La UE pone en marcha su plan de choque para atajar la caída de ventas

Las medidas que la Unión Europea aplica desde ayer refugiándose en el principio de la protección de la salud de los consumidores tienen como objetivo fundamental proteger el mercado del vacuno. La retirada del mercado de las vacas mayores de 30 meses que no superen la prueba de la EEB (medida que no entrará en vigor hasta el 1 de julio) parte de un cálculo muy preciso equivalente a una pérdida de mercado del 10% (625.000 toneladas de carne).

El Consejo de Ministros de Agricultura aprobó en diciembre una propuesta urgente de la Comisión Europea para que se suspenda el uso de harinas animales desde el 1 de enero durante seis meses. Una medida un tanto dudosa para algunos ministros, como el español, Miguel Arias Cañete, que son partidarios de una prohibición definitiva.

La segunda medida fue la aplicación inmediata a partir del 1 de enero de 2001 de los test prionics a los animales de riesgo y ligado a ella la retirada de la cadena alimentaria de los animales mayores de 30 meses que no sean sometidos a la prueba o que no superen el test, aunque esta medida no entrará en vigor hasta el 1 de julio próximo. Los Estados miembros que hayan aplicados medidas comerciales unilaterales contra la EEB, calificadas por Bruselas como injustificadas, también están obligados a levantarlas.

Confianza del usuario

El objetivo de estas tres iniciativas es el de aumentar, supuestamente, la confianza del consumidor hacia la carne de vacuno. Es uno de los principios sobre los que se sustenta el Tratado de la UE. Pero también hay otro vital para el funcionamiento de la economía europea: el respeto de las reglas que rigen el mercado interior. Fue precisamente la salvaguardia del mercado único en plena fase de crecimiento lo que retrasó a los Quince en tomar medidas efectivas ante la primera crisis de las vacas locas en 1996. La consideraban un problema de un país, Reino Unido, y no comunitario. Hoy, la EEB es un problema común.

La crisis de confianza del consumidor se traduce en un colapso del mercado y en un coste económico que debe sufragar el presupuesto comunitario. La Comisión Europea estima que excluir de la cadena alimentaria humana a todos los bovinos mayores de 30 meses que no se sometan a las pruebas de detección de la EEB superará los 875 millones de euros. El presupuesto de la UE para 2001 cuenta con una reserva en el capítulo agrícola de 1.232 millones de euros para hacer frente a medidas excepcionales, de las que ya se ha acordado que en cuanto comience el año se presentará una rectificación del presupuesto para coger 970 millones de euros y destinarlos a la destrucción de animales.