El edil de Salud contrata a dos firmas que conocían las bases antes de aprobarse

El PSOE aprecia un "flagrante delito de prevaricación" en dos contratos de menor cuantía (alrededor de cuatro millones) otorgados a empresas relacionadas con el sociólogo Amando de Miguel por el edil de Salud, Simón Viñals (PP). Formalmente compitieron por el contrato tres empresas distintas, pero las tres firmas comparten sede y administrador único, un hijo del citado profesional. Las empresas presentaron sus ofertas tres días antes de aprobado el pliego de condiciones.

En la calle de Santa Engracia comparten piso tres empresas: Tábula V, Tábula Ikónica y Artek V. Tienen un mismo administrador: Ignacio Javier de Miguel García, hijo de Amando de Miguel. Estas tres empresas presentaron ofertas a dos contratos por procedimiento negociado (sin concurso) en las que expresaban su conocimiento y aceptación del pliego de prescripciones técnicas elaborado por el Ayuntamiento. Los escritos de esas tres empresas estaban fechados tres días antes de que los pliegos de prescripciones estuvieran redactados y aprobados y, por tanto, pudieran ser conocidos por los interesados. El PSOE considera este hecho una prueba de prevaricación y de trato de favor a "los amigos" del PP. Uno de los contratos recayó en Artek, y el otro, en Tábula Ikónica.Artek, la empresa del hijo de Amando de Miguel, fue contratada por Viñals el pasado 21 de febrero para un estudio sobre la seguridad en la alimentación, pero fue Amando de Miguel, su padre, quien entregó el trabajo, según el edil de Salud: "La empresa es de Amando de Miguel. Vino él mismo a presentarnos el trabajo". Formalmente, el trabajo había sido otorgado a Artek V por considerarse "la más favorable a los intereses municipales" de las "tres ofertas comerciales distintas" presentadas. Y la adjudicación rubricada por Viñals habla de que se otorga el contrato a Artek, "previa concurrencia de ofertas". Ni eran ofertas comerciales distintas ni hubo tal concurrencia, según el PSOE. Una la firmaba el propio Amando de Miguel en nombre de Tábula Ikónica; otra la firmaba su hijo en nombre de Artek V, y la tercera, un apoderado de la empresa Tábula V. Sólo esta última daba como domicilio Santa Engracia, aunque comparten las tres esas oficinas, según reconoce su administrador, Ignacio Javier de Miguel. Las tres misivas tenían un punto singular. Cada uno de los ofertantes se decía "enterado del pliego de condiciones técnicas por las que regirá la contratación de elaboración de cuestionario y diseño muestral y ejecución de un trabajo para una encuesta sobre los madrileños y la seguridad alimentaria". Se daban por enterados de un pliego de condiciones los días 13 y 14 de diciembre de 1999. Y el pliego de condiciones se redactó y aprobó el 17 de diciembre, según figura en el expediente municipal.

Consultas anteriores

Viñals no ve extraño que lo conocieran de antemano. "A veces se realizan consultas o sondeos con las empresas antes de que se redacte el pliego". Las condiciones fijadas eran por un importe máximo de dos millones. Las tres empresas también lo adivinaron. Artek V se lo quedó porque pidió 1,9 millones de pesetas, mientras que sus dos rivales pidieron entre 50.000 y 75.000 pesetas más.

Este mismo escenario se repitió con otro contrato otorgado a Tábula Ikónica el pasado 21 de febrero por 1,9 millones de pesetas para realizar un sondeo sobre las actitudes de los madrileños hacia el euro. Aquí, las diferencias son de 50.000 y 75.000 pesetas entre las ofertas. Pero las tres coinciden en darse, nuevamente, por enteradas del pliego de condiciones días antes de ser aprobado.Viñals afirma que ignoraba que las tres empresas estuvieran vinculadas. "No lo sabía". Y asegura que no ve fraude en ello. "Pero si lo hubiera estaría en contra", se defiende. Tampoco ve irregularidad alguna el director de Servicios de Consumo, Juan Ignacio Rojas Ponce. "La ley sólo nos exige que el gasto esté aprobado y que se presente una factura. Y todo ha sido conducido reglamentariamente y con la aprobación del interventor general, que no ha puesto reparos". Pero Rojas no explica por qué conocían los detalles del contrato las tres empresas antes de que fuera redactado el pliego de condiciones: "Yo no sé si lo sabían. Eso lo dices tú". Mantiene tal respuesta cuando se le leen las redacciones idénticas de los tres ofertantes. Asegura que ignoraba que las tres empresas pertenecieran a la misma persona: "Ni lo sabemos ni entramos en ese tipo de cuestiones". Ignacio Javier de Miguel, que admite ser dueño de las tres firmas, declara que no se explica cómo pudieron conocer de antemano las bases del pliego de condiciones antes de que fueran redactadas, pero aventura una hipótesis: "Hay una continua colaboración con esta concejalía y a veces nos piden propuestas, y sobre estas propuestas realizan los pliegos de condiciones". Para lo que tiene respuesta es por qué presenta a través de sus tres empresas sendas ofertas para un mismo contrato. "En temas administrativos no entro. Pero todo lo que hacemos está sujeto a los controles del Ayuntamiento; ahora, si me he equivocado en algo, asumiré mi responsabilidad".

Rafael Merino, concejal socialista, denuncia al gobierno municipal: "Estos contratos constituyen una auténtica chapuza que ha sido realizada por el PP para favorecer a sus amigos, lo que puede constituir un flagrante caso de prevaricación. Llama la atención que la fecha en que se presentaron las propuestas es anterior al día en que se publicaron los pliegos de condiciones, lo que indica que los responsables municipales filtraron interesadamente su contenido a una empresa para que fuera la única que pudiera participar y dejar fuera a las demás, y esto no sólo no es ético, sino que es ilegal".

Merino considera incorrecta y sospechosa la actuación de los dirigentes de la Concejalía de Sanidad: "Los responsables municipales han hecho la vista gorda a que las empresas pertenecían a la misma persona. Vamos a pedir en la comisión de vigilancia la anulación del contrato".

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