Argentina, la gran depresión

Después de la recesión

"Contame tu condena / decime tu fracaso / no ves la pena que me ha herido...", dice la melodía del tango que suena hoy de fondo en las calles de Buenos Aires. Abres la puerta de un taxi, te sientas, y el chófer canta su propia versión de La última curda (borrachera), que seguramente empieza así: "Yo nunca vi nada igual, nunca estuvimos tan mal como ahora, y eso que las pasé todas". El Gobierno argentino afronta la peor oleada de críticas desde la llegada al poder del radical Fernando de la Rúa, en diciembre del año pasado. Los problemas económicos que atenazan al país han provocado fuertes protestas en numerosos sectores de la sociedad, desde la Iglesia hasta el propio Partido Socialista Democrático, socio de la coalición gobernante.

La muerte de Favaloro

La debilidad económica lleva tiempo afectando a la población. A la recesión económica de los dos últimos años, con la brutal consecuencia del desempleo masivo, le ha sucedido la tan temida depresión.Uno de cada tres ciudadanos tiene problemas de empleo. Está desocupado o subocupado, es decir, que su actual trabajo es inestable, temporal o por horas. Más del 40% restante de la población gana entre 400 y 800 dólares mensuales (entre 72.800 y 145.600 pesetas) y sólo una minoría estimada entre el 10% y el 20% cobra salarios de entre 1.000 y 4.000 dólares (entre 182.000 y 728.000 pesetas). En el último año se han agregado a la cola de los desempleados que salen cada día a rebuscarse la vida otras 206.000 personas.

El ánimo de la sociedad se ha derrumbado desde la cumbre de la ilusión provocada por el Gobierno del peronista Carlos Menem, a comienzos de los años noventa. Entonces se comenzaron a privatizar sin control las empresas del Estado con la promesa de que los fondos se destinarían a mejorar los servicios de salud, educación, justicia, seguridad y a la asistencia social. Ahora se ha llegado hasta el abismo de la decepción. El llamado modelo de Menem mostró su verdadera cara después de apagados los fuegos de artificio de los primeros años y con él se llevó una década marcada por la corrupción y por el aumento de la miseria urbana y rural. Hoy, en Argentina, mueren de hambre 55 niños por día y sobreviven 14 millones de pobres, más del 40% de la población.

Los síntomas de la depresión social sucedieron a la corta ilusión del recambio de gobierno en diciembre del pasado año. La Alianza, actual coalición de gobierno formada por la histórica Unión Cívica Radical más peronistas disidentes, socialistas y demócratas cristianos, ha tardado demasiado en reaccionar ante la crisis que heredó y en responder a ella con energía y proyectos.

La preocupación por reducir el déficit fiscal como objetivo básico para desarrollar un plan económico obligó a aumentar todavía más los impuestos y a rebajar un 12% el salario de los empleados públicos. En el último año de Menem el déficit estimado alcanzó los 10.000 millones de dólares (poco más de 1,8 billones de pesetas).

El suicidio del cardiocirujano René Favaloro, de 77 años, considerado una eminencia médica y la personalidad pública de mejor imagen, según las encuestas, estremeció al país. En las cartas personales que dejó a familiares, amigos, a la prensa y al propio presidente de la nación, Favaloro parece atribuir las razones de su fatal decisión a los problemas económicos que atravesaba su fundación, donde se atendía a enfermos llegados desde todo el país y a la que le debían fortunas las obras sociales sindicales y la de jubilados, administrada por el Estado.El pasado miércoles, después de caminar 380 kilómetros desde la ciudad de Rosario a Buenos Aires, cuando la columna de militantes del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) -uno de los sindicatos disidentes del país- llegó frente a la sede del Congreso, el secretario general de la central, Víctor de Gennaro, reconocía que el objetivo era en principio el de "lograr que la gente salga de la cueva y recupere al menos las ganas de gritar, de luchar". Las protestas de la CTA pretenden reclamar un subsidio mínimo para los jefes de familia desocupados. Este sindicato confía en reunir al menos un millón de firmas de adhesión para que su proyecto de ley sea tratado por el Parlamento.