Sin refugio

El ataque terrorista contra Estados Unidos desplazó ayer a segundo término los problemas de la justicia española en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey. El concepto de justicia universal referido a estos terribles hechos estuvo presente en los discursos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Javier Delgado, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para hacer posible que sus autores 'sean perseguidos a lo largo y ancho del mundo de manera que no encuentren en él refugio seguro'. También el rey Juan Carlos apuntó en el mismo sentido al señalar que 'la apertura de nuevas fórmulas de cooperación judicial entre las naciones democráticas nos ofrece vías inéditas de actuación que han de garantizar la efectiva puesta a disposición de la justicia de los terroristas'.

Sin duda, el principio de justicia universal, aplicable a los delitos contra la humanidad, sea cual sea el territorio en que se cometen y la procedencia y rango de sus autores, ha salido reforzado tras el brutal e indiscriminado ataque terrorista contra EE UU. La cooperación policial, la ayuda mutua judicial, la simplificación de los trámites de entrega de los supuestos culpables y, por encima de todo, el reconocimiento de que ningún principio de territorialidad judicial ni ninguna vindicación de soberanía estatal pueden amparar la impunidad de crímenes contra la humanidad no constituyen en modo alguno desviaciones del Estado de derecho, sino medidas de legítima defensa de las sociedades democráticas frente a quienes pretenden destruirlas. Es importante que el presidente del Supremo y el fiscal general del Estado hayan avalado la necesidad de una cooperación judicial a escala mundial, sobre todo por parte del último, que la cuestionó en el caso Pinochet y en la persecución de los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur.

Pero no por ello han desaparecido los problemas domésticos de la justicia española. Un año más, la Administración judicial sigue a la espera de que el Parlamento legisle reformas en profundidad y que el Gobierno las ponga en práctica. El pacto sobre la justicia, aprobado hace cuatro meses por los dos grandes partidos de ámbito nacional con gran parafernalia propagandística, sigue inédito. Y el primer punto de su ejecución, la renovación del Consejo del Poder Judicial, se ha incumplido después de haber forzado a los jueces a proponer candidatos por vía de urgencia. La presencia en la apertura del año judicial de un presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial en situación de prórroga de su mandato es prueba visible de ello. Pero más grave aún es constatar que ninguna de las iniciativas concretas contempladas en el pacto para la mejora de la organización judicial ha sido siquiera puesta en marcha. Los problemas crónicos de la justicia como servicio público al ciudadano (escasez de medios, acumulación de asuntos y lentitud de funcionamiento) siguen sin abordarse en serio. Al todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sólo le cupo confiar en un pronto y pleno desarrollo del pacto.