Gore denuncia "serias irregularidades"

Estados Unidos se encaminaba anoche hacia una crisis institucional sin precedentes.Mientras se ultimaba el segundo recuento de los votos de Florida, el vicepresidente Al Gore, a través de su jefe de campaña, William Daley, y el ex secretario de Estado Warren Christopher, adelantó que no aceptará su resultado probable: la confirmación de una exigua victoria del candidato George W. Bush, que convertiría en nuevo presidente de Estados Unidos al gobernador de Tejas.

Arguyendo, según Christopher, "serias y sustanciales irregularidades", Al Gore solicitó un tercer recuento, esta vez manual, en cuatro condados del Estado de Florida, y no descartaba sumarse a las acciones legales para exigir una nueva votación en el condado de Palm Beach. El nombre de la persona que ha de suceder al presidente Bill Clinton en la Casa Blanca el 20 de enero seguirá en el limbo hasta, como mínimo, el 17 de noviembre.

Anoche, la secretaria de Estado de Florida, Catherine Harris, informó a los periodistas de que no se proclamarán resultados oficiales hasta que ese día hayan sido escrutados también unos 2.000 votos por correo que todavía no han llegado a los colegios y que, en su mayoría, son de militares destinados en el extranjero.

Según Harris, el segundo recuento oficial había escrutado anoche los votos de 53 de los 67 condados. No dio ninguna cifra sobre los nuevos cómputos y además aseguró que hasta ahora las autoridades se atienen a los resultados del primer recuento (que daban vencedor a George Bush por una diferencia de 1.784 votos).

Ventaja exigua

No obstante, según los cálculos de la agencia de prensa Associated Press, Bush ganaba anoche por apenas 225 votos con datos obtenidos en 65 de los 67 condados.Por su parte, Al Gore adelantó que no se conformará con la segunda revisión en marcha. El vicepresidente demócrata parecía inclinarse hacia una decisión política de alcance imprevisible: negarle la victoria a Bush y exigir nuevas votaciones. "La voluntad del pueblo de Florida era votar Al Gore", declaró su portavoz, Chris Lehane.

La campaña presidencial demócrata, informó Lehane, ya tenía a sus abogados preparándose para una larga batalla legal. El principal campo de esa batalla es Palm Beach. Cientos de vecinos de ese condado, de tradicional mayoría demócrata, se manifestaron ayer para exigir una nueva votación, y algunos de ellos anunciaron la presentación en ese sentido de una demanda judicial. Los improperios que ayer se lanzaron mutuamente los seguidores demócratas y republicanos frente a los juzgados de Palm Beach vaticinan el duro pulso político que se avecina entre ambos candidatos presidenciales.

La queja de los seguidores demócratas se centra en el muy confuso diseño de las papeletas, que podían provocar el error de votar por el ultraderechista Pat Buchanan cuando en realidad se quería votar por Gore. El martes ya fueron anulados en Palm Beach 19.120 sufragios porque tenían agujereadas dos opciones electorales. Entre los válidos, Buchanan recibió 3.407, una cantidad insólita en esta zona, donde viven muchos judíos.

El propio Buchanan, en declaraciones a NBC, reconoció ayer que "muchos de esos votos probablemente no eran para mí y podrían ser suficientes para darle a Gore un margen de victoria en Florida".

Karl Rove, el jefe de campaña de Bush, acusó a los demócratas de construir una crisis sobre una falsa polémica, aduciendo que papeletas similares de Florida habían sido utilizadas en otras zonas del país. Mientras Bush guardaba silencio y esbozaba su equipo de gobierno, su enviado a Florida, el ex secretario de Estado James Baker, advirtió de que una prolongación del contencioso puede dañar "la seguridad nacional y las relaciones exteriores" de EE UU.

Para demostrar que no lo ve así, Clinton anunció que, como estaba previsto, comenzará el domingo una gira asiática que incluirá Vietnam. Baker señaló que Bush no tiene nada que ver con el lío de Palm Beach. "Las confusas papeletas", recordó, "fueron aprobadas por los representantes locales de los partidos demócrata y republicano, publicadas previamente en los periódicos locales y, mire por dónde, no hubo quejas hasta después de las elecciones". Pero esas quejas se convirtieron ayer en clamor cuando el reverendo afroamericano y prominente político demócrata Jesse Jackson se sumó en persona a las protestas en ese condado de Florida. Dado el sistema indirecto de elección del presidente y la estrechez de los resultados del martes, el sustituto de Clinton será quien conquiste la mayoría en ese Estado y sus 25 votos en el Colegio Electoral que debe reunirse en Washington el 18 de diciembre.

Gore señaló el miércoles que,pese a haber ganado por los pelos el voto popular en todo Estados Unidos (unos 150.000 sufragios de ventaja sobre un total de unos 100 millones de votantes, según datos de ayer), no pone en cuestión el arcaico sistema del Colegio Electoral. Pero está convencido de que ganó en Florida y de que los votos de Palm Beach son la clave.

Injusticia sin paralelos

La tensión subió muchos grados cuando Daley y Christopher exhibieron gran combatividad en una rueda de prensa en la que hablaron de "irregularidades" y exigieron el tercer recuento manual en cuatro condados. "Creo que los tribunales tendrán que mirar seriamente lo que parece una injusticia sin paralelos en nuestra historia", dijo Daley.Que los tribunales intervengan en la decisión sobre el nombre del presidente es algo sin precedentes en EE UU, pero siempre hay una primera vez. La confusión podría ser enorme, porque los republicanos adelantaron ayer que si Gore no acepta los resultados oficiales de Florida, ellos podrían exigir recuentos en Iowa, Nuevo México y Wisconsin, donde el candidato demócrata sacó una corta mayoría.

"En toda Florida ha habido irregularidades que ponen en cuestión los resultados", aseguró ayer Jesse Jackson. Kweisi Mfume, presidente de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), denunció que algunos afroamericanos no pudieron votar porque la policía se lo impidió o porque fueron informados de que ya no había papeletas o los colegios ya habían cerrado.

La NAACP pidió la intervención del Gobierno federal, pero Janet Reno, secretaria de Justicia, respondió que "los procesos electorales son responsabilidad de los Estados", y no de Washington. No obstante, Reno indicó que estudiaría las quejas sobre irregularidades que pudieran violar las leyes federales, como es el caso de las que tienen que ver con la raza.