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Economía propone paralizar durante un año la concesión de licencias a grandes superficies

Álvarez plantea la 'moratoria' para culminar la modificación de la Ley de Comercio Interior

Alejandro Bolaños

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, anunció ayer que planteará al Consejo de Gobierno una 'moratoria' de un año en la concesión de licencias a grandes superficies comerciales. Álvarez explicó que la medida pretende dar tiempo al Parlamento andaluz para que discuta una modificación de la Ley de Comercio Interior que 'está consensuada ya' con los agentes sociales. 'La decisión se ha tomado con ánimo de dar tranquilidad al sector', aseguró la consejera, quien también indicó que así se evitarán 'posibles presiones' en la concesión de licencias mientras 'se pone en funcionamiento la nueva normativa'.

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Puerto Triana, en 2003

Las modificaciones de la Ley de Comercio Interior, que ya están siendo analizadas por los servicios jurídicos de la Junta, afectan a la regulación de las grandes superficies comerciales (aquellas con un espacio de venta superior a 2.500 metros cuadrados) y al régimen sancionador que incluye la ley vigente, aprobada en 1996. Álvarez, ante la próxima tramitación parlamentaria de estas modificaciones, ha decidido congelar un año la concesión de las licencias a grandes superficies y evitar de esta manera que las multinacionales del sector presionen para que sus solicitudes sean analizadas por Economía -cuyo informe es vinculante para los Ayuntamientos, que otorgan las licencias de apertura-, antes de que entren en vigor los cambios en la normativa.

'Vamos a proponer una moratoria de un año para que durante ese plazo no se otorguen licencias de apertura para la instalación, ampliación o traslado de grandes superficies', recalcó Álvarez en la Comisión de Economía del Parlamento andaluz. La propuesta de moratoria será analizada por el Consejo de Gobierno la próxima semana, que la remitirá al Parlamento andaluz para que sea aprobada antes de final de año.

Sobre las modificaciones de la Ley de Comercio Interior, Álvarez indicó que ya están 'redactadas y consensuadas' con los sindicatos y la patronal y adelantó que los cambios adaptarán la ley ante el incremento de la 'presión para la transformación del comercio' que se ha producido en los últimos cuatro años.

Álvarez matizó que la instalación de nuevas grandes superficies en la región no se ha incrementado de un modo 'exagerado'. Eso sí, subrayó que su departamento recibe cada vez más solicitudes: si en 1998 Economía analizó diez propuestas, este año se ha tenido que pronunciar sobre 22. En todo caso, la consejera de Economía recordó que su departamento ha dado el visto bueno a 20 solicitudes en los últimos cuatro años, un 27,7% de las propuestas presentadas.

'Me alegro de que la Junta haya decidido imponer una moratoria aunque el plazo me parece pequeño para elaborar una planificación comercial andaluza', advirtió la parlamentaria de IU, Concha Caballero, quien emplazó al Gobierno andaluz a tomar medidas contra la 'jungla comercial que se está instalando en la región, que atenaza el empleo de las pequeñas empresas'. Álvarez dijo 'compartir la preocupación' de IU sobre la situación del pequeño comercio ante la proliferación de grandes superficies. Pero volvió a negar que el crecimiento de estos comercios haya sido más intenso en Andalucía que en el resto del Estado.

La consejera de Economía expuso los datos de un informe elaborado por el Ministerio de Economía sobre grandes cadenas de alimentación (mayoritarias entre las grandes superficies) para avalar sus tesis. 'Andalucía está casi exactamente en la media nacional', indicó Álvarez. Así, en la región hay una gran superficie de alimentación por cada 120.329 habitantes, mientras que en el conjunto del Estado esta relación es de un centro por cada 120.472 habitantes. Según los datos del Ministerio de Economía, en enero de 2000 había abiertos 61 grandes superficies de alimentación en la región.

La consejera de Economía, tras la comisión parlamentaria, insistió ante los medios de comunicación que las modificaciones que planteará en la Ley de Comercio buscan 'garantizar la supervivencia y el fortalecimiento del comercio tradicional' ante el uso de las nuevas tecnologías, los cambios en las pautas de consumo o la concentración de canales de distribución y comercialización.

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