La defensa del 'caso Lockerbie' acusa a terroristas palestinos
Fue una larga espera para el inicio del juicio por el atentado de Lockerbie, pero la defensa no perdió tiempo para lanzar ayer, el primer día de audiencias, una estrategia de contrataque frontal: alegó la inocencia de los dos acusados libios, responsabilizó a dos grupos terroristas palestinos e incluso hizo públicos los nombres de diez de sus miembros. Ellos serían, según esa tesis, los culpables de la bomba que destruyó un avión de Pan Am, en 1988, sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, causando 270 muertos.
Los abogados de los acusados Abdel Baset al Megrahi y Al Amín Jalifa Fahima culparon al Frente Popular Palestino de Liberación-Comando General y al oscuro y prácticamente desconocido Frnte de Lucha Popular Palestino, ambos con sus cuarteles generales en Siria. En los primeros minutos de la audiencia, antes de iniciar la lectura de la acusación, los abogados de los libios nombraron a diez miembros de las organizaciones terroristas, incluidos dos testigos claves de la fiscalia, Mohamed Abu Talb (testigo 963) y Paviz Taheri (testigo 996).La estrategia de la defensa "puede ser efectiva", asegura Andrew Fulton, profesor de Derecho de la Universidad de Glasgow. "Su único deber es sembrar la duda en la mente de los jueces, [la idea de] que los dos acusados no fueron los autores. No necesitan probar que las organizaciones y personas nombradas son culpables".
Los dos libios mostraban un ánimo sombrío bajo su traje nacional. Ambos se mantuvieron cabizbajos tomando notas o mirando en la pantalla las pruebas aportadas por la fiscalía.
En la sala de audiencias, alfombrada de azul y con amplias butacas del mismo color, alrededor de 40 familiares de las víctimas del vuelo 103 de Pan Am se sentaron en el centro, cogidos de las manos. En ocasiones, algunos lloraron. Una mujer se aferraba al retrato enmarcado de su hija, que como otros pasajeros viajaba a reunirse con su familia para Navidad. En el ala izquierda, una veintena de parientes de los acusados, que viajaron especialmente de Libia para el proceso. Entre ellos estaba Jaled, el hijo de 15 años de Al Megrahi, a solo unos metros de su padre, pero separado por un enorme cristal antibalas que divide la sala. El muchacho se quedó dormido mientras escuchaba el testimonio de un controlador aéreo traducido al árabe a través de los audífonos. El grupo, que incluía a las esposas de Al Megrahi y Fahima evitó los contactos con la prensa. Sólo Alí Fahima, primo de Al Amín, dijo: "Todos sabemos que son inocentes".
La acusación contra los dos libios de conspiración de asesinato, asesinato y violación a las leyes de aviación civil es, según Fulton, "de contenido sólido". "A pesar de no tener elementos espectaculares, los relaciona con los lugares donde fue preparado el atentado", añade el jurista.
En la acusación se dice que ambos, antiguos empleados de las líneas aéreas libias en Malta, eran además agentes del servicio secreto de Muammar Gaddafi y que utilizaron pasaportes falsos, obtuvieron al menos 20 mecanismos de relojería de precisión en Suiza, y probaron explosivos de alta eficacia en campos de entrenamiento militar en Libia.
Las dudas de una española
La española Marina Larracoechea toma notas en una libreta subrayando en rojo lo que le parece importante. Larracoechea, que perdió a su hermana María Nieves en el vuelo 103, del que era azafata, lanzó por la borda su carrera de diseño interior en Nueva York y ha dedicado todo su tiempo y energía a una investigación paralela que la ha convertido en una de las familiares de las víctimas más significadas."Tengo enormes dificultades para aceptar que esta gente sean los autores, pero, aunque lo sean, son muy pequeños", dice. No disimula su indignación con las autoridades estadounidenses que, según sus investigaciones, estaban perfectamente informadas de las amenazas previas y de los riesgos de un atentado en ese vuelo. "No lo hicieron público y no tomaron medidas para prevenirlo", asegura.
Larracoechea, que decidirá esta semana si se queda a vivir en Holanda durante el proceso (que se prevé dure un año), solicitó a la fiscalia escocesa una acusación privada suplementaria, una figura judicial permitida en la legislación española, pero que fue rechazada. "La fiscalía escocesa nos está representando [a los familiares], pero todos sabemos que la prioridad de la fiscalía son los intereses nacionales, la seguridad del Estado".
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