El Poder Judicial critica que la reforma de la Ley de Extranjería prive de derechos fundamentales

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer mostrar su "preocupación" al Gobierno porque la reforma que pretende hacer de la Ley de Extranjería privará a los extranjeros en situación irregular de derechos humanos fundamentales que sí protege la ley vigente. De los 20 consejeros presentes, 14 votaron a favor de esa crítica, que considera un retroceso el anteproyecto, mientras que seis, propuestos por el PP, votaron en contra. Uno de ellos, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, dijo que el Consejo no debe pronunciarse sobre si es o no constitucional el texto sometido a informe.

"Preocupación"

Varela reconoció que el pleno del Poder Judicial dio su aprobación aproximadamente al 95% del proyecto de informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes, de contenido crítico con el anteproyecto de ley, pero aseguró, sin embargo, que el texto final, del que resaltó su carácter "técnico, ni elogioso ni crítico", envuelve más "consideraciones positivas que negativas".Criterio diferente mantiene uno de los ponentes del informe, Ramón Sáez Valcárcel, quien aseguró ayer que "el informe aprobado por el pleno es más crítico con el anteproyecto que el elaborado por la comisión". Sáez basa su afirmación en la introducción del texto que expresa la preocupación del Consejo por la privación a los extranjeros en situación irregular de la titularidad de una serie de derechos fundamentales, aunque para su ejercicio sean admisibles modulaciones.

Control judicial

El texto añadido al informe fue redactado por el presidente del CGPJ, Javier Delgado, y en él se manifiesta que al Consejo le produce "preocupación el regreso al sistema de la ley de 1985, privando a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga, independientemente de que su regulación legal pueda incluir las restricciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".Algunos de los vocales opuestos a ese texto mostraron su inquietud porque con él se ofreciera "un titular" a los periódicos. De los 20 consejeros presentes en el momento de la votación -por ausencia de Esther Giménez Salinas-, 14 votaron a favor y lo hicieron en contra los seis siguientes, propuestos en su día por el PP: Enrique Arnaldo, Margarita Retuerto, Manuel Damián Álvarez, Rubén Antonio Jiménez, Francisco Monterde y Benigno Varela.

La mayoría del CGPJ consideró que los extranjeros en situación irregular no pueden quedar excluidos de la titularidad de esos derechos fundamentales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional apoya este criterio. El máximo intérprete de la Constitución anuló en 1987 varios preceptos de la Ley de Extranjería de 1985. Así, la necesidad de que los extranjeros tuvieran que solicitar autorización del órgano competente para ejercer el derecho de reunión fue declarada inconstitucional, y por el mismo motivo fue anulada la facultad que la ley de 1985 daba al Consejo de Ministros de suspender las actividades de las asociaciones promovidas o integradas mayoritariamente por extranjeros. El Constitucional exigió resolución judicial motivada para disolver o suspender una asociación y, en general, restringir derechos fundamentales.

De acuerdo con esos criterios, el informe aprobado ayer por el CGPJ exige el control judicial de toda decisión administrativa limitadora de derechos fundamentales de los extranjeros. De ahí que critique que la reforma de la Ley de Extranjería pretenda hacer desaparecer ese control en cuanto al carácter ejecutivo de sanciones, como la de expulsión, o mediante la no motivación de algunas de las modalidades de denegación del visado, o a través de la no consideración de privación de libertad de acuerdos administrativos sobre extranjeros.El portavoz Varela señaló que, en cuanto a la oportunidad de la reforma, a menos de seis meses de la ley a modificar, el Poder Judicial no se pronuncia, si bien constata que "desde la seguridad jurídica, conviene que las normas no se reformen constantemente". También aseguró que al CGPJ "no le corresponde hablar de la constitucionalidad del anteproyecto", aunque el informe se apoya en la doctrina constitucional.