Mensaje inequívoco

La verdad es que no me he encontrado hasta hoy nunca ante una situación como aquella en la que se encontró Francisca Gil en 1997. Pero, de encontrarme en una situación parecida, me imagino que me comportaría igual que ella. Dar cobijo y alimento a un ser humano que se encuentra en estado de necesidad, aunque se tenga la impresión de que se trata de un inmigrante ilegal, es una reacción admirable, que no repugna a la conciencia de ninguna persona de bien, sino todo lo contrario.Por eso me llamó profundamente la atención y me resultó repugnante la noticia ofrecida ayer por EL PAIS de la confirmación por el TSJA de la sanción impuesta a Francisca Gil por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz en 1997 por ayudar a un ciudadano argelino.

Llevamos un montón de meses en los que prácticamente todas las noticias que nos llegan sobre la forma en que reaccionamos ante los inmigrantes son deprimentes. Deprimente ha sido la actuación del Gobierno de la nación, que abrió la legislatura pasada drogando y amordazando a los emigrantes que se encontraban en un campamento de acogida en Ceuta, para poderlos repatriar de manera más cómoda. Deprimente ha sido la actuación del Gobierno esta misma semana, repatriando a Marruecos a los inmigrantes interceptados en Mijas, con una interpretación más que discutible de la Ley de Extranjería. Deprimentes fueron los acontecimientos de El Ejido, la forma de abordar el problema del alcalde del municipio y el apoyo que recibió de toda la dirección del PP, con la única excepción del entonces ministro de trabajo, Manuel Pimentel. Deprimentes han sido los acontecimientos en Almoradí, en donde se empezó atacando a los gitanos pero se acabó agrediendo a unos marroquíes para rematar la faena, ante la pasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local.

La primera noticia en mucho tiempo que transmite un mensaje de solidaridad respecto de los inmigrantes es la de Francisca Gil. Y es noticia por la reacción que su conducta ha provocado en los poderes públicos. Denuncia ante la justicia penal primero y sanción administrativa después. Sanción administrativa que ha sido confirmada esta semana por el TSJA.

Si los poderes públicos hubieran actuado en los casos del El Ejido o en el de Almoradí con el mismo celo con que lo han hecho en el caso de Francisca Gil, posiblemente no habrían llegado las aguas a donde llegaron y se habría procedido después contra quienes fueron protagonistas de las agresiones a los inmigrantes de la forma en que debe hacerse en un Estado de Derecho.

Mal país aquel en el que se sanciona una conducta como la de Francisca Gil y se alaba la conducta de los alcaldes de El Ejido o de Almoradí, que no sólo no hicieron nada para impedir lo que ocurrió, sino que han justificado a posteriori la conducta de los vecinos. El mensaje, en todo caso, no puede ser más inequívoco.

JAVIER PÉREZ ROYO