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El juez concluye el sumario del 'caso Brouard' y apunta a Sancristóbal como cerebro del atentado

El juez del caso Brouard ha concluido el sumario por el que se reactivó la investigación del asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, ocurrido en noviembre de 1984, y en el que han sido procesados buena parte de los responsables de Interior y altos cargos policiales y de la Guardia Civil del primer Gobierno socialista. En el auto de conclusión, el juez apunta al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal como máximo cerebro del atentado y le acusa de usar 50 millones de los fondos reservados para financiarlo. Reitera que los asesinos son Luis Morcillo y Miguel Ángel López Ocaña.

El juez José Luis González Armengol, que ha instruido desde el verano de 1997 la reapertura del sumario por el asesinato de Santiago Brouard -presidente del ya desaparecido HASI y uno de los paladines en HB de la negociación entre ETA y el Estado- dio ayer por concluida la investigación de un atentado que conmocionó a la sociedad vasca. El magistrado ha procesado por este asesinato a nueve personas, todas ellas cargos políticos o responsables policiales durante el primer Gobierno socialista, a excepción del presunto autor material de los disparos, Luis Morcillo.En concreto, el juez procesó a mediados de julio a Sancristóbal como maximo responsable del asesinato, inductor, cooperador necesario y por malversación de caudales públicos. También procesó como inductor al ex subcomisario José Amedo, condenado por la Audiencia Nacional a más de 100 años por su relación con los GAL; y al teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa como cooperador necesario, ya que se encargó de reclutar a los mercenarios que mataron al pediatra abertzale en su propia consulta.

El instructor procesó también como cooperador necesario al ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo y, en calidad de encubridores del asesinato, al ex jefe del Mando Único para la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; al ex comisario general de Información Jesús Martínez Torres; al primer comisario encargado de investigar el atentado, el comisario de Información de Bilbao Antonio Rosino y, finalmente, al ex inspector Michel Domínguez, condenado junto a Amedo por su relación con los GAL. De todos ellos, sólo Masa y Sancristóbal estan en prisión preventiva.

Reuniones preparatorias

El magistrado concreta en los razonamientos jurídicos que la preparación del atentado se remontó a un año antes, justo cuando fue secuestrado por los GAL Segundo Marey, en diciembre de 1983. En esa primera semana de diciembre hubo varias reuniones preparatorias, en el hotel Ercilla de Bilbao, en las que se manejaron datos personales y fichas fotográficas de "personas vinculadas al entorno de ETA, englobando dentro de las mismas el asesinato de Santiago Brouard".

En una de esas reuniones, Sancristóbal (entonces gobernador civil de Vizcaya), Amedo y Planchuelo "ofrecieron la cumplimentación del plan a diferentes mercenarios, entre ellos Mohand Talbi". Sin embargo, Amedo intervino para indicar que "se reservaba la preparación del asesinato" de Santiago Brouard, utilizando para ello "personas de su confianza".

El juez considera que estos hechos quedan corroborados por las declaraciones del propio Talbi, en sendas comisiones rogatorias realizadas en Francia en 1991 y 1999, y por los testimonios de Amedo y Morcillo.

El juez recuerda que la declaración de este último, gracias a la que consiguió recientemente su libertad por colaborar con la Justicia, permitió reconstruir la preparación del atentado. Morcillo relató al juez que Sancristóbal y Masa, entonces capitán de la Guardia Civil en Bilbao, le fueron a visitar a finales de diciembre de 1983 a la prisión de Carabanchel para que se uniera a las acciones contra "elementos terroristas" que ya se estaban preparando. Morcillo incorporó a Miguel Ángel López Ocaña -ya fallecido y hermano de Rafael, condenado por el asesinato de Brouard a 33 años de cárcel- a quien encargó "diferentes acciones en el sur de Francia". Masa, siempre según el relato del juez, dio dos millones a Morcillo para los atentados.

Tras describir los preparativos del atentado, el juez repasa los ascensos producidos en el organigrama de Interior en los meses sucesivos. Sancristóbal llega en febrero de 1984 a la Dirección de Seguridad del Estado e, inmediatamente, incorpora a Masa a su gabinete. Por esas fechas llega al Gabinete de Información Francisco Álvarez, procedente de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, quien "tuvo participación activa" en el asesinato "a posteriori".

Para entonces, los organizadores del atentado habían descartado la participación de mercenarios franceses en el atentado, "encomendándose directamente a Rafael Masa el reclutamiento" de los sicarios. Así fueron elegidos Morcillo y Miguel Ángel López Ocaña. Para pagar el atentado, Sancristóbal libró varios cheques por valor de 50 millones de pesetas (10 millones el 8 de noviembre de 1984; 15 millones, el 12 de noviembre; 10 millones, el 28 de noviembre, y 20 millones, el 30 de noviembre). En el auto, el juez asegura que Miguel Ángel cobró "por la perpetración directa del hecho siete millones y medio, días después del asesinato". La cantidad la entregó Sancristóbal a Masa y éste a Morcillo. El mercenario, fallecido de sida dos años y medio antes de que se reabriera el caso, protestó porque el trato era cobrar 25.

Pocos días antes del atentado, el jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, retiró la "escolta estática" que había en las inmediaciones de la consulta de Brouard, ubicada en el mismo edificio donde se encontraba el consulado francés. El juez relata en el auto que hubo "varias tentativas" sin éxito y finalmente, Morcillo, "apremiado" por Masa, decidió participar directamente en los hechos junto a Miguel Ángel. En un coche les esperaba Jean Louis Perales, mercenario en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura.

Obstrucción a la investigación

A partir de ahí, el juez resalta la labor de "obstrucción" dirigida por Sancristóbal para paralizar "cualquier actividad instructora policial" de investigación del hecho. Se apunta que el comisario Rosino ocultó "cuantos datos tuvo ocasión de recopilar", y se relata la bronca que le echó Sancristóbal por las "confidencias" que hizo al fiscal del caso, Emilio Valerio -cuyo testimonio en el careo con Rosino fue crucial-, indicándole que esas cosas "no se contaban ni a un fiscal ni a san Dios".

El juez recuerda que Martínez Torres, "emulando la actividad encubridora" de Sancristóbal, "remitió informes equívocos de la autoría del hecho, imputando el mismo" a ETA. Y, finalmente, "culminando el entorpecimiento de las investigaciones" judiciales, Masa entregó 15.000 dólares a Morcillo para que dejara España y evitar así el "cerco judicial" que se cerraba sobre él. De hecho, sólo su regreso en 1997 con Miguel Ángel ya muerto, y su detención por narcotráfico, permitió reabrir el caso Brouard. La conclusión del sumario es firme y no cabe recurso.

Un instructor empecinado

Durante buena parte de la instrucción, el juez González Armengol ha pasado por alto las peticiones de varios de los abogados defensores (entre ellos los de Masa, Morcillo y Sancristóbal). Ha habido pruebas que se han quedado en el tintero, como la rueda de reconocimiento de Morcillo con la enfermera de Brouard, la única que vio a los asesinos y cuyo testimonio fue crucial para condenar a Rafael López Ocaña; o los papeles que el Cesid puede tener sobre este asunto. Sorprende también el empecinamiento del juez en pasar por alto las tres sentencias de la Audiencia de Bilbao (que deberá juzgar el caso de nuevo), del Supremo y del Constitucional, que consideran probado que el asesino fue Rafael, y no su hermano como dice el juez.El auto de conclusión llega también a siete días de que se vean en la Audiencia bilbaína los recursos presentados contra resoluciones del juez y a falta de que se señalen otras apelaciones. Fuentes judiciales dicen que "parece que el juez tiene prisa para pedir el traslado a Madrid antes de que se diluya su trabajo".

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