El Gobierno de Ibarretxe presenta las dos querellas anunciadas contra Villar

El Gobierno vasco hizo ayer público que el miércoles presentó en los juzgados de Instrucción de Vitoria y Madrid dos querellas criminales contra el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Enrique Villar, por la presunta comisión de dos delitos de prevaricación y calumnias. Las acciones judiciales tienen su origen en unas declaraciones de Villar, el 8 de junio a la cadena de televisión CNN+, en las que afirmó que "es difícil compartir ciertos datos" por parte del Ministerio del Interior, "aunque deberíamos hacerlo, con un Gobierno que colabora con los asesinos a los que perseguimos".El consejero de Interior, Javier Balza, denunció en la Cámara vasca que el Ministerio ocultaba información a la Ertzaintza sobre los objetivos de ETA, el cuerpo encargado de dar seguridad a los cargos públicos y políticos. La denuncia de Balza se basaba en la memoria elaborada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, en las que advertía de que ese tipo de actuaciones del Ministerio del Interior podía acarrear peligro a las personas, y consiguientemente incurrir en responsabilidades judiciales.

La vicepresidencia del Gobierno vasco deduce de las declaraciones de Villar que el propio delegado del Ejecutivo central reconoce que el Departamento dirigido por Jaime Mayor Oreja oculta información incautada a comandos de ETA a la consejería vasca de Interior "intencionada e interesadamente".

Para el Gobierno de Vitoria, se trata de un presunto delito de prevaricación porque ese comportamiento implica que, a sabiendas, ha incumplido el Estatuto de Autonomía, que concede a la Ertzaintza las cuestiones de seguridad.

La vicepresidencia dice que también hay un presunto delito de calumnias cuando Villar afirma que el Gobierno de Ibarretxe "colabora con los asesinos". Esta querella fue tramitada en el juzgado de instrucción de Madrid por ser la jurisdicción en la que "presuntamente" se cometió el delito de calumnias.

Si las declaraciones sobre la ocultación de datos le pueden acarrear problemas a Enrique Villar, ayer tuvo que rectificar otras que hizo en Barcelona el jueves, al asegurar que el 99,9% de los detenidos por practicar la lucha callejera tienen nombres en euskera. Además, sugirió que las ikastolas son las fábricas donde se hacen los violentos.

Villar admitió que se equivocó y rectificó: "Entiendo que no es una de las mejores frases que yo he dicho y no hay ningún inconveniente en pedir disculpas por ello. Lo único que quería era dejar constancia de un hecho, pero si eso puede molestar a alguien porque sus hijos se llamen así , Dios me libre de querer molestar a nadie, que quede el tema bien claro".

Torrente

La nueva irrupción pública de Villar generó una marea de indignación en todos los partidos políticos vascos, menos en el PP. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, le llamó "mamporrero de Jaime Mayor", y la portavoz socialista Isabel Celáa le calificó de "irresponsable". Un portavoz de EA le llamó "franquista", y la vicepresidenta del Gobierno de Vitoria, Idoia Zenarruzabeitia, tildó sus palabras de "zafias".

Sin peder un minuto Villar señaló que no está dispuesto a admitir insultos como los dirigidos hacia su persona y hacia Mayor por Anasagasti, aunque quitó importancia a los términos "Torrente" y "virrey", que otras veces le ha adjudicado Anasagasti y los consideró "hasta prestigiosos".

Los problemas de Villar con sus declaraciones vienen de lejos. En 1998, tras la detención del comando Araba, que iba a atentar contra la diputada de UA Enriqueta Benito, Villar negó varias veces que era el objetido de aquel comando. Los etarras tenían preparada la bomba lapa para su coche cuando fueron detenidos.

Mayor tildó de "grotesco" el anuncio de la querella y aconsejó al Gobierno vasco que reserve las acciones judiciales para los autores de altercados callejeros, informa desde Lisboa Javier García.