La justicia británica concede la extradición de Pinochet

Augusto Pinochet, de 83 años, podrá ser juzgado en España por 34 delitos de torturas y otro de conspiración para torturar. Así lo decidió ayer el magistrado presidente del tribunal penal de la londinense Bow Street a petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fallo fue recibido con lágrimas y emociones encontradas por los enemigos y partidarios del general tanto en Londres como en Santiago y Madrid. "Es un día fabuloso para la humanidad", dijo uno de los portavoces de las víctimas del ex dictador chileno. La defensa del general tiene un plazo de quince días para recurrir la sentencia, lo que podría retrasar todavía durante meses su extradición. Entre tanto, los abogados de Pinochet intentarán su liberación por razones humanitarias.

"Siento la necesidad de subrayar que mi decisión en este caso está basada en la ley y sólo en la ley", leyó el juez Ronald Bartle en un pasaje de la sentencia que se hizo interminable por lo que tardó el magistrado en disipar la incertidumbre sobre el que iba a ser su fallo. "Si mi entendimeinto de la ley es errado, un tribunal superior lo corregirá". Lo que Bartle entiende es que ya hay suficientes tratados internacionales que "representan la creciente tendencia de la comunidad internacional para combinar la ilegalización de delitos que son aborrecibles para la sociedad civilizada... sean cometidos por individuos, grupos terroristas...o por Gobiernos no democráticos contra sus propios ciudadanos". Era la señal esperada por las vícitimas de Pinochet. Sólo faltaba saber a cuántos casos aplicaba Batle ese razonamiento. Fueron los de 34 personas torturadas, sobre las que Garzón envió documentación a Londres. El juez, además, abrió un nuevo campo de actuación judicial al mencionar la posible equiparación de la tortura con la desaparición, de la que Pinochet tiene 1.198 casos pendientes. "Si las desapariciones llegan a ser tortura, si el efecto sobre las familias de aquellos desaparecidos pueden llegar a ser tortura mental", sugiere el juez Bartle, "si esto ha sido o no el propósito del régimen del senador Pinochet es un asunto para el tribunal que lo ha de juzgar". Por estas razones, el juez consideró que había motivos suficientes para que Pinochet sea extraditado a España. La defensa del general va a intentar evitarlo y recurrirá el fallo en un plazo máximo de 15 días, aunque antes intentará que el ministro del Interior británico acceda a repatriar a Pinochet a Chile por motivos humanitarios. El Gobierno chileno recibió como un golpe la sentencia, mientras en la calle los detractores del general la celebraban y sus seguidores la lloraban.