Los 'Ejidos' valencianos

J. J.PEREZ BELLOCHEl municipio almeriense de El Ejido se ha configurado como un referente de la explotación y maltrato de la población laboral inmigrada. A lo largo de este año, y con reiteración, los cronistas han divulgado con pelos y señales no pocos sucesos expresivos de los opulentos cultivos agrícolas de aquellas tierras así como de la condición a menudo esclavista de un amplio sector de la mano de obra extranjera que los posibilita. El agudo contraste entre la riqueza y la miseria, de consuno con la inoperancia o complicidad de las autoridades para remediar la injusta situación, ha sido motivo de escándalo en el ámbito de todo el Estado, provocando condenas acerbas y solidaridades tan sinceras como lejanas.

No diré yo que el citado municipio haya sido indebidamente satanizado, tal como aseguran algunos de sus habitantes. Pero lo cierto es que no les falta razón a éstos cuando arguyen que a ellos les ha tocado criar la fama cuando son muchos más quienes cardan la lana, aludiendo a cuantos aplican los mismos criterios discriminatorios y abusivos con respecto a los trabajadores inmigrados, tan dejados de la mano de Dios como enredados en las mafias explotadoras, los empresarios provechosos y la insensibilidad del entorno. Quien más quien menos daba por bueno el argumento y pensaba que la acusación no le incumbía. Más claro: los Ejidos posibles no tenían cabida en el País Valenciano, socialmente más evolucionado y perito en economía sumergida.

Pero ya se ha visto que no es así, que no estamos vacunados contra dicho oprobio, que también aquí, en el mismo riñón del cap i casal, se reproduce el mortificante trato de esclavos. Lo contaba estos días pasados en estas páginas el colega Jaime Prats, cuando describía las condiciones infrahumanas a que son sometidos muchos de los jornaleros sin papeles que se aplican a la recogida de naranjas en el Camp de Morvedre. Sueldos ínfimos y, por techo, el de una cueva en la ladera del castillo de Sagunto o la desolación de un almacén abandonado. No es necesario acentuar las tintas para hacernos cargo del panorama.

Tan penoso episodio coincide con la publicación del Anuario Social España 2000 elaborado por la Fundación La Caixa, según el cual las provincias valencianas se sitúan por encima de la media nacional en punto a bienestar social, y la capital autonómica, concretamente, figura en el número nueve de la clasificación. Claro que, en el apartado de empleo y calidad de trabajo, sólo alcanza el puesto 29, lo que acaso explique la lacra que glosamos y delata los déficit vergonzantes que desautorizan tanto discurso eufórico. A mayor abundamiento, el referido abuso resulta especialmente lacerante en una sociedad, la nuestra, con larga tradición migratoria y supuestamente reacia contra estas extorsiones.

El trance denunciado en Camp de Morvedre, además de apremiar una solución urgente, habría de ser un aldabonazo previsor de situaciones similares a lo largo y ancho del país que, de repetirse, constituyen razón bastante para descalificar a toda una Administración y a una patronal agrícola que, a las puertas del nuevo milenio, reproduce las peores páginas de la explotación laboral. El presidente Zaplana podría incluir esta postal navideña en su eufórico discurso de fin de año.