Contra los 'cuervos', competencia

Comprar un inmueble en una subasta dejará de ser, o al menos eso parece, una oportunidad reservada a cuervos y otros privilegiados. Si el escenario que describen los defensores de la privatización de la gestión de las subastas judiciales se cumple, el gran público tendrá acceso a las ofertas que devienen de la morosidad de otros como si de objetos de segunda mano u oportunidades suculentas se tratara, con catálogo a color e instrucciones para neófitos incluidos. Esta revolución en el hermético arte de la puja se deriva de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La vasta relación de artículos que ha trastocado la práctica jurídica -no en vano la LEC sustituía a una norma centenaria en su aplicación- llega ahora a un suculento negocio en el que entran empresas nacidas hace seis años y especialistas en eso de acercar al gran público algo que antes no lo estaba. Será el próximo 3 de octubre cuando 37 lotes compuestos por viviendas, locales y garajes de deudores valencianos se ofrezcan en pública subasta de manera que se evitarán las ocultas maniobras de los subasteros profesionales.

El decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, se ha convertido en impulsor de una nueva gestión que 'destierre la venta barata de un inmueble comprado con mucho esfuerzo y que no consigue liquidar una deuda en un mal momento de la vida'. De Rosa, que ha logrado así cumplir uno de sus particulares compromisos contraído cuando pasara de juez de instrucción a decano, está convencido de lo histórico de la jornada del próximo día 3. Será entonces cuando dos empresas, casualmente las mismas que participaron en la prueba piloto que hace un año se realizara sobre este particular en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, obtengan los primeros beneficios de gestionar una parte de la ejecución de un proceso judicial. La portavoz de Gesinar Servicios Inmobiliarios -compañía que se autodefine como especialista en la prestación de servicios inmobiliarios y que asegura apostar desde hace cuatro años por las subastas inmobiliarias como una fórmula de comercialización diferente, eficaz y transparente- y European Estates -creada en 1996 por la consultora Ernst & Young y Allsop & Co.- se colocan en la parrilla de salida de la concentración de la privatización de las subastas judiciales. 'La externalización de este servicio debe servir -dijo ayer De Rosa- para que las oficinas judiciales se dediquen a lo que realmente es su función'.

Esta nueva práctica sufre un vacío legal como reconocen los propios promotores: la ausencia de una normativa que permita la selección de las empresas que gestionen las subastas. En consecuencia, urge que el Consejo General del Poder Judicial tenga más sensibilidad y arbitre una fórmula. Pero mientras tanto se concreta a partir de los acuerdos entre las entidades acreedoras y las empresas gestoras -cuya elección se valida como trámite por la autoridad judicial-. De Rosa asegura que el coste para la justicia es cero. Las empresas no desvelan sus porcentajes, e incluso se muestran tan interesadas en el sentido público del servicio que asumen que deben ir a la baja en sus comisiones. Y el ciudadano interesado podrá informarse a través de varios 902, que no son gratuitos, o acceder a través de Internet.