El Gobierno cambiará la ley de marcas para adaptarla a la UE
El Consejo de Ministros analizó ayer un informe sobre el anteproyecto de ley de marcas. Esta nueva norma derogará la ley del 10 de noviembre de 1988 y pretende cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de junio de 1999. La nueva norma adapta además la legislación española a la directiva comunitaria e incorpora al derecho español los principios recogidos sobre las marcas en distintos tratados internacionales. La nueva ley pretende también mejorar la protección de los consumidores, pues las asociaciones de consumidores y usuarios podrán señalar cuáles son las marcas que, a su juicio, deben ser denegadas. - Prostitución infantil. El Consejo de Ministros autorizó ayer la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Los países firmantes de este protocolo se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores contra estas tres actividades delictivas, que se considerarán incluidas entre los que dan lugar a la extradición. El Protocolo firmado ayer enumera asimismo las medidas que deben adoptarse para reprimir estos delitos y para proteger los derechos de las víctimas.
- Reforma ministerial. El Gobierno aprobó ayer la modificación de la estructura de los ministerios del Interior, de Sanidad y Consumo, y de Ciencia y Tecnología. En Interior, la nueva Delegación del Gobierno para la Extranjería e Inmigración asume las competencias de Interior en esas materias. En Sanidad se potenciará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de su Comité Consultivo. Un real decreto desarrolla la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de nueva creación en esta legislatura.
- Otros acuerdos. El Consejo de Ministros amplió ayer en 5.000 millones el compromiso de gasto en las comarcas mineras. El Gobierno cumple así el compromiso de reactivar la economía de estas comarcas. El Ejecutivo aprobó asimismo la instalación en España de la sede permanente de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. El último consejo antes de las vacaciones aprobó también la creación de las áreas de inspección de Educación en las nueve comunidades autónomas con competencias transferidas.
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