Múltiples formas para evitar ser repatriado

¿Por qué el Gobierno central no expulsa a los subsaharianos sin papeles de Barcelona? La Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, son muy claros respecto a la situación de los inmigrantes que pueden demostrar su procedencia, pero no sobre aquellos que carecen de documentación que acredite su nacionalidad. En estos casos, las normas legales son extremadamente ambiguas.

Esta contradicción o vacío legal permite a los extranjeros que entren ilegalmente en España burlar a la Administración. Muchos inmigrantes conocen estas argucias. Algunos dicen proceder de un país en guerra, como los 200 subsaharianos de Barcelona, que afirman ser de Sierra Leona, país que se encuentra sumido en un conflicto bélico desde 1991. En estos casos, el Gobierno central puede concederles el permiso de residencia temporal por razones humanitarias, pues existe la posibilidad de concederles el estatuto de refugiado, según prevé la ley y el posterior reglamento.

Otros extranjeros, en cambio, entran en España sin ningún tipo de documentación, lo que impide a la Administración certificar su nacionalidad. Se les considera apátridas. De esta manera, el Gobierno no puede repatriarles, porque ningún país les aceptará como ciudadanos propios. Por ejemplo, el pasado 11 de julio, la policía detuvo en Lleida a 12 magrebíes. Mientras dos de ellos fueron puestos en libertad porque carecían de pasaporte, cuatro ya han sido expulsados a Argelia y otros tantos permanecen detenidos pendientes de su repatriación porque sí poseen documentación. La repatriación de cualquier inmigrante irregular está supeditada a que el Estado español haya suscrito un convenio bilateral con el país de origen del extranjero o que el Gobierno negocie su expulsión.

Asilo político

Un tercer motivo al que recurren algunos extranjeros es solicitar el asilo político en España. Muchos cubanos lo utilizan como alegato al llegar al aeropuerto de Barajas tras pasar el control de pasaportes policial con un visado de turista. En estos casos, se paraliza todo proceso de expulsión hasta que el Gobierno decide si se le concede o rechaza esta condición. Alguno de los subsaharianos de Barcelona también han solicitado el status de refugiado, para así suspender los trámites administrativos.

La Ley de Extranjería establece que los extranjeros que hayan entrado en España de forma ilegal y vayan a ser expulsados pasen detenidos esa espera en centros de internamiento, cuya competencia es del Ministerio del Interior. La ley estipula que el internamiento no puede superar los 40 días. En muchas ocasiones, la administración tiene que soltarlos debido al colapso que sufren estos centros e incluso al cumplimiento del plazo.