El Gobierno ofrece compensar a los taurinos para evitar la huelga

Las declaraciones de Mariano Rajoy, efectuadas al término de una conferencia en El Escorial (Madrid), supusieron un revulsivo para un conflicto que amenzaba con enconarse. En apoyo de Rajoy salió también el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien se mostró optimista respecto al encuentro de mañana.

Esta invitación al diálogo fue rápidamente respondida por Jaime Sebastián de Erice, portavoz de la comisión taurina que mañana se reunirá en Agricultura. 'Lo importante es la declaración de intenciones. Cualquier medida que ayude a restablecer el nivel de actividad taurina que existía antes del 1 de julio será apoyada por nosotros', afirmó. En su opinión, 'el talante negociador de las palabras, de momento, es suficiente. No queremos prejuzgar ni condicionar nada'.

El ganadero Victorino Martín se mostraba, sin embargo, algo menos conciliador: 'Son unos incautos, además de tontos. No se trata de compensar o no la incineración. Se trata de ser sensatos y hacer lo mismo que están haciendo los franceses: comerse la carne'. Según el ganadero, todo el problema suscitado es falso. 'No hay el más mínimo sentido común en todo esto. Si se tiene que congelar la carne, hágase; si se tiene que usar una pistola para sacrificar a la res, pues adelante. Todo menos la incineración'.

Otra fuente del sector taurino, que prefiere no identificarse por no interferir en las declaraciones del oficialmente portavoz, pone el acento en la poca ambición de las palabras del vicepresidente. 'Vemos que hay voluntad de acuerdo y eso es bueno. Ahora bien, si sólo se habla de las 56.000 pesetas por los gastos de incineración, la propuesta es claramente corta'. Hasta el momento, la Administración corría con los gastos de incineración más -y esto es lo reclamado también ahora- una compensación por la carne que no accedía al mercado. 'De pagar esto último se encargaba el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a un precio aproximado (oscilaba de una semana a otra) de 330 pesetas el kilo de carne', puntualiza el mismo interlocutor. Del transporte de las reses hasta los hornos se encargaba el ganadero.

Prohibición cautelarEl eje de la polémica radica en una orden ministerial, en vigor desde el 1 de julio y firmada por la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, a instancias del Comité Especial sobre la Encefalopatía Espongiforme Bovina, organismo dependiente de Presidencia del Gobierno. El texto, cuya intención es evitar el contagio humano de la encefalopatía espongiforme, justifica la prohibición cautelar hasta el 31 de diciembre de la comercialización de la carne de reses procedentes de espectáculos taurinos en los que se practique el descabello o la puntilla, haciendo referencia a 'informes de expertos y científicos'. Dichos informes apuntan el riesgo de diseminación de material nervioso a través de los vasos sanguíneos, debido al corte próximo al bulbo raquídeo que provocan los instrumentos de descabello y puntilla, instrumentos que están prohibidos para el sacrificio normal en los mataderos. Sanidad reiteró ayer que la orden corresponde a una recomendación del Comité sobre Encefalopatía. Antes del 1 de julio no existía la prohibición de vender carne de lidia, simplemente no se vendía porque los ganaderos habían llegado a un acuerdo con el Gobierno por el que recibían una compensación económica por cada res incinerada. La mayor parte de ese pago provenía de un programa europeo destinado a financiar la incineración, cancelado el 1 de julio.

La orden europea de aplicar el test priónico a todas las reses suprimió la posibilidad de incinerarlas a cambio de una compensación económica. La subvención sólo llegará ahora a las reses que den positivo en el test; las que den negativo podrán comercializarse, salvo en el caso de los toros sacrificados por puntilla o descabello, cuya venta se prohíbe siempre.

El director del Centro Nacional de Referencia de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Animales, Juan José Badiola, considera que Sanidad, aplicando el principio de precaución, teme que en el tejido nervioso que puede filtrarse tras el traumatismo de la puntilla haya priones en una cantidad lo bastante pequeña como para estar en fase preclínica y no ser detectada por los tests. Añade que tal vez el ministerio sospeche que muchas plazas pequeñas no ofrezcan garantías suficientes de eliminación del material específico de riesgo (MER), de congelación de las reses muertas o para transportar las reses a un matadero para el sacrificio. Badiola iniciará la próxima semana un estudio para averiguar si el riesgo de embolia que existe al sacrificar con puntilla a las reses en el matadero se reproduce al matar a los toros en la plaza, donde son sacrificados 'en una postura diferente'. El estudio, encargado por el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Ganaderos Taurinos, analizará muestras de unas 300 reses, seleccionadas en 100 de las 17.000 corridas que se celebrarán este año en España. Los resultados se esperan para noviembre.

La orden sobre el sacrificio de las vacas locas que el Gobierno aprobará en los próximos días cambiará, con condiciones, la legislación actual, que obliga aún a sacrificar toda la ganadería cuando se encuentre en ella una res afectada por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). La nueva orden, redactada a imitación de la experiencia acumulada por otros países europeos, sustituye el sacrificio total por el sacrificio selectivo. Esto significa que únicamente serán sacrificadas las reses que tengan la misma edad que la res en la que se detecte la EEB, más las nacidas 12 meses antes o 12 meses después, así como sus descendientes.