Los consejos sociales y la aritmética

Las universidades ya causaban quebraderos de cabeza -problemas de orden público incluidos- a los gobiernos franquistas. Así, pues, no cabe considerar a la autonomía universitaria, reconocida en la Constitución de 1977 y materializada en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), como el origen de los enfrentamientos entre gobiernos y universidades. Es más, descartado el uso de la fuerza en los campus, los inevitables conflictos que han ido surgiendo se han resuelto de forma civilizada, lo que no excluye el uso de presiones económicas y mediáticas por parte de los litigantes y, en último extremo, el recurso a los tribunales de justicia. Así, en el caso de la Comunidad Valenciana, sucesivos conflictos entre la Universidad de Alicante (UA) y el gobierno (socialista o popular, tanto da) provocaron la dimisión de dos de los tres magníficos rectores que la han regido, mientras que están a la espera de resolución judicial recursos acerca de los estatutos de las universidades de Valencia y Castellón, así como el relativo a la segregación forzosa, en 1997, de centros y estudios de la UA.

El statu quo descrito podría modificarse próximamente gracias al descubrimiento, por el Gobierno valenciano, de una singular panacea: La Ley de Consejos Sociales. Aprovechando al máximo (o un poco más del máximo) la capacidad normativa que la LRU concede a las comunidades autónomas, la nueva ley daría la primacía a tales órganos sobre las juntas de gobierno emanadas de las urnas, al tiempo que modificaría su composición de tal manera que garantizase una mayoría dócil a los dictados gubernamentales. Esta es, al menos, la apreciación de las juntas de gobierno de las cuatro universidades públicas estatutarias, de los sindicatos, de las asociaciones estudiantiles mayoritarias y de muchos universitarios no encuadrados en estas organizaciones, como quien suscribe, por mucho que la campaña de desinformación de los medios de comunicación oficialistas nos haya obsequiado con titulares tan equívocos como La ley de consejos sociales sigue adelante con un solo rector en contra o A favor de los consejos sociales (en un artículo relativo a las críticas de la asociación Joan Lluís Vives al proyecto). También los partidos de la oposición han manifestado su desacuerdo con el proyecto y su intención de presentar el oportuno recurso de inconstitucionalidad en el caso, muy probable, de que el grupo popular haga valer su mayoría absoluta en las Cortes Valencianas.

Para explicar a los lectores menos informados el papel reservado por el proyecto de ley al Consejo Social (CS para abreviar) en las universidades valencianas, nada mejor que recurrir al símil del consejo de administración en las empresas, que aprueba el plan estratégico que debe ser ejecutado por el equipo directivo (léase rectoral). El nuevo sistema permitiría, por ejemplo, que, mientras el CS de una universidad solicita del Gobierno valenciano el cierre de una parte de sus centros y estudios, el CS de otra demanda -en perfecta sincronía- la incorporación de los mismos. Se acabaron las segregaciones forzosas y los correspondientes recursos de inconstitucionalidad. Si los actuales CCSS han sido calificados de 'floreros' por uno de sus actuales presidentes, a partir de la entrada en vigor de la ley, los floreros serán los claustros y las juntas de gobierno, vaciando así de contenido a la autonomía universitaria.

Esta parece ser la autonomía universitaria equilibrada que nos propone el director general de Enseñanzas Universitarias, quien nos recordaba recientemente que 'la financiación del sistema público no procede mayoritariamente de los usuarios directos del mismo (las tasas de matrícula suponen apenas el 15% de la financiación universitaria) sino de un conjunto social que, mediante los impuestos, nutre de recursos a las universidades y, mediante el voto, decide quiénes están legitimados para ejercer las responsabilidades en materia de política universitaria'. En efecto, alrededor del 80% de los ingresos de las universidades se produce por la vía de las subvenciones pero, ¿acaso son insuficientes los mecanismos de control? También el sector agrícola europeo recibe subvenciones por valor del 40% del total producido y, que yo sepa, nadie ha propuesto poner al frente de cada explotación agropecuaria un todopoderoso CS que vele por el buen uso de los fondos públicos, dotado de una estructura administrativa propia y cuyos miembros reciban gratificaciones equiparadas 'a la asistencia a tribunales'. Para esas labores de control están, se supone, los servicios de inspección de las administraciones competentes. Sin embargo, encuentra uno con mayor frecuencia noticias sobre fraudes en el sector agrícola que en las universidades públicas, cuyas actividades son controladas por los actuales CCSS y por organismos como la Sindicatura de Cuentas.

Contrariamente a lo que afirma el consejero de Educación, el verdadero debate gira en torno a la aritmética. En efecto, los sucesivos proyectos de ley pretenden mantener la representación de las juntas de gobierno en el 40% actual, mientras que la cuota correspondiente a las centrales sindicales -que suelen unirse al sector académico en las votaciones trascendentales- pasa del actual 13,3 % al 5,7 % del primer anteproyecto, incrementado hasta el 6,7 % en el anteproyecto definitivo. Como ven, todo es negociable, menos la mayoría. En cuanto a los restantes miembros de los CCSS, a la vista de la actitud adoptada por los responsables de las administraciones controladas por el PP durante el largo enfrentamiento entre la UA y el Gobierno valenciano, todo hace pensar que formarán un bloque monolítico los miembros designados por las Cortes Valencianas, por las consejerías de Educación y Economía, por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de la capital. En cuanto a los representantes de las organizaciones empresariales, cámaras de comercio y los anacrónicos colegios profesionales, ¿podemos esperar una actuación independiente en los temas clave? No parece probable, a juzgar por episodios tan significativos como la famosa inauguración del curso 96-97 en la UA. Cuando el añorado empresario Isidro Martín (ex presidente de la CAPA en tiempos de la UCD y, más recientemente, de las organizaciones empresariales Coepa y Cierval) se encontró, a las puertas del Paraninfo, con quienes le habían sucedido al frente de estas organizaciones, les espetó: '¿Pero qué hacéis vosotros aquí? ¿No teníais tantas ocupaciones que os impedían venir? ¡Os llevan a golpe de pito! ¿No os da vergüenza?'. '¡Hombre, Isidro, que hay un periodista!', le contestó alguien. '¡Pues mejor!', zanjó Martín, alejándose. No he leído ningún desmentido de esta versión de los hechos por Juan R. Gil (Información, 6-9-00). Es verdad que el anteproyecto definitivo contempla la incorporación de dos miembros 'pertenecientes a entidades legalmente constituidas que representen los intereses profesionales, económicos y financieros, o de antiguos alumnos', cuyo voto podría ser decisivo. Lástima que sean designados por el presidente del CS, a su vez designado por el consejero de Educación. Como ven, todo queda atado y bien atado.

Miguel A. Goberna pertenece al departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante.