Justicia, opinión y sentido común JOSEP RAMONEDA

Al juez Adolfo Fernández Oubiña le gusta épater. Su historia profesional es rica en alardes y sorpresas. Por eso, en el mundillo judicial, la decisión de dejar en libertad bajo fianza a los diez inculpados por el llamado crimen de la Villa Olímpica ha sido inventariada como un nuevo "oubiñazo". Al juez le gusta ser noticia. Fue precisamente por llamar "golfos que salen a matar" a los mismos inculpados que ahora ha puesto en libertad que el Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente. Ni entonces correspondía a su función tanta pirotecnia calificadora ni ahora tanta magnanimidad. Aquellos personajes de "naranja mecánica", según expresión del propio juez, salen a la calle. El juez Oubiña ha optado por contribuir al clima de alarma social generado por este grupo de matones. Sólo cuatro meses han pasado desde que fueron detenidos por el asesinato a patadas del joven Carlos Javier Robledo, el pasado primero de abril. Cuentan las crónicas periodísticas que ni los mismos abogados defensores de los inculpados se lo esperaban. Es fácil imaginar la reacción de los familiares de la víctima.La relación entre justicia y opinión pública es siempre muy complicada. Las razones de la justicia no siempre son las del sentido común. Ni tienen por qué serlo. Tampoco son las de los sentimientos mayoritarios que, en la sociedad mediática, se propagan a gran velocidad. La opinión pública es a menudo reflejo de estados de ánimo cegados por el fulgor de un acontecimiento. Con suma facilidad la escalada de la indignación salta de un eslabón a otro hasta estallar en los medios de comunicación, porque clamar justicia siempre es agradecido. Y porque hay algunos delitos cuyo horror parecen quitar cualquier derecho al culpable. La obligación de la justicia es aplicar la ley con serenidad y sentido de la equidad. Y ser rigurosos en algo que a la ciudadanía le cuesta entender y que responde al feo nombre de garantismo: asegurar que nadie esté en la cárcel sin ser culpable. Ante cualquier delito la opinión quiere culpables con urgencia, porque es una forma primitiva pero muy enraizada de compensar el malestar -y el temor- que genera el desequilibrio originado por el crimen. Para garantizar que sólo sea acusado como culpable el verdadero autor del delito es fundamental que los jueces se mantengan al margen de la presión social, pero con el expreso compromiso de no contribuir un ápice a alimentarla gratuitamente.

En el caso de la Villa Olímpica no consta que haya concurrido ningún dato nuevo que modifique las conclusiones a las que el juez llegó cuando encerró a los inculpados. Es verdad que la prisión preventiva debe ser excepcional. Y que, a menudo, se abusa de ella por miedo a la incomprensión de la opinión pública. Pero los inculpados llevaban sólo cuatro meses en esta situación y no hay datos que hagan pensar en que se entrara en una dilación excesiva del procedimiento. Sólo el peculiar sentido de la justicia con ruido y aparato que tiene Oubiña parece explicar una decisión que sí contribuye, sin duda, a avivar el fantasma de la alarma social sin necesidad alguna. Porque lo más chocante del asunto es que Oubiña se contradice descaradamente a sí mismo: las razones de hace cuatro meses y las de ahora no concuerdan. Si entonces los imputados eran un peligro ¿por qué no lo son ahora?

En general, hay mucha confusión sobre el papel de la justicia. Una confusión a la que han contribuido poderosamente los responsables políticos cuando piden a los jueces que actúen con dureza y ejemplaridad en determinados casos, cuando dan a entender que la solución de determinados problemas depende de cómo la justicia actúe. Las sentencias no han de ser duras ni ejemplares, han de ser justas, conforme a lo que dice la ley. Y la justicia no resuelve problemas. Entre otras cosas porque llega siempre tarde: cuando el delito ya se ha cometido. Confiar en que los problemas de seguridad y de convivencia los resuelva la justicia es una dejación de responsabilidades por parte de los políticos y por parte de la propia sociedad. La justicia sólo sanciona las conductas consideradas delictivas. Puede que el temor de la justicia evite algunas de estas conductas, pero en ningún caso resolverá los problemas que llevan a estas situaciones y a sus causas. Una sociedad en la que así ocurriera sería una sociedad totalitaria. Pero decisiones como la de Oubiña no hacen si no aumentar la confusión. No hay relación entre la gravedad de los hechos relatados en su día por el propio juez y la levedad de criterio a la hora de dejar a los inculpados en libertad bajo fianza. Ante actuaciones como la de Oubiña no hay que defender a la justicia de ciertas reacciones del sentido común, sino que hay que pedir simplemente un poco de sentido común a la justicia. Y, sobre todo, recordar que si con algo es incompatible la justicia es con la frivolidad.