El Gobierno no ve motivos para alegar, pero estudiará los argumentos de Garzón

"En la medida que no haya elementos nuevos" el Gobierno español mantiene que no procede hacer consideraciones a la anunciada decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de suspender el proceso de extradición a España del senador chileno Augusto Pinochet. Dice, sin embargo, que estudiará los argumentos que pueda exponer al respecto el juez Baltasar Garzón. "En la medida que [los argumentos de Garzón] contengan elementos nuevos, considerará qué hacer con ellos", declaró ayer el portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), Joaquín Pérez Villanueva.

El Ministerio de Asuntos Exteriores precisó ayer, a preguntas de este diario, su posición ante el nuevo rumbo que ha adoptado el proceso de extradición del general Augusto Pinochet tras conocerse oficialmente la intención del ministro Straw de suspender el proceso de extradición de Pinochet.En una breve declaración de tres puntos, Joaquín Pérez Villanueva, portavoz de la OID, resumió la posición del ministerio.

"1.La situación actual es la de una declaración de intenciones del ministro británico; ni siquiera hay una decisión firme respecto a la interrupción del proceso de extradición a España del senador Augusto Pinochet.

2. Si, en virtud de la invitación del ministro Straw, el magistrado que instruye el caso presenta argumentos, el Gobierno los estudiará y, en la medida que contengan elementos nuevos, considerará qué hacer con ellos. En la medida en que no haya elementos nuevos, el Gobierno no piensa formular alegaciones.

3.En la invitación cursada por el Gobierno británico al Estado español se reitera el deseo de que no se repitan las alegaciones que ya se hicieron en su día."

No obstante, sin adelantar qué decisión tomará en su momento el Gobierno cuando estudie los argumentos que presentará el juez Garzón, el mismo portavoz señalaba ayer a la Cadena SER que la liberación de Pinochet es una "decisión de Gobierno de Gran Bretaña", por lo que "no ve, en absoluto, qué tiene eso que ver con el ámbito judicial".

"No tiene nada que ver y, reitero, es muy difícil encajar en este caso unas consideraciones por parte de un juez español o consideraciones por parte del Gobierno español", añadió Pérez Villanueva.

La oposición no es del mismo criterio, y el portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Rafael Estrella, afirmaba ayer que el Gobierno no tiene más remedio que tramitar las alegaciones que le presente Garzón.

"El Gobierno tiene la obligación de tramitar las alegaciones del juez Garzón si éstas se producen, aunque ello suponga desautorizar el anuncio del ministro Abel Matutes. Lo contrario sería una decisión política que mostraría claramente que el Gobierno nunca quiso que Pinochet viniera a España para ser juzgado", señaló. El PSOE ha criticado abiertamente la actitud del Gobierno en el caso Pinochet y le ha acusado de no haber tenido el coraje político de decir a la sociedad española lo que piensa al respecto.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, señaló ayer que los socialistas siempre sospecharon que el Ejecutivo no deseaba que Pinochet fuera extraditado y ahora es posible que se corroboren esas sospechas con "estas maniobras" y "que finalmente sepamos que los fiscales señores Fungairiño y Cardenal [al cuestionar la competencia de la Justicia española para juzgar al senador chileno] no estaban solos", sino que lo hacían por interés del Gobierno, informa Efe.

"Pucherazo médico"

Felipe Alcaraz, portavoz parlamentario de IU, dijo que el Gobierno "asoma su verdadero rostro" al no tramitar las alegaciones contra la eventual decisión del Gobierno británico de no extraditar a Pinochet. En su opinón, en este caso "ha habido un pucherazo médico", ya que todavía no se conoce el informe emitido por los facultativos británicos.

El Ministerio de Exteriores, desde el momento en el que se produjo la comunicación del ministro británico de que estaba considerando interrumpir el procedimiento judicial de extradición a España, informó de que era su intención "respetar las decisiones del Gobierno británico". No ha sido ésa la posición de otros Gobiernos europeos con peticiones de extradición.