El juez rechaza que el Estado y la Generalitat sean responsables civiles en el crimen de la Villa Olímpica

El juez que instruye el sumario por el crimen de la Villa Olímpica, en el que el joven Carlos Javier Robledo murió tras recibir una brutal paliza, ha desestimado la petición de ampliar al Estado, a la Generalitat y a la discoteca Back Fire la declaración de responsabilidad civil subsidiaria acordada para el Ayuntamiento de Barcelona. Según el magistrado, la Policía Nacional tuvo "una conducta ejemplar" y los Mossos d'Esquadra no están desplegados aún en Barcelona, por lo que no tiene sentido que se exijan responsabilidades a la administración autonómica.

El titular de Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, razona en su decisión que mantiene la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento porque "claramente se percibe" una relación de intereses entre los 10 jóvenes procesados y que permanecen en prisión por los hechos y el consistorio barcelonés. Esta evidencia, según el juez, se basa en la declaración que prestó en el juzgado el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, Jordi Giró, quien afirmó bajo juramento que el regidor del distrito, Francesc Narváez, "reclamaba para el municipio, en reuniones semanales, la total responsabilidad en lo relativo a la seguridad de la zona y a la vigilancia de la hora de cierre de establecimientos con un alto índice de riesgo".El juez explica que frente a estas reclamaciones el Ayuntamiento de Barcelona "se lucraba de las tasas y demás impuestos abonables por la discoteca, olvidando, en cambio, el obligatorio deber de cumplimiento de lo legislado en lo relativo a las bebidas alcohólicas servidas a jóvenes".

Estos argumentos son similares a los que ya empleó el juez el pasado día 10, cuando acordó la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Barcelona y le exigió 200 millones de pesetas de fianza que el consistorio depositó a través de la consignación en el juzgado de una partida del presupuesto municipal. El juez tomó esta decisión después de que los 10 acusados se declarasen insolventes para afrontar las fianzas de 20 millones que se les había exigido a cada uno.

El Ayuntamiento de Barcelona recurrió la decisión judicial y el magistrado esperará al informe de la fiscalía para pronunciarse, aunque ya ha advertido de que se ratificará en su decisión. Al mismo tiempo, la declaración de responsabilidad civil subsidiaria fue recurrida también por el abogado del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, quien solicitó que se hiciera también extensiva al Estado, a la Generalitat y a la discoteca. El consistorio colomense ejerce la acusación particular en el caso porque la víctima, Carlos Javier Robledo, de 22 años, era vecino de esa ciudad.

Ahora la resolución del juez responde a ese recurso de la acusación particular e insiste en que no puede hacerse extensiva la responsabilidad al Estado porque "los miembros de las fuerzas policiales observaron una conducta ejemplar", así como tampoco a la Generalitat, "cuyo cuerpo de seguridad aún no está desplegado en la capital de la misma".

Tributos e inspecciones

El recurso de Santa Coloma, al igual que el del Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que el mantenimiento del orden público corresponde principalmente al Cuerpo Nacional de Policía y que el Estado también cobra tributos a las discotecas. Del mismo modo insiste en que la ordenación del sector, así como la facultad para efectuar inspecciones e imponer sanciones compete a la Generalitat. El juez no alude en su auto a ninguno de estos argumentos.