Los veteranos de los Balcanes y sus familias denuncian el desamparo en que se encuentran

Hasta enero de 1998, los soldados y marineros profesionales que quedaban incapacitados física o psíquicamente para seguir en activo pasaban a retiro y tenían derecho a recibir una pensión y asistencia sanitaria hasta la jubilación. La ley de acompañamiento de los presupuestos de aquel año modificó esta situación y limitó la pensión a quienes resultaran incapacitados para cualquier profesión u oficio.

Es decir, quienes no pudieran seguir en el Ejército, por secuelas de accidentes o enfermedades contraídas en filas, pero sí fueran capaces de realizar otros trabajos, deberían conformarse con una indemnización. La cuantía de la misma es muy reducida, pues se basa en un baremo establecido hace una década para los reclutas del servicio militar obligatorio, no para los profesionales, y sólo se incrementa en los supuestos en que puede demostrarse que 'la incapacidad se ha producido con ocasión o como consecuencia de acto de servicio'. En el mejor de los casos, ésta puede llegar a unos cinco millones de pesetas, por ejemplo, por la pérdida de una pierna, cantidad que el jefe del gabinete jurídico de la ODS, Alberto Pérez, considera ridícula comparada con lo que pagan las aseguradoras por accidentes de tráfico.

Pero, además de no tener pensión, los soldados profesionales que abandonan las Fuerzas Armadas, voluntariamente o por la fuerza, se quedan sin derecho a la asistencia sanitaria. Si quieren mantenerla deben abonarla de su propio bolsillo, incluida la cuota que corresponde al Estado.

Sólo si la salida del Ejército se debe a una enfermadad o accidente reconocidos en el correspondiente informe se les garantiza atención médica hasta su curación. Pero ello no es posible con dolencias que se manifestan años después de su pase a la vida civil.

Acto de servicio

Esta situación ha aflorado con motivo del denominado síndrome de los Balcanes y fue denunciada ayer por veteranos y familiares de afectados. El secretario general de la ODS, Carlos García, pidió al Ministerio de Defensa que reconozca estas dolencias como contraídas en acto de servicio, con la consiguiente cobertura social y sanitaria, y no haga recaer sobre cada familia el peso de demostrarlo en los tribunales.

También reclamó la adopción de medidas urgentes para que todos los que hayan estado destinados en la ex Yugoslavia puedan someterse a un reconocimiento médico en profundidad y a un seguimiento sanitario a largo plazo, pues las secuelas pueden presentarse con muchos años de retraso. En su opinión, de esta tarea debería encargarse un organismo independiente del Ministerio de Defensa, como la Seguridad Social, tanto para garantizar la neutralidad como por el hecho de que muchos de los afectados ya no son militares.

Mientras la ODS solicitaba exámenes médicos exhaustivos, el PSOE acusaba al Ministerio de Defensa de discriminar a los soldados que sirvieron en los Balcanes respecto a los oficiales.

El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, dijo tener información de que Defensa está facilitando 'exámenes médicos completos' a los oficiales, mientras que a los soldados y cooperantes sólo se les realiza, en el mejor de los casos, 'un análisis de sangre y orina'.

El PSOE exigirá hoy al ministro Federico Trillo-Figueroa -que comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre síndrome de los Balcanes-, que 'extienda por igual a todos', sean soldados o cooperantes, las pruebas médicas necesarias para prevenir, o tratar, cualquier enfermedad relacionada con el conflicto.

La 'garantía de que el Gobierno vela por la salud de los soldados que participan en las misiones de paz' es, a juicio del PSOE, un requisito imprescindible para asegurar 'que se mantendrá el consenso ciudadano a favor de estas operaciones, pieza clave en la política europea de seguridad común', y que no se 'desincentivará el reclutamiento' de soldados para el nuevo Ejército profesional. Por estos dos motivos, los socialistas pedirán hoy a Trillo que Defensa elabore y aplique un plan completo y riguroso de chequeos y análisis a todos los participantes en operaciones de paz, y que considere 'fallecimiento en acto de servicio' las muertes que sean siquiera sospechosas de tener alguna relación con el uso de nuevas armas. El Gobierno, según los socialistas, 'debe evitar que exista la sospecha de que no se reconoce una relación causa-efecto entre las enfermedades y las nuevas armas para evitar el pago de compensaciones o pensiones a los afectados'.