Liaño dice que no puede pagar la multa de 540.000 pesetas

El ex juez Javier Gómez de Liaño ha notificado al Tribunal Supremo que no dispone de las 540.000 pesetas de multa que le impuso la sentencia de la Sala Segunda que le condenó a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación en su actuación en el llamado caso Sogecable.La sentencia impone a Liaño una pena de 18 meses de multa a razón de mil pesetas diarias, lo que totaliza 540.000 pesetas. En caso de impago, se establece "un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas". Así, en el caso de que Liaño no pagase las cuotas, tendría que ir a prisión durante nueve meses.

El juez, que ha anunciado que se querellará por prevaricación contra dos de los magistrados del tribunal que le ha juzgado, ha pedido a ese mismo tribunal que deje en suspenso su condena para no perder el cargo de juez, "y seguir aunque fuese en suspensión de funciones" en su actual destino de juez central de lo penal de la Audiencia Nacional. Ese juzgado se encuentra actualmente paralizado ya que cuando Liaño tomó posesión ya estaba procesado y suspendido de funciones.

También reclama "el cobro de la retribución mínima" de 170.000 pesetas al mes, cantidad que viene percibiendo en su calidad de juez suspendido desde que dejó el juzgado en julio de 1998.

En el escrito de petición de indulto, dirigido a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, -compañera de Liaño en el anterior Consejo General del Poder Judicial, al que fueron propuestos por el PP -, el ya ex juez apela a su pasado judicial y señala que él "tiene más historia que la contenida en la sentencia que le condena".

Liaño, que sugiere en su escrito que sus decisiones sobre el caso Sogecable "pudieron ser erróneas", expresa su deseo de "seguir siendo juez". Para "servir a la justicia española de la manera que mejor sé y puedo".

El PNV, por el indulto

Sobre la concesión del indulto, el portavoz de Justicia del PP, Alfredo Prada, dijo que "se debe tramitar como el de cualquier otro ciudadano". El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, dijo que otorgarlo sería "la prueba del nueve" de la implicación del Ejecutivo en la operación contra Sogecable. Otros dirigentes socialistas no creen que se conceda "antes de las elecciones".

El portavoz de CiU, Josep López de Lerma dijo que suplicar un indulto después de "renegar de la sentencia" no es "la mejor manera de solicitar clemencia". Sólo el PNV, a través de su portavoz Margarita Uría, se mostró abiertamente a favor del indulto.