Los directores de instituto denuncian el nulo interés del Gobierno en la educación

La última vez que se convocó a los directores de instituto a una reunión fue en abril de 1998, y en aquel encuentro se llegó a exigir la dimisión del entoces director provincial de Educación, José Antonio Palacios. Ayer, los ánimos en el salón de actos del instituto Cardenal Cisneros estaban un poco más calmados. No se llegaron a pedir cabezas. 'Queremos hacer una llamada al Gobierno porque su atención a la educación no es prioritaria', dijo María Jesús del Arco, directora del Gerardo Diego, de Pozuelo, y una de las que modularon el debate.

Y es que, según el escrito, firmado de puño y letra por los 215 asistentes (el 76% de los que hay en la región), 'se han ido frustrando, unas tras otras, las favorables expectativas que en nuestros centros suscitó el proceso de transferencias'. 'Si bien en los momentos iniciales era lógico que se produjesen desajustes (...), ya no resulta justificable la permanencia de unas estructuras y modos de actuar que, con su rigidez, imposibilitan el correcto funcionamiento de los centros'. Pero el colectivo no quiso responsabilizar a Educación de sus males y disparó hacia otro lado. 'La situación actual nos traslada a épocas que pensábamos, afortunadamente, ya superadas (...), cuando la política educativa la dictaba el Ministerio de Hacienda. Ahora parece ser la Consejería de ese mismo nombre', continúa el escrito.

Los ejemplos citados en el documento, que enviarán tanto a los responsables gubernamentales como a los distintos partidos políticos, son de lo más variado: desde 'la situación angustiosa' que dicen pasar algunos centros debido a la tardanza en recibir el dinero de la Administración -retrasos que llegan a siete meses en algunos casos-, hasta la 'alarma e inquietud por el menoscabo permanente de la autonomía de gestión', o la implantación de normativas autonómicas cuando ya está planificado el curso, como sucede con la ampliación de horas en Historia y Filosofía.

El escrito contiene diez puntos reivindicativos y dedica especial atención a los alumnos de compensatoria (inmigrantes, miembros de familias pobres y gitanos con dos o más años de retraso). En este sentido los directores exigieron, como ya han hecho oposición y sindicatos, la elaboración de una normativa regional que 'obligue a una escolarización equilibrada' de estos alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos. Asimismo pidieron que la implantación del primer ciclo de la ESO en los institutos (todavía hay 18.000 alumnos en colegios) se haga con 'garantías', y que se eviten 'las continuas modificaciones' en la selectividad'.

Pero si algo levantó pasiones fue la implantación del programa informático de gestión económica realizado por Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en los centros. En el documento se llega a pedir su retirada por 'inoperante, costoso, engorroso y sobre todo porque no funciona'. Es más, dedicaron una carta de seis puntos exclusivamente para hablar de este tema. En cualquier caso, quisieron dejar claro la superioridad de los centros públicos sobre los privados, de los que, dicen, 'hay que estar orgullosos'.