El PSOE cree que el edil popular embargado en Málaga delinquió al ocultar requerimientos del juez

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha detectado que el concejal de Personal y Seguridad, Manuel Ramos, ocultó al Consistorio al menos un mandamiento judicial en el que se ordenaba el embargo de su sueldo por el impago de un crédito a Unicaja. El portavoz socialista, Francisco Oliva, dijo ayer que el concejal debe cesar de forma "fulminante" y que su grupo pedirá su destitución en el próximo pleno. Anunció que si éste no se produce el PSOE lo denunciará en los tribunales por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público. Ramos ha declarado que "las acusaciones del PSOE sobrepasan los límites de la política" y que estudia acciones legales. El cese que los socialistas reclaman parece haberse producido en otro puesto municipal: Francisco Torres Lacal, gerente de Gestrisam, la sociedad municipal de gestión de tributos, ha dimitido. Fuentes municipales insisten en atribuir su marcha a la voluntad de la alcaldesa, Celia Villalobos. Este extremo ha sido negado rotundamente por el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Francisco Aguilar, que afirma que "Torres comunicó antes de las elecciones su deseo de irse, se ha producido el relevo y nada tiene que ver con la filtración de las deudas de Ramos, que no partieron de Gestrisam". El sustituto está designado: Juan Manuel Ruiz Galdón, ex director de la Tesorería de la Seguridad Social en Ceuta, que había sido contratado por el Ayuntamiento como gerente del Centro Informático y ahora se ocupará también de Gestrisam.

Entretanto, el PSOE asegura tener pruebas contundentes sobre la ocultación de información que en su opinión ha realizado Manuel Ramos. Entre enero y diciembre de 1999 el juez envió al Ayuntamiento tres requerimientos en los que pedía el embargo del sueldo del concejal. Los dos primeros fueron enviados al Área de Bienestar Social, de la que el hoy teniente de alcalde de Seguridad y Personal fue director hasta el 19 de febrero de 1999. El primero de los requerimientos fue remitido el 29 de enero, por lo que el PSOE sostiene que el propio Ramos "lo guardó en un cajón" y no lo envió al departamento correspondiente para ejecutar el embargo. Ramos niega haber tenido conocimiento de estos requerimientos judiciales.

Para reforzar su acusación, el grupo socialista mostró ayer la respuesta que hizo al tercer requerimiento del juez el concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, el pasado 19 de enero. En su escrito, el edil asegura que "el Negociado de Bienestar Social, que ha sido su receptor, no ha remitido a esta Tesorería Municipal los dos oficios de fecha 29/1/99 y 31/5/99".