El nuevo Gobierno cambia de estrategia y aplaza las negociaciones de la financiación autonómica

El Gobierno aplazará la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, la reclamación prioritaria de CiU, hasta conocer el diseño de la reforma del IRPF anunciada por José María Aznar. Esta decisión supone un cambio en la estrategia del nuevo Ejecutivo. Antes de las elecciones, el anterior ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, anunció que las negociaciones con las autonomías sobre el nuevo modelo se iniciarían tras los comicios. Pero las circunstancias han cambiado. El Gobierno, con su mayoría absoluta, no está apremiado por los nacionalistas y prefiere, además, que el PSOE, que gobierna en seis comunidades, supere su situación de provisionalidad antes de abrir las conversaciones.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, confirmó ayer, en una conversación informal, que no tiene prisa para iniciar la negociación del nuevo modelo de financiación con las comunidades autónomas, la reclamación clave de CiU en esta legislatura. Rato recordó que al Gobierno le queda aún año y medio de plazo para negociar con las comunidades autónomas porque el nuevo modelo de financiación no entrará en vigor, según la legislación vigente, hasta enero del 2002, tal y como señaló José María Aznar en su debate de investidura.El nuevo Gobierno, al gozar de una mayoría absoluta, ya no está apremiado por la presión de los nacionalistas, como sucedió hace cuatro años, y puede, por tanto, aplazar la negociación de la financiación autonómica hasta apurar los plazos que marca la ley.

Además, al Ejecutivo le viene muy bien por razones de imagen arrancar su mandato con iniciativas políticas vinculadas a la creación de empleo o a las reformas sociales, que se ha marcado como prioridad, y dejar en un segundo plano la resolución de una cuestión que afecta a los nacionalistas, aunque también sea clave para la política territorial, como es la financiación autonómica.

Pero el Gobierno argumenta también con otras razones ese aplazamiento. Al tener libertad de movimientos, le parece mucho más riguroso iniciar la negociación con las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación autonómica, una vez que se conozca el nuevo diseño de la rebaja del IRPF -que es un ingresos clave en el modelo de financiación autonómica- así como el comportamiento de los ingresos y los gastos con el objetivo puesto en el equilibrio presupuestario o déficit cero para el año 2001, que Aznar anunció en su discurso de investidura como una de las prioridades de su Ejecutivo.

Junto a ello, en los próximos meses se conocerá también el comportamiento durante el año 1998 del modelo de financiación autonómica vigente, de cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas, con capacidad normativa.

Todos estos datos serán clave para la negociación de la financiación autonómica con las comunidades. El Gobierno, que pretende ceder a las comunidades autónomas la gestión de los impuestos especiales -gasolina, tabaco y alcohol- en la negociación del nuevo modelo, les exigirá, a cambio del espectacular aumento de sus ingresos por esta vía, la autofinanciación y la renuncia, por tanto, a recibir subvenciones del Estado si sus ingresos crecen por debajo del PIB.

El Ejecutivo ya ha dado voces de alarma por el creciente coste que le está suponiendo ese compromiso adquirido con las comunidades autónomas en la renegociación de hace tres años.

Al Gobierno también le interesa el aplazamiento de la negociación por otras razones puramente políticas. En contraste con la situación de hace cuatro años, ahora pretende una negociación conjunta con todas las comunidades autónomas, las gobernadas por los nacionalistas, las socialistas y populares.

El Ejecutivo quiere evitar que se repita un acuerdo de financiación autonómica, como el de mayo de 1996, en el que quedaron descolgadas las comunidades gobernadas por el PSOE. Ahora pretende recuperar a los socialistas al consenso sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que, a priori, se ajustará mejor a las pretensiones socialistas que el anterior.

En este sentido, le parece conveniente que antes de la negociación de la financiación autonómica se clarifique la situación interna del PSOE, se elija una dirección y con ella se ratifique una política autonómica. Todo esto no sucederá hasta el próximo verano.

Los socialistas gobiernan, en estos momentos, nada menos que en seis de las 17 comunidades autónomas por lo que al Gobierno le parece imprescindible que participen en un acuerdo estable sobre el modelo de financiación autonómica. A fin de cuentas, los nacionalistas gobiernan en sólo tres comunidades y los populares sólo en dos comunidades más que los socialistas: en ocho.