La inseguridad, más allá de la prevención ROBERTO BERGALLI

El mes pasado reflexioné, en estas mismas páginas, sobre lo que denominé como "tormenta de la inseguridad veraniega". Pretendí quejarme así de dos aspectos que me siguen pareciendo el resultado de manipulaciones en lo que atañe al llamado "sentimiento de inseguridad". Uno, relativo a lo que, finalmente, hubo de entenderse por tal después de todas las contradicciones y ambigüedades que se hicieron evidentes durante el verano pasado entre todos los elementos con que fue presentado dicho sentimiento. Otro, respecto a la utilización de las policías para evitar una clase de inseguridad unitaria, aquella que en estricto sentido se presenta como riesgo para la integridad física o una puesta en riesgo de bienes materiales.En las pasadas semanas, en cambio, han aparecido informaciones que todavía permiten desvelar la naturaleza intrínsecamente política de esas maniobras, las cuales, por tanto, hacen más instrumentalizable dicho "sentimiento de inseguridad". Dos circunstancias permiten hacer esta afirmación. Por un lado, se ha difundido un manifiesto de alcaldes socialistas del entorno de Barcelona reclamando un aceleramiento en el despliegue de los Mossos d'Esquadra pues, según ellos, la reducción que ya han comenzado a sufrir las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía en sus ciudades, ante el anunciado despliegue, derivará a medio plazo en una situación insostenible para la seguridad. A esta solicitud, la Generalitat ha respondido con una descalificación, sostenida por otro partido político (ERC), con apoyo en ciertos argumentos que le quitarían base constitucional y estatutaria. El fantasma de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana, que tendría una clara coloración política, renace frente al poder policial del Gobierno catalán; una tensión que, aún habiendo existido en otros campos de la gestión política en Barcelona a lo largo de los veinte años de tirantez entre el pujolismo y el socialismo democrático, en éste de la seguridad-inseguridad desempeña un papel desacreditante, tanto de las fuerzas de seguridad cuanto del verdadero "sentimiento" de los ciudadanos de la capital.

De otro lado, la inseguridad parece haber afectado al corazón mismo de la autoridad municipal. Nada menos que la concejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona fue despojada en pleno Eixample de su bolso, mediante amenazas ejercidas por un individuo que esgrimió una jeringuilla. Este hecho no desató únicamente una operación de barrido por agentes de la Guardia Urbana y del Cuerpo Nacional de Policía por toda la Ciutat Vella, la cual se saldó con casi un centenar de personas identificadas, sino que asimismo dio pie a unas manifestaciones del propio alcalde: "Estos delitos menores afectan mucho a la sensación de inseguridad de los ciudadanos, que perciben un riesgo que en los últimos meses es creciente". Lo más significativo de las declaraciones del alcalde es que considera que estos delitos menores son más una "cuestión judicial y de prevención que policial"; a su juicio, existe una "disfunción entre el sistema jurídico, la Administración de justicia y la prevención". Qué quiso decir el alcalde con estas manifestaciones es un punto que a mí, por lo menos, se me escapa. Y se me escapa porque sigo sosteniendo que, por una parte, la sensación de inseguridad es algo mucho más complejo que lo que pueda entenderse como "prevención". Cierto que tampoco puede afirmarse que la imagen de inseguridad que proyecta Barcelona empeora "porque la presencia de policía local en la calle es ínfima", según han sostenido representantes del grupo municipal de CiU.

Las policías públicas, como instancias que son del sistema penal, funcionan con una lógica reactiva, focalizada en individuos determinables (pareja delincuente / víctima), preponderantemente orientada hacia el pasado, sobre la base de determinados estereotipos criminales, teniendo como finalidad declarada la de identificar y atrapar (selectivamente) a los imputados de un hecho que ya se ha cometido. Con otra lógica actúan los hoy tan desarrollados entes de seguridad no estatales, ya sean éstos de seguridad privada o comunitaria. Los cuerpos de seguridad públicos tienen como función manifiesta y preponderante la de "prevenir" mediante la captura real opotencial de quien ya ha cometido un delito, para permitir su eventual inculpación y posterior punición. En este sentido, la alardeada prevención hacia el futuro que deberían realizar los cuerpos de seguridad siempre constituirá un objetivo fracasado, sobre todo porque producir seguridad con miras a lo que puede ocurrir, pone en riesgo el débil equilibrio entre seguridad y libertad.

Esta confusión sobre la idea de inseguridad da lugar a paradojas como la que se puso de manifiesto en la reunión del Consejo de Seguridad de Barcelona del pasado día 5 de diciembre. Allí se dijo que pese a que la pequeña criminalidad decrece, la "sensación de inseguridad aumenta". Ambos datos parecen depender de estadísticas policiales y encuestas de cuya fiabilidad merece mi mayor desconfianza. El concepto de seguridad, y no sólo en Barcelona, necesita una seria reconsideración. Lo señalaba Ramoneda (EL PAÍS, 5 de diciembre) con clarividencia: la legionella y las vacas locas demuestran que el sentimiento de inseguridad es algo más que un delito en las calles o en las casas, y que la inseguridad que transmiten los políticos al afrontar estos problemas nos sumerge en la sociedad del riesgo. De tal manera, el gobierno, en el sentido que le asignó Michel Foucault, como "conducta de conductas", o modos de acción tendentes a dirigir las actividades y comportamientos de individuos o grupos, tiene serias responsabilidades en este asunto, pues implica un conocimiento en profundidad de las actividades de esos individuos y un sistema de pensamiento sobre la naturaleza de las propias actuaciones de tal manera que sean practicables tanto por los sujetos que las ejecutan como por aquellos que son sujetos de ellas. Esto es lo que Foucault denominó una "codificación prescriptiva" que permite separar lo falso de lo verdadero y producir discursos que fundamentan, legitiman y funcionan como principios de transformación de las propias codificaciones prescriptivas.

Roberto Bergalli es jefe de estudios de Criminología y Política Criminal de la UB.