El alcalde acepta derribar la parte ilegal de la iglesia tras las bodas de verano

El alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), aseguró ayer que acepta ejecutar la sentencia que le obliga a derribar parte de una iglesia de Fuencarral, pero con una condición: que en vez de ser antes del 20 de junio, como pide el Tribunal Superior, el derribo se produzca "en verano", después de que se hayan celebrado todas las bodas, bautizos y comuniones apalabrados.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó en 1993 al Ayuntamiento que derribara parte de la iglesia situada en la calle Villa de Marín por haber sido construida ilegalmente. Pero, tras ocho años, la sentencia sigue sin ejecutar. Después de varios autos, los cinco magistrados del Tribunal Superior han enviado al alcalde un requerimiento en el que le avisan de que antes del 20 de junio debe cumplir la sentencia. Si no lo hace, además de hacer frente a una multa que puede llegar a las 250.000 pesetas, los jueces podrían trasladar los hechos a la jurisdicción penal por si pudieran ser constitutivos de un delito de desobediencia.Álvarez del Manzano aseguró ayer que ha recibido el escrito del tribunal y que ya le ha contestado solicitándole un aplazamiento: "He pedido al tribunal que deje en suspenso la sentencia mientras se llevan a cabo todas las bodas, comuniones y bautizos que hay apalabrados para esa iglesia en los próximos días. Me lo ha pedido el párroco de la iglesia, y yo se lo he pedido al tribunal. Es comprensible. ¡Ahora mismo, en Madrid es imposible encontrar una iglesia para casarse en menos de un mes!, y todas esas familias ya tienen comprometidos los banquetes y demás...".

El alcalde no quiso precisar cuánto plazo solicita. Pero lanzó una fecha: "Mitad del verano". El parroco de la iglesia sostiene que hay celebraciones acordadas hasta principios de julio, según Telemadrid.

La iglesia se construyó tan cerca de un bloque de viviendas que contravenía las normas urbanísticas. Los vecinos protestaron y pidieron la demolición. La Iglesia contraatacó legalmente argumentando que el edificio de viviendas fue levantado en un sitio prohibido. El juez dio la razón a los vecinos en 1993. Y desde entonces, los tribunales han enviado varios autos al Ayuntamiento para que ejecute la sentencia.

El gerente de Urbanismo, Luis Armada, al que el tribunal ya ha multado con 500.000 pesetas por no echar abajo el templo, sostiene que en dos ocasiones ha enviado a los técnicos para que derriben el edificio, pero que la oposición de los fieles lo ha impedido.

El equipo de Gobierno municipal intentó en un pleno legalizar la situación urbanística de la iglesia. Votaron a favor 21 concejales del PP y 2 de IU. Pero el tribunal anuló el acuerdo y trasladó el asunto a la jurisdicción penal por si hubiese existido un delito de prevaricación de los 23 ediles.

Los dos concejales de IU, Justo Calcerrada y Gerardo del Val, han escrito posteriormente al Tribunal Superior informándole de que están de acuerdo con el derribo de la parroquia.