El informe de la Generalitat sobre la Universidad propone cambios radicales

El informe fue encargado el mes de mayo del año pasado por el consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, a un comité compuesto por 22 personalidades del mundo de la ciencia y la cultura, pero también de la política y la empresa, y el resultado es un texto breve y muy sintético que trata esencialmente de las dos piedras clave de la reforma del modelo: el sistema de gobierno de las universidades y la política de selección del profesorado.

El informe establece de entrada lo que ya nadie discute. 'La excelencia universitaria pasa por que nuestras universidades tengan mayor autonomía, una organización participativa y flexible, y todo ello en el marco de una competencia institucional', dice.

Pero donde opta por la radicalidad es en la propuesta de un modelo de gobierno, abandonando por completo el modelo asambleario del actual marco jurídico -la LRU de 1985-, al proponer la pérdida de poder del claustro y la creación de 'un órgano de gobierno reducido, nombrado por la Administración pero sin criterios de representación, sino de calidad y competencia, y con responsabilidad ante el Parlament'. El presidente de este patronato también sería nombrado por el Ejecutivo, tendría que someterse a una comparecencia ante el Parlament y debería trabajar conjuntamente con el rector, que continuaría siendo la máxima autoridad académica.

El rector, sin embargo, no sería elegido por el claustro ni por ningún cuerpo electoral, sino que sería seleccionado -cooptado, según algunos- por el patronato a través de consultas dentro de la comunidad universitaria. El gobierno universitario se completaría con un consejo académico, responsable de la organización de la enseñanza y la investigación, y un claustro general -éste sí elegido- con funciones de consulta y supervisión de las líneas generales de la política de la Universidad y del seguimiento de sus objetivos de calidad. Pascual fue explícito al defender ayer este modelo: 'Este sistema de gobierno es el que nos parece más adecuado, pues los claustros, con 200 o 300 miembros, pueden ser órganos de consulta, pero no de gobierno'.

Sobre la política de selección del profesorado y también del personal no docente, el informe se muestra partidario de la desaparición del actual sistema funcionarial vitalicio, que, dice, 'debería ser sustituido por un sistema de contratación propio de cada universidad, que permitiera la evaluación docente y el establecimiento de un sistema retributivo que incentive la calidad'. Las estructuras salariales del profesorado, dice el informe, 'deberán ser diferenciadas y proporcionar incentivos suficientes en cualquier punto de la carrera académica'.

En cuanto al modelo de financiación, el informe rechaza que se limite a 'repartir recursos entre las universidades' y aconseja utilizarlo para estimular la mejora de las universidades. La distribución de los recursos, dice, debe basarse en 'la suficiencia, la autonomía en el gasto y la relación entre los recursos y los resultados', dentro de un régimen de 'concurrencia y competencia' entre las universidades. Cada universidad, añade, debe tener sus propios métodos de selección del alumnado, que deben ser bien definidos y conocidos por la sociedad, si bien no deben plantear más discriminaciones que 'el mérito y la capacidad'.