir del censo electoral,que será actualizado trimestralmente y que podrá ser adquirido por las empresas de publicidad y marketing con una vigencia de un año.El socialista Carlos Navarrete criticó esta medida y consideró que es una forma de "poner el censo electoral a disposición de los negocios en nombre del tráfico mercantil". El portavoz de NI, Diego López Garrido, estimó que el censo promocional es "una derogación implícita" del artículo de la Ley Electoral que prohíbe la cesión del censo electoral, y anunció que, en cambio, de prosperar la ley, se facilitará "casi gratuitamente" a las empresas.

Otra novedad de la ley es la gratuidad del acceso de cada ciudadano a la información personal que aparece registrada en los ficheros automatizados, así como la obligación de sus propietarios de tenerlo actualizado de acuerdo con "la situación real" del interesado. El plazo de actualización será de tres años para los ficheros automatizados y de 12 años para los manuales.

Los cuestionarios que los ciudadanos utilizarán para recabar información tendrán que incluir obligatoriamente la finalidad a la que se dedican los datos personales, de forma que no se podrán emplear para otra distinta ni ceder a terceros sin el consentimiento "inequívoco" del interesado. En todo caso, el ciudadano podrá ejercitar el derecho a reclamar que le saquen del fichero.

Ficheros sin garantías

Las garantías respecto a los ficheros privados se excluyen para los que se destinen a un interés público superior, como los archivos sanitarios, los del Registro Civil o los relacionados con la seguridad. La nueva ley reproduce en este sentido varios de los artículos de la vigente Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD), en estos momentos recurridos ante el Tribunal Constitucional y pendientes de sentencia.NI y PSOE denunciaron la estrategia legislativa del PP, que a través de una nueva ley pretende eludir la posible declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos -recurridos en 1993 por el propio PP, además de por el Defensor del Pueblo y otros recurrentes-, al transferirlos a una nueva ley no recurrida. López Garrido calificó esta estratagema de "fraude de ley".

Por su parte, Navarrete, portavoz del PSOE, que en 1992 propuso la ley recurrida, anunció que su grupo promovería una iniciativa legislativa para modificar la nueva ley. Navarrete acusó de "esquzofrenia" al PP, por "acogerse a posiciones demagógicas y fundamentalistas cuando se encontraban en la oposición" y hacer ahora lo que entonces criticaban.