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EL 'CASO PINOCHET'

24 jueces decidirán el futuro procesal del ex dictador en Chile

"Chile es el mejor país para juzgar a Pinochet", aseguraron desde el Gobierno de Chile. Para comprobarlo, seis abogados tienen redactada una petición judicial para desaforar al ex general con el fin de procesarle como autor-inductor de un delito de secuestro calificado de 19 personas a partir de octubre de 1973, en el operativo conocido como la Caravana de la muerte. Por idéntico delito están hoy procesados seis altos oficiales del Ejército, cuya situación judicial fue confirmada por el Supremo en agosto.La decisión de retirar la inmunidad al senador vitalicio corresponde al pleno de la Corte de Apelaciones. Son 25 jueces, entre los que Juan Guzmán se abstendrá por ser el instructor de las 57 querellas criminales presentadas contra el ex dictador. Si la Corte admite la solicitud de desafuero (la mitad más uno de los votantes), la defensa del querellado podrá recurrir ante la Corte Suprema, que dictará un fallo inapelable. Si, por el contrario, la petición de desafuero es rechazada, los abogados querellantes tienen la posibilidad de presentar un recurso de queja contra la conducta de los jueces y no contra el contenido del fallo. Este tipo de recursos no suelen ser aceptados.

A partir de las opiniones de diversos abogados y especialistas del ámbito judicial consultados por este diario, el comportamiento de los magistrados podría ser el siguiente. Votarían a favor del desafuero de Pinochet:

- Jorge Dahm Oyarzun, de 43 años, de la Sala Primera. Nombrado hace dos años. Antes trabajó como relator del Supremo. Tiene una imagen de juez honesto, poco permeable a las presiones, estudioso y con gran experiencia. Ha instruido varias causas de violaciones de derechos humanos.

- Milton Juica Arancibia, de 57 años, de la Sala Segunda. Instruyó el caso degollados, en el que fueron condenados 15 carabineros a penas de hasta 25 años de prisión. Intentó procesar al exdirector de Carabineros, ex miembro de la Junta Militar y hoy senador, general Roberto Stange. La derecha pinochetista no le perdonó tamaña osadía y vetó en el Senado su designación como magistrado del Supremo.

- Alejandro Solís Muñiz, de 63 años, de la Sala Tercera, estaba considerado un juez opositor durante el régimen militar. Ha sido miembro de salas de la Corte que han rechazado la libertad de militares imputados por violaciones de los derechos humanos.

- Rubén Ballesteros, presidente de la Sala Cuarta. Ha instruido casos destacados de delitos comunes. Es un magistrado bastante nuevo en la Corte de Apelaciones, sin antecedentes pinochetistas.

- Gloria Olivares Godoy, de 63 años, de la Sala Cuarta, instruyó a principios de los noventa la causa por la desaparición de los hermanos Chanfreau, militantes del MIR, hasta que la justicia militar le arrebató la causa y dictó el sobreseimiento.

- Lamberto Cisternas Roca, de 55 años, de la Sala Cuarta. Juez instructor de la causa por la fuga de varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusados del asesinato del senador Jaime Guzmán. Tuvo una actuación correcta, según las organizaciones de derechos humanos. Actuó como relator del Supremo, en el juicio del caso Letelier.

- Haroldo Brito Cruz, de 52 años, de la Sala Quinta. Progresista. En el año 1985 enfurecía a los jefes de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) por su voluntad implacable de investigar los centros de detención secretos en Valparaíso.

- Sergio Muñoz Gajardo, de 43 años, de la Sala Quinta. Instructor del caso del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982 por la policía pinochetista. En cuestión de meses logró avances que su antecesor en la causa, Sergio Valenzuela, no había conseguido en 17 años. Envió un exhorto a Londres para interrogar a Pinochet.

- Carlos Cerda Fernández, de 57 años, presidente de la Sala Sexta. Las organizaciones de derechos humanos le consideran el juez más intachable y ejemplar. En 1986 procesó a 40 integrantes del Comando Conjunto (grupo represivo de la Fuerza Aérea) por la desaparición de 13 dirigentes comunistas en 1976. Fue sancionado por sus superiores por negarse a aplicar la amnistía y estuvo a punto de ser expulsado de la carrera judicial.

- Hugo Dolmestch Urra, de 56 años, de la Sala Séptima, primer juez nombrado en el caso de la Operación Albania, en la que murieron 12 jóvenes del Frente Patriótico, en junio de 1987, en operativos de la CNI. En un año, el juez Dolmestch logró que el caso quedara tipificado como un homicidio y no como enfrentamiento.

- Sonia Araneda Briones, de 63 años, está considerada una magistrada muy honesta.

- Violeta Guzmán Farren, de 69 años, presidenta de laSala Octava, está delicada de salud. Ha votado contra la libertad de militares.

- María Antonia Morales Villagran, de 69 años, de la Sala Séptima. Muy honesta, independiente. Va a votar en conciencia.

- Juan Araya Elizalde, de 61 años, de la Sala Octava. Buen juez.

Votarían no al desafuero:

- Raquel Camposano Echegaray, de 74 años, presidenta de la Sala Primera, es una de las jueces más veteranas de la Corte, cerca de la jubilación. Instruyó un proceso a autoridades de la Concertación y del servicio de inteligencia del Gobierno de Patricio Aylwin por el asesinato del senador Jaime Guzmán, cerebro de los enclaves autoritarios legados por la dictadura.

- Raimundo Díaz Gamboa, de 69 años, presidente de Sala Quinta, amigo del antiguo presidente de la Corte Suprema Servando Jordán, cuya denuncia dio pie al secuestro del Libro Negro de la justicia chilena y a la orden de detención contra su autora, Alejandra Matus, actualmente asilada en Estados Unidos. El juez Díaz ha votado a favor del proceso a varios periodistas.

- Domingo Kokisch Mourgues, de 58 años, de la Sala Sexta, conservador. Ha votado a favor del decreto-ley de amnistía que ampara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

- Alfredo Pfeiffer Richter, de 56 años, presidente de la Sala Séptima, está considerado como uno de los más ultraconservadores.

- Sergio Valenzuela Patiño, de 71 años, llevó durante muchos años el caso Tucapel Jiménez y no hizo nada. Ordenó el ingreso en prisión del abogado querellante por unas declaraciones. Tiene un hijo que fue miembro de la CNI.

- Gabriela Pérez Paredes, de 62 años, de la Sala Tercera. En la línea pinochetista, muy conservadora.

Es impredecible el voto de:

- Adalis Oyarzun Miranda, de 63 años, presidente de la Corte de Apelaciones. Es una incógnita, según coinciden varios letrados consultados.

- El sucesor de Rafael Huerta Bustos, que acaba de jubilarse. Existen dudas de que dé tiempo a nombrarle y de que tome posesión.

- Cornelio Villarroel Ramírez, de 63 años, de la Sala Sexta. Su última actuación relevante fue la semana pasada en un fallo sobre la Operación Albania, en el que votó a favor de confirmar el procesamiento de varios militares decretado por el juez Juica. Es impredecible. No se le puede encasillar. Estudioso y muy trabajador. Tiene fallos en los dos sentidos.

- Juan González Zúñiga, de 68 años, presidente de la Sala Tercera. Ha sido integrante como juez civil de algunas cortes marciales en las que normalmente votó a favor de las víctimas.

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