Mutilar a las mujeres

La mutilación de los órganos genitales femeninos, en sus diversas modalidades, se practica en 28 países africanos. En el caso de Somalia, Djibuti y Sudán, la infibulación (excisión total o parcial de los genitales externos y costura de los dos labios mayores, dejando un pequeñísimo orificio) afecta a la casi totalidad de la población femenina. Esta misma práctica se extiende al Egipto meridional, la Costa etíope del mar Rojo, Kenia septentrional, la zona norte de Nigeria y algunas zonas de Malí.

Fuera del continente africano, la excisión (extirpación del prepucio del clítoris y de los labios internos) se practica en Omán, Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y en algunas localidades de Indonesia y de Malaisia.

El mensaje debe llegar claro a las comunidades de inmigrantes donde se practica

El número de mujeres y niñas mutiladas en el mundo gira en torno a los 100 o 130 millones: cada año, cerca de 2 millones de niñas y jóvenes corren el riesgo de ser mutiladas. Recientemente se ha descubierto que la mutilación de los genitales femeninos se viene practicando también en algunas comunidades de inmigrantes africanos en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La mutilación sexual femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos y es, además, un brutal acto de violencia que afecta directamente a la integridad física y psicológica de las mujeres. Sin duda, tal como establece el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes constituye un trato 'inhumano y degradante'.

La costumbre de extirpar total o parcialmente los órganos sexuales femeninos hunde sus raíces en una concepción totalmente desfasada y radicalmente injusta del lugar que corresponde a las mujeres en una comunidad. En estas estructuras sociales que se fundan en desequilibradas relaciones de poder y en la desigualdad entre los sexos, las mujeres ocupan una posición de inferioridad mientras que los hombres ejercen una función de dominio sobre la sexualidad, la autonomía y la vida de éstas. La mujer, según un arcaico concepto patriarcal, sería la depositaria del honor familiar, lo que explicaría los prejuicios sobre su promiscuidad y la necesidad de control sobre sus cuerpos. La presión social y familiar que sufren las niñas es de tal magnitud que la mayoría ni siquiera concibe poder negarse a sufrir la mutilación. Las que lo intentan son marginadas, rechazadas y aisladas de su grupo. En la mayoría de los casos, la escasa o nula formación e información acerca de su sexualidad hace a las víctimas completamente ignorantes de la verdadera magnitud del trauma que van a padecer. Tan sólo conocen las consecuencias físicas de la mutilación y semejante vejación 'siempre ha existido para las mujeres'.

Cuando no produce la muerte por hemorragia o por infecciones derivadas -por ejemplo, la transmisión del VIH o el contagio de la hepatitis C provocados por la utilización del mismo instrumental para múltiples operaciones sin la debida esterilización-, la mutilación de los genitales femeninos deja secuelas irreversibles tales como esterilidad, lesiones de los tejidos adyacentes, lesiones renales, quistes, cálculos, frigidez, depresión, ansiedad, psicosis... y graves problemas durante las menstruaciones, las micciones, el coito, el embarazo y el parto.

El hecho de que las mutilaciones sexuales sean una práctica tradicional en algunos países de los que son originarios los inmigrantes en los países de la Unión Europea no puede, en ningún caso, servir de justificación para no prevenir, perseguir y castigar semejante brutalidad.

¿Acaso aceptaríamos la amputación de la mano del ladrón o la lapidación de las mujeres en caso de adulterio en la Unión Europea? No todas las costumbres y tradiciones han de merecer nuestro 'respeto'. Es fundamental distinguir entre la tolerancia o la defensa de las tradiciones y culturas y la ceguera ante actitudes y costumbres próximas a la tortura que vulneran la integridad y dignidad de las personas. Una difusa 'mala conciencia' occidental y el temor a manifestar una opinión negativa hacia una práctica propia de algunos grupos de inmigrantes de países antiguamente colonizados suscitan en nuestros países una actitud demasiado pasiva ante un hecho a todas luces condenable. Esa pasividad contribuye a legitimar la mutilación sexual y deja en la indefensión a las víctimas. La defensa de la tradición debe encontrar su límite en el respeto a los derechos fundamentales.

El silencio es el mejor aliado de esta terrible práctica que produce millones de víctimas en todo el mundo. Por eso hay que romperlo y empezar a escuchar la voz de muchas víctimas que tanto en Europa como en los países en los que se practica están denunciando las mutilaciones sexuales. Desde el Parlamento Europeo podemos y debemos contribuir a esa tarea dando la palabra a las mujeres que luchan por su libertad y dignidad.

Resulta alentador que en muchos países africanos se hayan organizado grupos, ONG y asociaciones que luchan por la abolición de esta costumbre. Muchos gobiernos (Etiopía, Djibuti, Ghana, Guinea, Uganda, Senegal, Tanzania, Togo, Burkina Faso, República Centroafricana, Costa de Marfil, Egipto) han legislado contra las mutilaciones genitales femeninas e intentan erradicarlas. En Guinea Conakry, un año después de la aprobación de la ley contra las mutilaciones genitales femeninas, el 10 de mayo de 2001, las 'excisoras' han abandonado, en el curso de una ceremonia pública y muy simbólica, sus cuchillos. También en los países de la Unión Europea existen redes y organizaciones que trabajan con las comunidades en las que se realizan estas prácticas para informar, mediar y tratar de prevenir el riesgo que corren, sobre todo las niñas, de sufrir algún tipo de mutilación genital. Sin duda, es necesario apoyar y financiar estos esfuerzos.

Es obligación del Estado de derecho velar por el respeto a los derechos individuales y perseguir aquellas actitudes que los vulneren. Para ello será necesario no sólo legislar para colmar las lagunas en la materia y perseguir adecuadamente el delito (adoptando un tipo penal específico y contemplando su extraterritorialidad), sino, también y en paralelo, desplegar una estrategia integral de educac+ión, formación, apoyo sociosanitario, desarrollo de los mecanismos jurídicos y administrativos y movilización de recursos que permitan ir erradicando la práctica de la mutilación genital femenina.

La Unión Europea y los Estados miembros han de comprometerse firmemente en la defensa de las potenciales víctimas de este delito, amparándolas y protegiéndolas. Las mujeres y niñas son perseguidas para ser mutiladas por razón de su sexo. Y ello ha de ser una de las causas más claras para ser acogidas en nuestros países. Para lograr algún avance en la tarea de erradicar las mutilaciones genitales femeninas es necesario que el mensaje llegue de forma clara a las comunidades de inmigrantes en las que se practica. Los países de acogida deben informar a la población inmigrante para que conozca cuáles son las 'reglas' que nuestros ordenamientos jurídicos legítimamente exigen cumplir a todos los ciudadanos. La cooperación con las personas integrantes de esos grupos y que están dispuestas a transmitir en positivo la prohibición de las mutilaciones sexuales es una garantía de éxito.

Muchas mujeres serán mutiladas en los próximos años y algunas de ellas lo serán dentro de nuestras fronteras. Debemos impedirlo. Pero también será necesario movilizar esfuerzos políticos, diplomáticos y económicos para trabajar en los países de origen, donde se producen la mayor parte de las mutilaciones.

En nombre de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, es urgente defender a las mujeres de los ataques del relativismo cultural más radical, que considera la tradición y la cultura como única fuente legitimadora del derecho. Esa tradición y 'cultura' que ha mantenido siempre a las mujeres sometidas, subordinadas e indefensas en prácticamente todas las civilizaciones, ha evolucionado y deberá seguir haciéndolo en aras de la igualdad, la libertad y la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho.La mutilación de los órganos genitales femeninos, en sus diversas modalidades, se practica en 28 países africanos. En el caso de Somalia, Djibuti y Sudán, la infibulación (excisión total o parcial de los genitales externos y costura de los dos labios mayores, dejando un pequeñísimo orificio) afecta a la casi totalidad de la población femenina. Esta misma práctica se extiende al Egipto meridional, la Costa etíope del mar Rojo, Kenia septentrional, la zona norte de Nigeria y algunas zonas de Malí.

Fuera del continente africano, la excisión (extirpación del prepucio del clítoris y de los labios internos) se practica en Omán, Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y en algunas localidades de Indonesia y de Malaisia.

El número de mujeres y niñas mutiladas en el mundo gira en torno a los 100 o 130 millones: cada año, cerca de 2 millones de niñas y jóvenes corren el riesgo de ser mutiladas. Recientemente se ha descubierto que la mutilación de los genitales femeninos se viene practicando también en algunas comunidades de inmigrantes africanos en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La mutilación sexual femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos y es, además, un brutal acto de violencia que afecta directamente a la integridad física y psicológica de las mujeres. Sin duda, tal como establece el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la mutilación de los órganos genitales de las niñas y las jóvenes constituye un trato 'inhumano y degradante'.

La costumbre de extirpar total o parcialmente los órganos sexuales femeninos hunde sus raíces en una concepción totalmente desfasada y radicalmente injusta del lugar que corresponde a las mujeres en una comunidad. En estas estructuras sociales que se fundan en desequilibradas relaciones de poder y en la desigualdad entre los sexos, las mujeres ocupan una posición de inferioridad mientras que los hombres ejercen una función de dominio sobre la sexualidad, la autonomía y la vida de éstas. La mujer, según un arcaico concepto patriarcal, sería la depositaria del honor familiar, lo que explicaría los prejuicios sobre su promiscuidad y la necesidad de control sobre sus cuerpos. La presión social y familiar que sufren las niñas es de tal magnitud que la mayoría ni siquiera concibe poder negarse a sufrir la mutilación. Las que lo intentan son marginadas, rechazadas y aisladas de su grupo. En la mayoría de los casos, la escasa o nula formación e información acerca de su sexualidad hace a las víctimas completamente ignorantes de la verdadera magnitud del trauma que van a padecer. Tan sólo conocen las consecuencias físicas de la mutilación y semejante vejación 'siempre ha existido para las mujeres'.

Cuando no produce la muerte por hemorragia o por infecciones derivadas -por ejemplo, la transmisión del VIH o el contagio de la hepatitis C provocados por la utilización del mismo instrumental para múltiples operaciones sin la debida esterilización-, la mutilación de los genitales femeninos deja secuelas irreversibles tales como esterilidad, lesiones de los tejidos adyacentes, lesiones renales, quistes, cálculos, frigidez, depresión, ansiedad, psicosis... y graves problemas durante las menstruaciones, las micciones, el coito, el embarazo y el parto.

El hecho de que las mutilaciones sexuales sean una práctica tradicional en algunos países de los que son originarios los inmigrantes en los países de la Unión Europea no puede, en ningún caso, servir de justificación para no prevenir, perseguir y castigar semejante brutalidad.

¿Acaso aceptaríamos la amputación de la mano del ladrón o la lapidación de las mujeres en caso de adulterio en la Unión Europea? No todas las costumbres y tradiciones han de merecer nuestro 'respeto'. Es fundamental distinguir entre la tolerancia o la defensa de las tradiciones y culturas y la ceguera ante actitudes y costumbres próximas a la tortura que vulneran la integridad y dignidad de las personas. Una difusa 'mala conciencia' occidental y el temor a manifestar una opinión negativa hacia una práctica propia de algunos grupos de inmigrantes de países antiguamente colonizados suscitan en nuestros países una actitud demasiado pasiva ante un hecho a todas luces condenable. Esa pasividad contribuye a legitimar la mutilación sexual y deja en la indefensión a las víctimas. La defensa de la tradición debe encontrar su límite en el respeto a los derechos fundamentales.

El silencio es el mejor aliado de esta terrible práctica que produce millones de víctimas en todo el mundo. Por eso hay que romperlo y empezar a escuchar la voz de muchas víctimas que tanto en Europa como en los países en los que se practica están denunciando las mutilaciones sexuales. Desde el Parlamento Europeo podemos y debemos contribuir a esa tarea dando la palabra a las mujeres que luchan por su libertad y dignidad.

Resulta alentador que en muchos países africanos se hayan organizado grupos, ONG y asociaciones que luchan por la abolición de esta costumbre. Muchos gobiernos (Etiopía, Djibuti, Ghana, Guinea, Uganda, Senegal, Tanzania, Togo, Burkina Faso, República Centroafricana, Costa de Marfil, Egipto) han legislado contra las mutilaciones genitales femeninas e intentan erradicarlas. En Guinea Conakry, un año después de la aprobación de la ley contra las mutilaciones genitales femeninas, el 10 de mayo de 2001, las 'excisoras' han abandonado, en el curso de una ceremonia pública y muy simbólica, sus cuchillos. También en los países de la Unión Europea existen redes y organizaciones que trabajan con las comunidades en las que se realizan estas prácticas para informar, mediar y tratar de prevenir el riesgo que corren, sobre todo las niñas, de sufrir algún tipo de mutilación genital. Sin duda, es necesario apoyar y financiar estos esfuerzos.

Es obligación del Estado de derecho velar por el respeto a los derechos individuales y perseguir aquellas actitudes que los vulneren. Para ello será necesario no sólo legislar para colmar las lagunas en la materia y perseguir adecuadamente el delito (adoptando un tipo penal específico y contemplando su extraterritorialidad), sino, también y en paralelo, desplegar una estrategia integral de educac+ión, formación, apoyo sociosanitario, desarrollo de los mecanismos jurídicos y administrativos y movilización de recursos que permitan ir erradicando la práctica de la mutilación genital femenina.

La Unión Europea y los Estados miembros han de comprometerse firmemente en la defensa de las potenciales víctimas de este delito, amparándolas y protegiéndolas. Las mujeres y niñas son perseguidas para ser mutiladas por razón de su sexo. Y ello ha de ser una de las causas más claras para ser acogidas en nuestros países. Para lograr algún avance en la tarea de erradicar las mutilaciones genitales femeninas es necesario que el mensaje llegue de forma clara a las comunidades de inmigrantes en las que se practica. Los países de acogida deben informar a la población inmigrante para que conozca cuáles son las 'reglas' que nuestros ordenamientos jurídicos legítimamente exigen cumplir a todos los ciudadanos. La cooperación con las personas integrantes de esos grupos y que están dispuestas a transmitir en positivo la prohibición de las mutilaciones sexuales es una garantía de éxito.

Muchas mujeres serán mutiladas en los próximos años y algunas de ellas lo serán dentro de nuestras fronteras. Debemos impedirlo. Pero también será necesario movilizar esfuerzos políticos, diplomáticos y económicos para trabajar en los países de origen, donde se producen la mayor parte de las mutilaciones.

En nombre de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, es urgente defender a las mujeres de los ataques del relativismo cultural más radical, que considera la tradición y la cultura como única fuente legitimadora del derecho. Esa tradición y 'cultura' que ha mantenido siempre a las mujeres sometidas, subordinadas e indefensas en prácticamente todas las civilizaciones, ha evolucionado y deberá seguir haciéndolo en aras de la igualdad, la libertad y la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho.

Elena Valenciano Martínez-Orozco es eurodiputada del Grupo Socialista Europeo. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.