La CASA europea

La integración de la empresa española Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), en el consorcio aeroespacial europeo, del que ya forman parte el grupo alemán Daimler y el francés Aerospatiale-Matra, es una decisión económica acertada, aunque su desarrollo político a medio plazo sea más incierto. El grupo aeronáutico español se suma a un conglomerado industrial poderoso, garantiza sus pedidos, asegura una inversión de 60.000 millones de pesetas en España -el 40% en proyectos del Airbus y el 20% en desarrollos del avión europeo de combate- y consigue que se elija la planta sevillana de CASA para montar el futuro avión de transporte militar europeo, si finalmente va adelante. En términos económicos e industriales, es una excelente solución para una empresa que no podía sobrevivir sola.Pero esta operación va mucho más allá del valor económico que se atribuya a la salvación de una empresa. Es una operación política de indisimulable importancia, como lo demuestra la presencia ayer en Madrid del canciller alemán, Gerhard Schröder, y del primer ministro francés, Lionel Jospin. La firma de ayer es un paso decisivo en la formación de una industria europea de defensa que, por una parte, confiera credibilidad a la capacidad de despliegue militar de Europa y, por otra, consolide un grupo industrial poderoso capaz de hacer frente a las grandes compañías estadounidenses. El acuerdo eleva su capacidad para disputar el mercado aeronáutico a ese complejo militar-industrial que inquietaba a Eisenhower.

Tampoco conviene exagerar la euforia. En el proceso de integración progresiva de la industria de defensa, que ya ha experimentado severas operaciones de concentración en Europa, el papel de España está siendo hasta ahora decoroso, pero secundario. La iniciativa política pertenece al eje franco-alemán, y a ese impulso se ha sumado posteriormente España y lo hará Italia. La gran ausente es la industria de defensa británica. Quienes se suman a la iniciativa inicial tienen, lógicamente, menos ventajas que los socios fundadores, pero incluso en estas condiciones los beneficios económicos y políticos son tan evidentes que evitan cualquier discusión sobre otras opciones aislacionistas.

No obstante, algunos detalles del acuerdo entre las empresas española, alemana y francesa presentan zonas de sombra. Quizá no esté correctamente evaluada la privatización total de la participación de la empresa española en EADS, que después de la ampliación de capital del año próximo quedará reducida al 5,6%. Aunque el Gobierno español mantenga hasta el año 2003 el derecho de veto sobre decisiones estratégicas que afecten a la aeronáutica española, está por ver si a partir de esa fecha los Gobiernos dominantes en el consorcio -Francia y Alemania- renuncian a su capacidad de intervención política. Una segunda cuestión es si el presidente de la SEPI, una institución pública destinada a desaparecer cuando se complete la privatización del sector público español, es el representante adecuado de los intereses españoles en el grupo europeo. Al menos es una decisión incoherente con la vocación privatizadora de CASA.