La fiscalía de Málaga no interrogó a los expulsados porque no fue informada

La Fiscalía de Málaga no tuvo en ningún momento conocimiento oficial de la estancia en España del grupo de inmigrantes detenidos por la Guardia Civil en Mijas (Málaga) en la madrugada del pasado martes. Un miembro de la fiscalía indicó a este periódico su extrañeza ante la falta de información: "Nos habría permitido proponer a la autoridad gubernativa el interrogatorio de esas personas, que son víctimas, perjudicados y testigos".Según la misma fuente, "la ley dice que si el ministerio fiscal tiene conocimiento de alguna expulsión o repatriación puede proponer a la autoridad administrativa que la posponga, si cree que debe tomar declaración a alguna persona". En este caso, "la fiscalía lo habría propuesto, aunque luego sería potestad de la autoridad gubernativa aceptarlo o no".

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, justifica el procedimiento "porque no había una voluntad clara de colaboración" por parte de los detenidos. La Guardia Civil y la Policía Nacional preguntaron a los magrebíes sobre su filiación y las circunstancias de su entrada en España, "pero dieron nombres falsos, dijeron que no sabían nada, tenían miedo a las represalias y no había ninguna posibilidad de que fueran a colaborar más".

Molestia en los juzgados

La diligencia de la policía en devolver a los 36 inmigrantes a su país sin tomarles ninguna declaración -apenas transcurrieron 20 horas desde que fueron descubiertos hasta que cruzaron la frontera de vuelta a Marruecos por el puesto fronterizo de Tarajal, en Ceuta- también ha sorprendido a los jueces que han llevado la instrucción. Francisco Escobar, que condujo las primeras fases del caso, sólo quiso manifestar que, ante la actuación de la policía, "cada uno saque sus consecuencias".

Las primeras medidas adoptadas por el nuevo instructor han sido, según fuentes del juzgado, solicitar la declaración del menor que no ha sido devuelto a Marruecos y pedir a Interpol "que haga las gestiones necesarias para localizar las tramas que han traído a estas personas a España y para suplir lo que no se ha hecho aquí". Personas cercanas a la instrucción reconocen que "habría sido más fácil instruir este caso si tuviéramos la declaración de las 36 personas expulsadas". Estas mismas fuentes coinciden en que esta salida tan precipitada "no debería volver a repetirse".

Hasta este momento, el caso sólo cuenta con un implicado, Pedro Miñarro, El chino, conductor de la furgoneta que transportaba a los inmigrantes y que ingresó el miércoles en la prisión de Alhaurín de la Torre. La investigación, a cargo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, se está centrando en las provincias de origen y de destino del viaje, Cádiz y Murcia, y pretende llegar hasta el final, es decir, hasta los empresarios que se aprovechan de estos inmigrantes y los contratan por poco dinero y en condiciones infrahumanas. Hasta el momento, las averiguaciones no han aportado ninguna pista definitiva.