Familia numerosa

Una especie de padre natural despistado parece que es el Gobierno central cuando va y reconoce que Andalucía, familia díscola de la España va bien, tiene la tontería de casi 400.000 habitantes más, en concreto 383.000, que no es moco de pavo.

Don Cristóbal Montoro, el padrino de la familia cotizante española, el responsable de las propinas y aguinaldos, ha entrado en la casa autonómica y se ve obligado a reconocer que los padres de la Patria tienen algunos hijos más y que éstos, lejos de ser unos recién nacidos, estaban en edad de segundo curso de Primaria, porque los chicos figuraban en el censo desde 1996.

¿Cómo es posible semejante olvido? ¿No será que el mal cabeza de familia, cabreado con las ovejas negras y con su mamá haya abandonado durante tanto tiempo el hogar, retirando, de paso, parte de la pensión por alimentos?

Algo así debe suceder cuando a lo largo de más de un lustro se ha negado sistemáticamente a esta comunidad autónoma una realidad tan obvia como su situación demográfica oficialmente registrada.

El presidente Manuel Chaves ha reclamado con tesón, dando la lata en Madrid, para que el modelo de financiación se modifique, entre otras cosas, por el aumento de la población. No fue oído, dice Montoro, por razones políticas.

Se plantea entonces la discusión de cuáles razones políticas llegan a ignorar algo tan evidente como esto. Dependiendo de que los políticos se lleven mejor o peor durante las legislaturas correspondientes, incluso durante el curso parlamentario, cogen a los niños que faltan o sobran, según el interés, y les castigan en el cuarto oscuro a pan y agua o, si la cosa va mejor, les sacan al parque y a comer en una hamburguesería a razón de 40.000 millones anuales, que dan para mucha carne picada de vaca loca.

El señor ministro está acostumbrado, sin duda, a manejar cifras estratosféricas y por eso no tiene recato en decir que el reconocimiento del censo y consiguiente desembolso tan multimillonario no supone un cambio importante. No lo supondrá para él o para algunas comunidades privilegiadas, porque para esta tierra con el paro mayor de la UE, esos míseros dineros son muy significativos, se puede decir que imprescindibles.

No hay que echar las campanas al vuelo: los representantes andaluces no deben parar esas reivindicaciones legítimas que hay que seguir haciendo con la misma constancia, para que el Gobierno central reconozca el censo de 1.996 y luego el ahora planteado de 2.000. Así se sabrá a cuánto más tiene derecho el pueblo del sur en esta y otras materias, pudiendo exigirlo cómo y ante quién corresponda.

Hay que considerar, tomando la palabra a la señora Teófila Martínez, que esto sólo es un parámetro de la ecuación. Se tienen que despejar las incógnitas y de ello son responsables los políticos.

Y que no se olviden de que nadie hace un favor a Andalucía, porque estos derechos, la cesión de impuestos especiales y las pesetas, no solamente son necesarios, es que son, en justicia, nuestros.