Un presunto alzamiento de bienes

El supuesto alzamiento de bienes en Ercros investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo bajo el epígrafe de "causa especial 510/89" se produjo el 3 de julio de 1992, cuando Josep Piqué era el consejero delegado de la compañía. En esa fecha, la empresa, propiedad del grupo kuwaití KIO, suspendió pagos, en lo que fue el comienzo de la gran crisis empresarial del Grupo Torras, y presentó en el juzgado una lista de acreedores encabezada por una sociedad llamada Foruria Franco Investment Corporation (FF), a la que reconoció deberle 1.770 millones de pesetas. Según la documentación que aportó el fiscal del caso, esa deuda no pertenecía a esa empresa y, por lo tanto, sus titulares fueron perjudicados por la suspensión de pagos de Ercros, que implicó no atender ninguna de las deudas. La deuda de FF fue contraída en 1988 por la división de petróleos de la antigua Unión de Explosivos Riotinto (UER), una empresa que el representante de KIO en España, Javier de la Rosa, acabaría colocando bajo su órbita empresarial.

En junio de 1989, De la Rosa fusionó esa empresa con otra que también controlaba, la química catalana Cros. De esa unión nació la que fue en su momento primera empresa química española, Ercros. En el momento de producirse la fusión, Piqué acababa de ingresar en el consejo de la empresa procedente de la Dirección General de Industria de la Generalitat catalana.

Posteriormente, en diciembre de 1989, Ercros procedió a escindir sus actividades en sociedades diferentes. La división de petróleos, la que había utilizado el crédito de FF para inversiones en sus instalaciones, quedó agrupada en la nueva empresa Ertoil. A pesar de que la recién nacida Ertoil asumió todos los activos y pasivos de las antiguas sociedades de la división de petróleos, la deuda con FF se quedó en Ercros y no pasó a formar parte de las deudas de Ertoil.

Desde 1990 Ercros se encontraba en una situación financiera crítica y De la Rosa comenzó a vender activos para conseguir nuevos fondos. Así, en enero de 1991 se vendió Ertoil por 46.000 millones a una sociedad prácticamente desconocida, General Mediterranean Holding (GMH).

Las continuas ventas no consiguieron, sin embargo, poner fin a la crisis y en 1992 la situación era crítica. Finalmente, llegó la suspensión de pagos de Ercros, tras la salida de De la Rosa del grupo y la asunción de todas las responsabilidades ejecutivas por parte de Piqué. Los inversores de FF dejaron de cobrar sus deudas, de las que hasta la suspensión de pagos habían recibido pagos por 81 millones.

La primera propuesta de convenio de acreedores presentada por Piqué en el juzgado establecía un calendario de aplazamiento de pagos. Sin embargo, el convenio final, presentado en mayo de 1993, cuando Piqué ya era presidente de la empresa, estableció una quita del 99% de la deuda para los créditos superiores a los 50 millones.

En aquel momento ninguno de los inversores afectados y que habían sido agrupados por la sociedad FF, con sede social en Tafalla (Navarra), reclamó nada, pues el dinero era fiscalmente opaco. Ahora, algunos de ellos han acudido a reclamar ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a la vista de que el delito fiscal ha prescrito.