Comenzando con mal pie

Mucho me temo que si hay que juzgar la proyectada reforma universitaria por el texto del anteproyecto que circula en la red no tendremos más remedio que imitar a René Dumont y señalar que, como el África Negra, la reforma universitaria ha empezado mal. Casi en lo único en que se mantiene la tradición es en la hostilidad de los poderes fácticos que rigen la Universidad: si se opusieron a la Ley General de Educación en 1970, al proyecto de González Seara en 1981 o al modelo Maravall de la LRU, y lo hicieron siempre por motivos corporativos, lógico es esperar que se opongan ahora. El noventa por ciento de los plantes por la autonomía universitaria tienen ese sentido, y no otro. Empero, hay que reconocerles que esta vez tienen no poca razón en punto al anteproyecto de reforma universitaria. Por de pronto hay que advertir que se trata de un texto larguísimo, que contiene normalmente no ya regulaciones concretas, sino incluso detallistas y que apodera al Gobierno para hacer cosas que van muchísimo más allá de lo que le corresponde de conformidad con las reglas que ordenan el reparto de competencias en el federalismo asimétrico de que disfrutamos. Dicho en román paladino: si se publicara tal cual, el texto sería inconstitucional porque no deja espacio para que las comunidades autónomas produzcan sus propias normas de desarrollo -normalmente no hay nada que desarrollar que no se atribuya al Gobierno- e impide que éstas desarrollen en la materia políticas propias. Los redactores deberían repasar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional antes de meterse en belenes como éste. En pocas palabras, se trata de un texto necesitado urgentemente de tijera, un buen test, por cierto, para ver la entidad del poder valenciano.

De la lectura del texto se sigue que, si descontamos los numerosos preceptos tomados directamente de los tomos de Legislación Universitaria, de Tecnos Editorial, porque la intertextualidad no es de nuestro agrado, la reforma se ciñe a dos cosas y un silencio: órganos de gobierno, profesorado y finanzas. Es de agradecer que sea así porque hay consenso universal en que esos tres son los nudos gordianos de la reforma. Si empezamos por el silencio, no parece sino que hay que dar la razón a los señores rectores: donde no hay harina todo es mohína. El papel no dice palabra alguna ni de la financiación directa, ni del asunto de las tasas, ni de la política de becas. Y no es porque no haya material: el capítulo correspondiente del Informe Bricall, a mi juicio lo más aseado del mismo, proporciona algunas sugerencias que deberían figurar aquí. Ni siquiera las propuestas liberales de empresas vinculadas a las universidades se dignan aparecer en escena. Todo indica que se va a seguir en el asunto la más eficiente receta para el fracaso: la reforma de coste cero. Si se trata de minar la posición de las universidades públicas no cabe duda de que se está en el camino correcto. Que el país se pueda permitir una política así es otra historia.

Por lo que toca a los órganos de gobierno, los redactores han tratado de alzarse contra un modelo en el que nadie es responsable de nada y en el que estudiantes y personal subalterno votan para decidir si un doctor es competente o no para estar en un tribunal de una tesis, o en el que una representación estudiantil virtual -porque la participación en los comicios de puro baja es casi inexistente- tiene peso decisivo en la política universitaria. Propósito loable que comparten casi todos, lo digan o no, porque aquí hay mucho honorable profesor que dice en público exactamente lo contrario de lo que dice en privado. Mas la voz popular nos advierte de qué material está pavimentado el infierno y los redactores colocan aquí un buen conjunto de adoquines. Confieso que he leído tres veces el capítulo correspondiente para llegar a una conclusión: la parte correspondiente está redactada por un leninista infiltrado. En efecto, el anteproyecto recurre a la bien conocida técnica de acumular órgano huero sobre órgano de dudosa utilidad para llegar a una conclusión: al rector lo elegirán los profesores doctores funcionarios y no podrá levantar un papel sin el visto bueno de unos órganos que, a través de un juego de remisiones, apenas ocultan al rector mismo y al Consejo Social. La crítica de presidencialismo es, con perdón, tonta. El diseño no es presidencialista, es soviético: no son las instituciones formales, son los poderes fácticos los que gobiernan, las instituciones ponen el sello de caucho.

Para ese viaje no hace falta tanta alforja, sólo de humo repleta -en buena medida es lo que pasa hoy-, de lo que se trata es de cambiar unos poderes fácticos por otros. Que a los actuales no les guste ser sustituidos es algo que entra dentro de lo esperable.

Finalmente, y por lo que toca al profesorado, la regulación propuesta tiene dos líneas maestras. De un lado, se mantiene la penenización de la universidad: la mitad del profesorado no tiene por qué ser funcionario y, como los no funcionarios son más baratos y prescindibles, no lo será. Planea la sombra de la congelación de plazas sobre la universidad. Del otro lado, entre el propósito de establecer un sistema de habilitación a la alemana y el de volver al sistema de oposición nacional previo a la LRU (ministerio y partido respectivamente, si mis noticias son correctas) surge un sistema híbrido que tiene la rara virtud de reunir todas las pegas. Las del sistema actual (hay que concursar a cada plaza), las del sistema pre-LRU (son sólo los patrones de cada área los que juzgan la habilitación) y otras propias: la habilitación caduca a los dos años. Se puede hacer peor, pero para ello hay que ponerle imaginación al asunto. ¡Ah! y se mantienen cuatro cuerpos de funcionarios distintos que hacen exactamente lo mismo en los mismos sitios. Lo que no deja de ser lógico, pues, como señala Vicent Franch, si no fuere así ¿cómo iba la universidad a estar gobernada por un colectivo formado por el seis por ciento de los profesores? Lo que desde luego no hace es atentar contra la autonomía de la universidad, que no toca bola en la cuestión en el régimen actual, y tendría una parte, bien que menor, en el que se propone.

Si a ello unimos que el anteproyecto mantiene y aun refuerza el actual control central sobre los planes de estudio -justamente criticado en el Informe Bricall-, que deja en el limbo cuestiones que ahora están en él, como el profesorado de las universidades privadas, o que bendice alcaldadas como la creación de universidades al margen del ordenamiento, hay motivos para no ser optimista. Unas cosas por otras, no parece que el primer paso de la reforma vaya en el sentido debido. La reforme de l'Université est mal partie.

Para ese viaje no hace falta tanta alforja, sólo de humo repleta -en buena medida es lo que pasa hoy-, de lo que se trata es de cambiar unos poderes fácticos por otros. Que a los actuales no les guste ser sustituidos es algo que entra dentro de lo esperable.

Finalmente, y por lo que toca al profesorado, la regulación propuesta tiene dos líneas maestras. De un lado, se mantiene la penenización de la universidad: la mitad del profesorado no tiene por qué ser funcionario y, como los no funcionarios son más baratos y prescindibles, no lo será. Planea la sombra de la congelación de plazas sobre la universidad. Del otro lado, entre el propósito de establecer un sistema de habilitación a la alemana y el de volver al sistema de oposición nacional previo a la LRU (ministerio y partido respectivamente, si mis noticias son correctas) surge un sistema híbrido que tiene la rara virtud de reunir todas las pegas. Las del sistema actual (hay que concursar a cada plaza), las del sistema pre-LRU (son sólo los patrones de cada área los que juzgan la habilitación) y otras propias: la habilitación caduca a los dos años. Se puede hacer peor, pero para ello hay que ponerle imaginación al asunto. ¡Ah! y se mantienen cuatro cuerpos de funcionarios distintos que hacen exactamente lo mismo en los mismos sitios. Lo que no deja de ser lógico, pues, como señala Vicent Franch, si no fuere así ¿cómo iba la universidad a estar gobernada por un colectivo formado por el seis por ciento de los profesores? Lo que desde luego no hace es atentar contra la autonomía de la universidad, que no toca bola en la cuestión en el régimen actual, y tendría una parte, bien que menor, en el que se propone.

Si a ello unimos que el anteproyecto mantiene y aun refuerza el actual control central sobre los planes de estudio -justamente criticado en el Informe Bricall-, que deja en el limbo cuestiones que ahora están en él, como el profesorado de las universidades privadas, o que bendice alcaldadas como la creación de universidades al margen del ordenamiento, hay motivos para no ser optimista. Unas cosas por otras, no parece que el primer paso de la reforma vaya en el sentido debido. La reforme de l'Université est mal partie.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.