La justicia chilena suspende el proceso a Pinochet por demencia senil
La Corte de Apelaciones dicta el sobreseimiento del ex dictador por la 'caravana de la muerte'
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ayer, por dos votos contra uno, sobreseer temporalmente al ex dictador Augusto Pinochet, procesado como encubridor por los 75 crímenes cometidos en la caravana de la muerte en 1973, mientras se encuentre afectado por demencia vascular, admitiendo un recurso presentado por su defensa. Aunque los querellantes van a recurrir, el fallo entierra el esfuerzo de parte de la sociedad chilena para juzgar a Pinochet, quien quedará ante la historia como un procesado por homicidios y secuestros que logró impunidad por su locura. Con esta resolución, el magistrado Juan Guzmán, que previamente había rechazado cerrar el caso, queda impedido de seguir investigando sobre la responsabilidad penal del ex dictador.
Tal como ocurrió en Londres, cuando en marzo de 2000 el ex ministro del Interior Jack Straw lo liberó por razones de salud y permitió su regreso a Chile después de 503 días de arresto, nuevamente la condición mental de Pinochet se interpone en el camino de la justicia.
El cierre del caso Pinochet, 11 meses después de que la Corte Suprema le quitara su fuero parlamentario de senador vitalicio por una contundente votación de 14 contra 6, es una salida útil para el Gobierno, porque se cierra el principal foco de tensiones con las Fuerzas Armadas, al tiempo que el ex dictador queda para siempre marcado con el estigma de procesado. También es una fórmula aceptable para los jefes militares, quienes deseaban una resolución de este tipo como el mal menor entre los escenarios posibles. Quienes sí quedaron disconformes y hasta molestos fueron las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los parientes de las víctimas.
El fallo de la Corte, de 36 folios, dictado después de que el fin de semana circularan rumores sobre la muerte de Pinochet, establece en su voto de mayoría, de los jueces Cornelio Villarroel, presidente de la Sexta Sala, y Amanda Valdovinos: 'La evaluación neurológica, psiquiátrica y neuropsicológica ha permitido sustentar en él una demencia subcortical de orden vascular de grado moderado, que se trata de una demencia vascular con déficit cognoscitivo debido a las lesiones cerebrales de carácter permanente, irrecuperables y progresivas'.
El fallo agrega: 'No cabe sino concluir que Pinochet se encuentra en la situación a la que se refiere el artículo 409, número 3, del Código de Procedimiento Penal y que en consecuencia se dicte sobreseimiento temporal'. Este artículo, a su vez, sostiene: 'Se dará lugar al sobreseimiento temporal cuando el procesado caiga en demencia o locura y mientras ésta dure'.
Según la resolución, los magistrados consideran suficiente como prueba de la demencia senil los exámenes médicos practicados en enero al ex dictador y explican que definen esta dolencia según la ciencia médica. 'Pinochet no se encuentra en una condición de capacidad mental que le permita ejercer con eficacia los derechos que le otorgan las garantías judiciales de las que debe gozar en todas las etapas del procedimiento del debido proceso', sostienen los jueces para acoger la petición de la defensa y suspender 'el procedimiento y realización de los trámites que se hallaren pendientes hasta que cese el inconveniente legal que ha detenido la prosecución del juicio' del ex dictador, pero añaden explícitamente que éste debe continuar respecto de los otros procesados o inculpados.
De las más de 250 querellas que afronta Pinochet en la justicia, donde más demostrada queda su responsabilidad directa es en la que afecta a los crímenes de la caravana de la muerte. En octubre de 1973, un mes después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, el ex dictador envió una comitiva militar al mando del general Sergio Arellano a recorrer las guarniciones del país para, supuestamente, agilizar los procesos contra los prisioneros políticos izquierdistas. La caravana recorrió 16 ciudades del norte y del sur del país y, pasando por encima de jefes de guarniciones, ejecutó a 75 prisioneros, la mayoría fusilados y algunos acuchillados y descuartizados, de los cuales 18 siguen estando hoy en condición de secuestrados y desaparecidos, ya que aún no han sido localizados sus cadáveres. El objetivo aparente de la caravana de la muerte era provocar temor entre la población y también entre los militares que se mostraban tibios en su apoyo al golpe.
Pese a que el sobreseimiento es temporal, todos lo entienden como definitivo, porque la probabilidad de que Pinochet se recupere es muy baja. Los querellantes recurrirán en queja -esto es, por vicios de forma- el fallo ante la Corte de Apelaciones por estimar que los jueces Villarroel y Valdovinos incurrieron en una falta o abuso, ya que no basta la existencia de problemas de salud para frenar el procesamiento de una persona. Eduardo Contreras, uno de los abogados querellantes, sostuvo que para ser declarado loco o demente 'hay que estar privado por completo de razón', lo que no ocurre con Pinochet. Otro de los abogados acusadores, Alfonso Insunza, afirmó que el ex dictador 'está enfermo, pero su estado no es tan grave como para no enfrentar un juicio'.
Pinochet no ha sido fichado como encubridor de los crímenes de la caravana de la muerte; será ahora sometido a este trámite en ausencia. Se tomarán sus huellas dactilares y fotos disponibles en el Servicio de Registro Civil e Identificación, para incorporarlas a su ficha, por orden de Guzmán.
Guzmán abre el 'caso de la DINA'
El magistrado Juan Guzmán, un hombre conservador y sensible, que saltó abruptamente a la fama cuando la Corte Suprema lo designó como juez del caso caravana de la muerte, por el fuero parlamentario de Augusto Pinochet, recibió ayer con calma un fallo que esperaba, y dictó una resolución sorpresiva que lo deja como el juez que investigará al mayor aparato represivo del régimen militar, la DINA, la policía política que dependía directamente del ex dictador. Guzmán sometió a proceso a cinco ex miembros de la DINA -entre ellos su jefe, el general Manuel Contreras, el coronel Marcelo Moren, el brigadier Miguel Krassnoff- todos ellos retirados del Ejército, y a dos ex agentes, Osvaldo Romo y Basclay Zapata, como presuntos responsables de secuestro calificado, homicidio y asociación ilícita por los crímenes de 12 detenidos dados por desaparecidos en el campamento de prisioneros de Villa Grimaldi. Los cuatro últimos han sido identificados por ex detenidos como autores de torturas salvajes y sádicas.Abogados defensores de los derechos humanos resaltaron que por primera vez un juez configura el delito de 'asociación ilícita' de la DINA, lo que abre la puerta para investigar todos los delitos que cometió este organismo. 'Por primera vez en la historia se ha configurado que la DINA era una asociación ilícita, lo que permitirá investigar a todos sus ex agentes', afirmó el abogado Alfonso Insunza. Según el dictamen, la DINA 'era un servicio de inteligencia del Gobierno, por lo que tenía una mayor capacidad de acción centralizada, recursos económicos y medios estatales. En la práctica se trató de un organismo secreto que actuó por encima de la ley'.
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