El PSOE exige explicaciones al Gobierno por el "escándalo" del centro de menores

El Grupo Parlamentario Socialista anunció ayer que el próximo lunes iniciará los trámites para 'forzar en lo posible' la comparecencia 'inmediata' de la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, ante la Cámara regional. Los socialistas, a cuya iniciativa se sumarán previsiblemente los diputados de IU, reclaman explicaciones sobre las irregularidades y los motivos que han llevado al Gobierno regional a clausurar tres centros de tutela de menores: Guadarrama y Río Chico, ambos en la localidad de Guadarrama, y Cimbra en el distrito de Carabanchel en Madrid, gestionados por la Fundación Diagrama. Pedro Sabando, portavoz del grupo PSOE-Progresistas, ha calificado de 'escándalo tremendo' los supuestos malos tratos que sufrían los menores en el centro de Guadarrama.

Un joven de 14 años, interno en el centro para menores desamparados de Guadarrama, denunció ante la Fiscalía del Menor haber estado durante, al menos cuatro días, desnudo, atado y aislado en una habitación donde sólo había un colchón en el suelo. Investigaciones posteriores de la Fiscalía del Menor determinaron que la Comunidad ordenara el pasado viernes la clausura de ese centro y de los otros dos gestionados en Madrid por la Fundación Diagrama.

Sabando pedirá a la consejera Pilar Martínez que explique 'cuanto antes, cuándo, cómo y con quién se han mantenido las reuniones con los dirigentes de la Fundación Diagrama; qué han detectado en los centros clausurados y si éstos tienen o no personal cualificado'.

Ayer, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista vaticinó que 'estando de por medio la Fiscalía del Menor, la Comunidad de Madrid podría verse involucrada en responsabilidades penales'.

Elena Vázquez, portavoz de Menores del grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea, acusó a la Comunidad de haber incurrido en un caso de negligencia in vigilando. La diputada considera que aunque la gestión del centro de acogida Guadarrama esté contratada con la Fundación Diagrama, 'la responsabilidad de los chavales allí internados corresponde a la Comunidad de Madrid'. Vázquez considera que se trata de un caso de 'malos tratos y secuestro'.

Por su parte, Franco González, diputado de Izquierda Unida, calificó los hechos como el resultado de 'la privatización o externalización de los servicios públicos que hace el PP'.

El defensor del Menor, Javier Urra, tras mostrar serios recelos sobre el hecho de que entidades privadas gestionen centros de reforma o de protección de menores, anunció ayer que proyecta dirigir una recomendación al Gobierno regional sobre este asunto. 'Estoy pensando dirigir una recomendación', dijo, 'para que sean funcionarios de la Comunidad los que asuman la máxima responsabilidad en este tipo de centros. Me parece que corremos cada vez más riesgos si no hay un funcionario al frente de estos centros'.

Urra, que aclaró que carece aún de información sobre el caso del centro de Guadarrama, cerrado por 'irregularidades en el trato' a los menores, se mostró preocupado por que se esté cediendo a entidades privadas sin ánimo de lucro 'una responsabilidad pública'.

'Es verdad que detrás está la Administración, pero yo creo que hay temas que tienen que llevarlos directamente las instituciones', continuó Urra. Éste argumenta que 'un contratado laboral o un funcionario tiene una gran independencia en su actitud y en su comportamiento, mientras que los empleados en una empresa privada se hallan en una posición laboral más delicada, en la que resulta más difícil actuar con tanta independencia'. El diputado de IU Franco González critica que 'la Administración haya abandonado servicios esenciales, como éste de los menores, en manos de empresas cuyo fin es ganar dinero'.

En asuntos como los centros de protección o de reforma de menores, 'los ciudadanos quieren que la Administración asuma la responsabilidad, porque al final la responsabilidad es de la Administración', señaló el defensor. Urra hizo mención a lo que sucede en Castilla y León, cuyo Gobierno regional 'ha decidido que el director, los psicólogos y los equipos técnicos de los centros de menores sean funcionarios de la propia Administración'.

Javier Urra opina que si la Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales han decidido rescindir de forma tan fulminante el contrato de los tres establecimientos que gestionaba la Fundación Diagrama es porque a ambos organismos 'les ha parecido mal lo que han visto'.

Por su parte, la Fundación Diagrama anunció ayer la apertura de 'una investigación interna' para esclarecer los hechos que han motivado la clausura del centro Guadarrama. La fundación, 'que atiende a más de 4.000 menores y jóvenes en toda España', dice ser 'la más interesada en el esclarecimiento de los hechos'. 'Nuestro modelo de intervención pedagógica no contempla ninguna actuación que suponga maltrato para los menores'.

En cuanto a los hechos denunciados en el centro de Guadarrama 'para adolescentes con graves problemas de conducta en la Comunidad de Madrid', esta organizacion dice que 'confía plenamente en la acción de la justicia'.

Francisco Legaz, presidente de Diagrama, declaró a EL PAÍS que está 'preocupado, aunque con la conciencia muy tranquila, sobre los métodos que se utilizan en sus centros', informa Begoña Aguirre.

Los vecinos de la calle del Marqués de Villaverde, donde está el centro clausurado en Guadarrama, recuerdan que podían ver a los chavales en el campo de fútbol o en la piscina y dicen que percibían 'buen ambiente' entre cuidadores e internos. 'Mi impresión', dice una vecina, 'es que se divertían juntos, porque entre ellos se hacían bromas. Además, los cuidadores les mimaban'.