Privada o pública (y II)

Dejamos incompleta la referencia a un estudio de la Universidad de Granada, de enero de 1999, según el cual hasta un 27% del profesorado de primaria y secundaria presenta "síntomas de tipo depresivo". Lo que faltó fue esta sorprendente coletilla: "La posibilidad de sufrir estos trastornos en un colegio público es 3,37 veces mayor que en uno privado". Esto se traduce en que la propensión al absentismo laboral por ese tipo de enfermedades profesionales (estrés, insomnio, depresión...) se triplica con creces en el sector de los funcionarios docentes. Si tenemos en cuenta que los profesores de la privada ganan menos, y con más horas lectivas, no se comprende a primera vista esta discrepancia. Pero la verdadera explicación debe estar en otros parámetros. Con seguridad el grado de conflictividad de los centros públicos es superior al de los privados, sin que éstos estén libres tampoco de lo que va camino de convertirse en la plaga del siglo: adolescentes desmotivados y desarraigados en una sociedad agresiva, sin valores estables y sin horizontes para ellos. Pero no hay que descartar, como ingrediente también, el grado de desmotivación y de desmoralización propias del funcionario que, tras superar unas oposiciones con mucho esfuerzo personal, comprueba que la Administración lo abandona a su suerte, sin incentivos, sin evaluación de méritos y sin criterios de promoción que tiendan a dignificar la dimensión social de su trabajo.Otras curiosas disparidades se dan entre los dos circuitos del sistema educativo, probablemente derivadas, o encadenadas cuando menos con lo anterior. Un estudio de la propia consejería, de abril del 98, señalaba que el rendimiento escolar en la privada concertada supera en cuatro puntos al de la pública. Por ahí debe andar la explicación al importante número de adolescentes erráticos, peligrosamente desocupados, que merodean en torno a algunos centros de enseñanza. Pero lo peor no es que a clase no asistan, sino que para la Administración no existan.

Sin duda este conjunto de factores explica que, actualmente, la consejería tenga que obligar por telegrama a hacerse cargo de la dirección de los centros públicos, hasta en un 60% de los casos. Pues los profesores, en su mayoría, se niegan a ejercer voluntariamente ese trabajo, ni aun con sustanciosas reducciones horarias e incentivos económicos no desdeñables. El panorama, por consiguiente, no es precisamente halagüeño, para ninguno de los dos sectores, aunque tiende a perjudicar de modo particular al público. Y con muchas medidas como la del reciente decreto del ministerio que fija en un 60% la calificación del expediente escolar en la nota de acceso a la Universidad, el PP irá cumpliendo su inexorable propósito de prestigiar a la enseñanza privada. Entre eso, y las torpezas largamente acumuladas por la Consejería de Educación en Andalucía (¡17.000 profesores interinos!, verbigracia), el resultado a medio plazo puede ser el que muchos nos tememos. El anterior consejero llegó a admitir, respecto a la implantación de la Reforma, que "hay un rechazo espectacular que nos obliga a dar respuesta inmediata". Ahora le toca el turno al nuevo equipo, al que desde aquí deseamos toda suerte de fortuna. Falta le va a hacer.