El Gobierno cree que el fallo sobre el sueldo de funcionarios quita competencias a las Cortes

Rajoy aseguró que nunca había visto 'nada igual' porque la sentencia 'rompe las reglas del juego' ya que 'impide al Gobierno hacer política económica y al Parlamento aprobar los Presupuestos'. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, reveló que el recurso del Gobierno contra la sentencia se basará en que la congelación salarial no fue consecuencia de un acto administrativo sino de una ley aprobada en el Parlamento.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, criticó el fallo desde la perspectiva internacional: 'Esta sentencia no ha tenido en cuenta las condiciones para estar en la Unión Europea'. El titular de Administraciones Públicas, Jesús Posada, expresó su convicción de que el Gobierno ganará el recurso. Pío Cabanillas, ministro portavoz, opinó que la sentencia cuestiona 'el equilibrio normal del sistema de poderes'. Cristóbal Montoro, de Hacienda, recordó que si finalmente hay que pagar alguna cantidad tras la sentencia de la Audiencia 'van a ser los trabajadores españoles los que acabarán pagando esa cifra'. Según los cálculos de CC OO, cada funcionario debería cobrar entre 200.000 pesetas (para aquellos que tienen ingresos de 1,5 millones al año) y 677.000 (para los que ganan cinco millones) en aplicación de la sentencia.

Rectificación

El vicepresidente primero anunció que el Ejecutivo 'agotará todas las posibilidades legales a su alcance' para que 'el poder legislativo recupere su facultad de aprobar los Presupuestos'. Pese a que la Audiencia señala en su sentencia que no es posible el recurso de casación, Rajoy insistió en defender la presentación de un recurso 'en el que se pide al mismo órgano que rectifique el criterio y la posición'. El argumento que empleará el Gobierno en el recurso es que la sentencia no afecta estrictamente 'a un asunto de política de personal ya que priva al Parlamento de una de sus funciones básicas', que es la aprobación del Presupuesto.

La congelación salarial fue una de las primeras decisiones que adoptó el recién constituido Gobierno del PP, en julio de 1996. El encargado de ejecutar aquella medida fue Rajoy, que era ministro de Administraciones Públicas, con el argumentó de que la congelación era 'absolutamente necesaria' para que España cumpliera los objetivos de convergencia con la Unión Europea, que se concretaban en una reducción del déficit del 4,4%, en 1996, al 3% en 1997. Calculaba que la medida originaría un ahorro de 200.000 millones de pesetas al erario público.

Rajoy recordó ayer los aspectos jurídicos del caso: 'La Constitución establece que los Presupuestos los aprueban las Cortes Generales' y que, por tanto, el conflicto sería entre el Parlamento y el Poder Judicial. En este sentido, dirigió un guiño a la oposición: 'Tiene que pensar que se puede quedar sin la posibilidad de controlar al Gobierno en un tema de tanta importancia como los Presupuestos'. La presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, del PP, expresó 'su preocupación por las posibles implicaciones que el contenido de esta sentencia pudiera tener en la potestad legislativa de la Cámara y, concretamente, en sus competencias sobre el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado'. Rudi pidió un estudio a los servicios jurídicos de la Cámara.

El secretario general del PP, Javier Arenas, hizo un llamamiento al PSOE para que se una al PP 'en la defensa del modelo de Estado, que pasa por defender las competencias del Congreso y del Senado', informa Concha Monserrat.

El PSOE considera que no cabe recurso, sino tan sólo el acatamiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, y el comienzo inmediato de negociaciones entre el Gobierno del PP y los representantes de los funcionarios. Por ello, el Grupo Socialista presentará en breve una proposición no de ley por la que se insta al Ejecutivo a que emprenda el diálogo. 'Estoy seguro de que los sindicatos van a ser responsables y sus peticiones serán razonables', dijo el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera. Tras esa presumible prudencia está la tesis de los socialistas de que los pagos deben ser 'escalonados' para no abrir un agujero inmenso en las arcas del Estado. 'El incremento salarial se puede abonar en varias anualidades', recomendó Caldera. Para este portavoz, 'no hay cauce' para el recurso ante este fallo judicial, que pone de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios año tras año, ante 'la insensibilidad del Gobierno, que ha demostrado que no es precisamente el campeón del diálogo social'.